La feroz represión a los trabajadores del Ingenio La Esperanza comenzó temprano, mientras doscientos empleados, que reclamaban la reincorporación de 400 despidos, el pago de los haberes de noviembre, diciembre y el aguinaldo, se proponían cortar el puente sur de la ciudad de San Pedro, una de las salidas de la ruta 34. Alrededor de 300 agentes de la Policía que depende del gobernador radical Gerardo Morales avanzaron contra los manifestantes disparando balas de goma y gases lacrimógenos. Al menos 17 personas fueron apresadas durante el operativo, del que participaron efectivos de infantería y caballería y que duró apenas 15 minutos. Poco después la Justicia dictó la captura de toda la Comisión Directiva del sindicato de La Esperanza, que se encontraba reunida en la sede del gremio con sus abogados, evaluando la estrategia judicial. 

“Los trabajadores no habían completado el corte cuando la Policía empezó a reprimir, desde dos frentes diferentes, acorralándonos. Fue una cacería feroz porque les tiraron los caballos encima para detenerlos. Las camionetas, por su parte, encerraban a las motos de los empleados con el mismo fin”, denunció frente a Página/12 Julio Gutiérrez, uno de los participantes de la protesta e integrante del Centro de Acción Popular Olga Arédez.

 

 

 

El juez interviniente, quien dictó la orden de captura contra la cúpula del sindicato azucarero, ya adelantó que se tomará 120 días para analizar si la propuesta de compra de la empresa colombiana Omega Energy International es compatible con la estructura del ingenio.

 

"Como es costumbre en los gobiernos de Morales y de Mauricio Macri ya salieron las órdenes de detenciones tanto para el secretario general, que soy yo, y para mi secretario gremial, Néstor Bautista. Ahora vamos a resistir en el sindicato y convocamos a todos los gremios a una pueblada para que (el gobernador) sepa que no se va a salir con la suya y no va a vender el Ingenio Ledesma", advirtió Sergio Juárez. 

 

Desde el bloque de Diputados del Frente Unidos y Organizados, por su parte, repudiaron el “desproporcionado operativo represivo” y la “persecución gremial lanzada por el gobierno de Morales”. Denunciaron, además, que en medio del proceso de quiebra y venta del Ingenio, el gobierno provincial decidió “no poner un peso más” y, por lo tanto, no hacer frente al compromiso público y social de sostener la vida de la empresa azucarera ni pagar los sueldos, anuncio hecho con bombos y platillos por el propio gobernador Morales, quien el 1 de diciembre selló el traspaso de la empresa por 85 millones de dólares y un convenio de inversión por otros 350 millones. “Hay situaciones que debemos ordenar”, agregó en aquel entonces, anticipando el ajuste. Apenas anunciada la venta, la administración del Ingenio envió los telegramas de despido.

 

"A la falta del pago de los salarios, se suma la inconmensurable angustia de casi 400 familias que recibieron telegramas de despidos justo a fin de año en el marco del ‘acuerdo’ con la empresa Omega, ante la cual el gobierno provincial se comprometió a reducir la planta a 600 trabajadores”, denunció el Frente Unidos y Organizados.