“Tengo más de 20 años de antigüedad, me encuentro despedido al igual que cuatro compañeros más", se lamenta Maximiliano Montero, uno de los cinco trabajadores separados de su puesto el 5 jueves de junio, en diálogo con Buenos Aires/12. Su relato reconstruye la secuencia que desencadenó la actual crisis laboral en la planta de Georgalos ubicada en Victoria, zona norte del conurbano bonaerense.

A 20 días del despido de cinco trabajadores en la fábrica de golosinas, el conflicto que ya incluyó un corte de un tramo de la Panamericana, continúa sin resolución. El Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria hasta el próximo lunes 30, mientras que desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA) y los sectores afectados apuntan también al marco de ajuste producto de las políticas nacional del gobierno de Milei como parte del escenario.

Sin embargo, la empresa habla de “sabotaje” por parte de los trabajadores. “Durante la semana pasada, se registraron dentro de la planta episodios incluyendo actos de sabotaje a las líneas de producción, lo que ocasionó la pérdida de turnos productivos y afectó el normal funcionamiento de la planta. La solución de los conflictos no puede lograrse mediante actos extorsivos, agresiones, sabotajes ni daños a la infraestructura de trabajo”, advirtió Georgalos en un comunicado interno.

El origen del conflicto, explican los trabajadores, se remonta a cambios en el área de chocolates: la reducción de personal por máquina y el incremento de la producción. Montero dice que, en una línea que requería seis operarios, se redujo el número a cinco y se duplicaron los ritmos. Frente a esto, la comisión interna y el sindicato promovieron paros consecutivos para los últimos días de mayo. Luego de dilaciones en una mesa de negociación suspendida por la empresa, los trabajadores recibieron los despidos.

Según Montero, el jueves 5 de junio él y otros cuatro operarios del turno mañana fueron impedidos de ingresar a planta. Asegura que la empresa los acusó de haber organizado un paro y causado perjuicios económicos comerciales. Ante esta decisión, los empleados que estaban entrando a trabajar se reunieron con la comisión interna y el gremio, y realizaron una medida de fuerza en defensa de los despedidos. La planta estuvo paralizada durante todo ese día. Posteriormente, el Ministerio de Trabajo bonaerense intervino y, en respuesta, el paro fue levantado esa misma noche, según pudo conocer este medio.

El viernes 6, los cinco operarios se presentaron para retomar sus tareas. Ingresaron, ficharon, trabajaron normalmente y hasta fueron incluidos en el cronograma de la semana siguiente. Sin embargo, al día siguiente fueron nuevamente rechazados al llegar a su turno. “Desde entonces, Georgalos se niega a darnos tareas, nos mantiene en relación de dependencia, nos paga el sueldo, pero no nos deja ingresar a planta e incumple con la conciliación” sintetiza Montero.

“Nosotros sostenemos que este despido es un caso testigo, porque la empresa quiere avanzar con la flexibilización laboral y cuando los trabajadores ejercen sus derechos, la empresa viola la constitución y los echa”, denuncia Montero. También reclama una respuesta más firme del sindicato nacional conducido por Rodolfo Daer, exigiendo un plan de lucha que respalde a los trabajadores despedidos y a quienes aún están en planta.

La postura sindical

Andrés Torres, delegado de la Agrupación Celeste y Blanca de la planta Victoria, vincula los despidos con un plan de ajuste más amplio que responde a políticas impulsadas por el gobierno nacional: “La empresa empieza a ejecutar un ajuste tremendo sobre los trabajadores, quitándoles todos estos derechos que nosotros previamente ya teníamos”.

Torres recuerda que Georgalos, tras recuperar su marca y adquirir la planta que pertenecía a Mondelez, prometió respetar condiciones laborales. Sin embargo, relata, eliminaron cajas navideñas, suspendieron trabajadores y ahora avanzaron con despidos. Acusa a la empresa de intentar adaptar sus costos al nuevo escenario económico generado por la apertura comercial: “Ellos apuntan a una flexibilización en la cual los volúmenes de producción se tienen que elevar al menor costo posible de los sueldos y con reducción de personal”. La organización dentro de la planta se sostiene con asambleas diarias. 

Daniel Ávila, miembro del Consejo Superior del STIA, dice que el problema comenzó cuando se quitó un operario de una línea de producción compuesta por tres máquinas. Esa reducción generó sobrecarga, acumulación de productos rechazados y una caída del 70 por ciento en los premios por productividad. Los trabajadores decidieron parar, pero la empresa evitó el diálogo y canceló una audiencia en el Ministerio.

“El sindicato de la alimentación para la planta, a las 22 horas se dicta conciliación obligatoria, se levanta la medida y la empresa debería retrotraer el despido, eso no pasó”, denuncia Ávila. Asegura que, tras dos intimaciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia, la empresa sigue sin permitirles el ingreso. “La parte empresarial dice que es justa causa, que es un boicot a la empresa, pero hasta que esto pasó siempre hubo la intención de dialogar”, agrega.

Según el gremio, la acusación de sabotaje fue utilizada para justificar los despidos y enviar un mensaje disciplinador. Ávila remarca que 85 trabajadores del sector participaron en las medidas, pero solo cinco fueron despedidos. 

Medidas y cortes

En paralelo al conflicto interno, los trabajadores impulsaron medidas visibles. El 11 de junio cortaron parcialmente el ramal Tigre de la Panamericana en reclamo de las reincorporaciones. Más tarde lanzaron una campaña de afiches, stickers y actividades de difusión. Este jueves habrá actividad en la puerta de la planta: una convocatoria simbólica para mantener el vínculo entre despedidos y compañeros en funciones. El lunes 30, día en que vence la conciliación obligatoria, habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo.

El conflicto en Georgalos ocurre en un momento de desarrollo y crecimiento para la empresa. Con más de 85 años de trayectoria, la firma anunció un plan de inversión de 100 millones de dólares para modernizar su planta en Córdoba y ampliar su presencia en mercados regionales. En paralelo, denuncia pérdidas por paros internos e insiste con haber sido víctima de sabotajes. También la firma aseguró haber radicado denuncias penales contra quienes considera responsables, cuyo acto, para los despedidos, se trata de un uso abusivo del derecho disciplinario para desarticular la protesta.