“Escribo estas líneas desde mi casa, donde he estado confinado por los tribunales por más de una semana. Soy un prisionero político. Un juez argentino me acusó de traición y encubrir a funcionarios iraníes acusados de planear el ataque terrorista 1994 en contra de la Argentina Asociación Mutual Israelita, o la AMIA, el principal centro judío de Buenos Aires, en el que 85 personas murieron y 300 resultaron heridas. Veintitrés años después del ataque, nadie ha sido condenado y se han establecido pocos hechos aparte de los que ocurrieron”, arranca el texto.

Timerman relaciona al presidente Mauricio Macri y a Bonadio, de quien asegura que ha “logrado encabezar la mayoría de los casos contra la Sra. Fernández de Kirchner y ha encarcelado a varios de sus ex funcionarios en prisión preventiva”

El ex canciller hace una descripción sobre cómo se llegó a este punto en la causa AMIA y recuerda que “la investigación sobre el ataque fue tan defectuosa y corrupta que en 2004 todo el juicio fue anulado y el juez que lo dirigió fue puesto bajo investigación”. “El juez Claudio Bonadio, que ahora me acusa de traición, dirigió la investigación sobre ese encubrimiento, pero fue destituido en 2005, acusado de parcialidad y colusión para proteger a quienes frustraron la investigación inicial”, advierte.

El ex funcionario relata que luego de que el fiscal Alberto Nisman se hiciera cargo del caso y acusara a un grupo de funcionarios iraníes como autores intelectuales del ataque, el expediente quedó paralizado durante diez años ya que la justicia argentina no permite los juicios en rebeldía e Irán prohíbe la extradición de sus ciudadanos. 

En ese contexto, Timerman cuenta que la solución planteada por el gobierno de Cristina Kirchner fue “un acuerdo entre ambos países”, el mentado memorándum con Irán, que estipulaba que un juez argentino “interrogaría a los sospechosos en Irán y comenzaría procedimientos para llevar la verdad y la justicia a las víctimas”. “También estableció una comisión de la verdad no vinculante compuesta por juristas internacionales para observar el caso. Para el Sr. Bonadio, el acuerdo socava la investigación penal en el caso AMIA y es el pretexto para mi acusación”, indica.

El ex canciller asegura que la “traición a la patria es una acusación sin precedente moderno relevante en nuestro país”, ya que para cometer una traición, hay que estar en guerra. “Argentina e Irán no están, y nunca han estado, en guerra. Hasta el día de hoy, mantienen relaciones diplomáticas”, explica. Sin embargo, ése fue el argumento principal del juez Bonadio, aun en contradicción –dice Timerman- con “toda la jurisprudencia”. 

Luego, Timerman se mete de lleno en la acusación realizada por el fiscal Nisman días antes de aparecer muerto en su departamento de Puerto Madero, cuyo eje central era que el Memorándum “secretamente pretendía encubrir el supuesto papel de los iraníes” en el atentado. 

“Las acusaciones se improvisan, en parte, a partir de informes falsos de los medios que alegan una reunión secreta en Aleppo, Siria, entre yo y Ali Akbar Salehi, que en ese momento era el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. De hecho, viajé a Aleppo, donde me reuní con el presidente Bashar al-Assad de Siria, una reunión que, lejos de ser secreta, fue documentada por cables diplomáticos e informada en la prensa argentina, pero no me reuní con el Sr. Salehi mientras estaba allí,y ninguna evidencia creíble ha sido presentada para apoyar esta falsedad. El resto de las acusaciones en el caso se basaron en esta mentira, que niego categóricamente”, enfatiza el ex canciller.

Sobre el supuesto pedido para dar de baja las alertas rojas de Interpol, que según Nisman era el truque que ofrecía Argentina a cambio de una intensificación de las relaciones comerciales, Timerman recuerda que el “entonces secretario general de Interpol, Ronald Noble, negó que Argentina solicitara ningún cambio en los avisos rojos inmediatamente después de que el Sr. Nisman presentó su acusación, y el Sr. Noble ha mantenido esa posición enfáticamente. En lugar de aceptar sus declaraciones, el Sr. Bonadio ahora acusa al Sr. Noble de coludir sobre el supuesto encubrimiento”. Mientras tanto, Noble pidió declarar como testigo en la causa, según se conoció hoy.

“No sé por qué el acuerdo se ha convertido en el foco de esa ira vengativa. No puedo decir por qué el señor Bonadio parece decidido a llevar adelante un caso con pruebas tan endebles y por qué ha anunciado decisiones con un calendario sospechosamente político. Pero sí sé que está acusado de intentar proteger a los antiguos aliados políticos investigados en la investigación original de AMIA”, insiste Timerman en su columna. 

El ex canciller reflota algunos puntos del historial político del juez Bonadio: “Fue durante mucho tiempo activista del Partido Justicialista (peronista). Cuando Carlos Corach fue nombrado ministro del interior por el presidente Carlos Menem -el cargo incluía la gestión de relaciones con todos los gobernadores, el Parlamento, las fuerzas de seguridad y el poder judicial- colocó al Sr. Bonadio en la secretaría de asuntos legales”. 

“En 1994 (poco antes del ataque de AMIA), el Sr. Corach lo promovió a la judicatura federal. Obtuvo el puesto sin pasar por una competencia con otros candidatos, como es el procedimiento en Argentina. En 2005, las autoridades judiciales lo separaron del primer juicio que investigaba el encubrimiento del caso AMIA, por haber mantenido el caso paralizado durante cinco años. Uno de los acusados fue el Sr. Corach”, continúa, para luego recordar que Bonadio ha recopilado al menos 50 informes por mala conducta a lo largo de los años.

También hace hincapié en que el magistrado le ha rechazado una solicitud de excarcelación, habida cuenta de su deteriorado estado de salud, una decisión que fue duramente criticada por Human Rights Watch.

Tras recordar que no es la primera vez que su familia es víctima de persecución política (su padre, Jacobo Timerman, estuvo preso durante la dictadura), el ex canciller pide ser “juzgado lo más rápido posible” para salir de un “proceso kafkiano que agrava mi cáncer y me roba el tiempo que me queda”. 

“Impedirme recibir atención médica oportuna es como condenarme a muerte. La Constitución de Argentina no permite la pena de muerte. Pero con un juez como éste, eso es poca garantía”, concluye.