Dos ex directivos de Ford Motor Argentina y el ex jefe del Comando de Institutos Militares y la Zona IV, Santiago Riveros, comenzaron a ser juzgados ayer por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Ante una sala colmada por ex trabajadores que fueron secuestrados en la planta de General Pacheco, donde la empresa montó un centro de detención, se leyeron las acusaciones contra el ex gerente Pedro Müller, de 86 años, el ex jefe de seguridad, teniente coronel (R) Héctor Sibilla, de 91 años, y el ex hombre fuerte de Campo de Mayo. Igual que el ex gerente Guillermo Galárraga, que murió en 2016 con procesamiento firme, están acusados por secuestros y tormentos contra 24 trabajadores, en su mayoría ex delegados gremiales. “Ahora es una carrera contra reloj, tanto por la edad de los querellantes como de los imputados. A un ritmo de una audiencia por semana el juicio va a durar un año. Eso atenta contra la posibilidad de justicia pero es nuestro desafío”, explicó Adriana Taboada, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte.

 La sala de lesa humanidad de San Martín estuvo llena de ex trabajadores visiblemente emocionados junto a sus familias y a dirigentes de organismos como Taty Almeida y Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora. Sibilla y Muller, con arresto domiciliario, llegaron y se fueron por sus medios, sin más compañías que sus abogados. Riveros adujo un turno con el médico y fue autorizado a ausentarse por el tribunal que integran Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano (ambos subrogantes, rosarinos) y Diego Barroetaveña. El cuarto juez, Eugenio Martínez Ferrero, siguió la audiencia por videoconferencia. Por la acusación del Ministerio Público estuvieron los fiscales Jorge Auat y María Angeles Ramos. Por los querellantes, Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta. También participan las secretarías de derechos humanos bonaerense y de la Nación.

“Es el primer juicio contra civiles de Campo de Mayo, estamos frente a personas que ocuparon cargos jerárquicos en una empresa multinacional que fue utilizada como centro clandestino de detención y es muy importante haber arrancado porque llevó años de trabajo, de mucha lucha, esfuerzo y angustia llegar hasta acá”, explicó Adriana Taboada, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. “El juicio se postergó muchas veces y durante esa tremenda demora murieron la mitad de los trabajadores víctimas: doce de los 24 ya no podrán escuchar la sentencia que tanto necesitaban”, resaltó, y recordó que dos de los querellantes debieron declarar en audiencias anticipadas: Jorge Constanzo, por enfermedad, y Carlos Gareis porque está internado en un geriátrico.

Los delitos que comenzaron a ser juzgados ayer fueron denunciados en 1984 ante la Conadep y formaron parte del juicio a los ex comandantes en 1985. En 2002 el fiscal Félix Crous presentó una denuncia por los testimonios en el Juicio por la Verdad de La Plata y la causa se reabrió al año siguiente, tras la anulación de las leyes de impunidad, con la presentación del ex delegado Pedro Troiani. En 2013 la jueza Alicia Vence avanzó con indagatorias y procesamientos, y desde 2014 la causa esperaba su turno en el TOF de San Martín. La audiencia inicial duró poco más de dos horas y se limitó a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los fiscales y de las querellas. El jueves 28 a las 9.30 será la próxima audiencia y, tras la feria judicial, el 8 de febrero los imputados tendrán la posibilidad de prestar declaración indagatoria.