“No se cumple con la ley”

“La ley de Seguridad Pública establece específicamente que en situaciones de protesta, todos los efectivos tienen que estar uniformados, y todos identificados. Lamentablemente la nota común que se viene viendo es lo contrario”, advierte Federico Efron. El abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apunta que otros límites puestos por la legislación, como el uso de las armas respetando principios de proporcionalidad y racionalidad, también están siendo incumplidos. “La actuación de policías de civil no fue algo que haya sucedido sólo este lunes: pasó con los detenidos que protestaban por la liberación de Facundo Jones Huala, así como los arrestados en un reclamo frente al edificio de Desarrollo Social, en la avenida de Mayo y 9 de Julio... En muchas situaciones como estas vemos que no se cumple con la ley sancionada el año pasado, que establece claramente que frente a situaciones de manifestación pública, los efectivos deben estar uniformados e identificados”. 

–¿Qué significa en este caso que deben estar identificados? ¿Alcanza con el uso uniforme o debe estar visible además el nombre?

–Entendemos que tiene que estar visible el nombre. El policía que va a una protesta es un funcionario público, y como ciudadanos tenemos derecho a saber quién está trabajando en nombre de la sociedad, para poder controlarlo eventualmente. Es el principio republicano de control de los actos de gobierno.  

–¿La actuación de policías de civil está constatada? 

–Sí. En muchas represiones de 2017 vimos policías de civil que no sólo intervienen, sino que producen detenciones. A nosotros nos parece que esto es irregular. Por definición, una protesta es el legítimo ejercicio de un derecho. No se justifica que la respuesta de las fuerzas de seguridad sea esta.

–¿Qué pasa con los policías de remera bordó que, según se ha denunciado se mezclan entre los manifestantes y en el momento en que empiezan las detenciones arrestan al que tienen cerca? 

–Eso es algo que hay que estudiar con mayor profundidad. Lo que estamos viendo es que hay un avance de infantería, de los uniformados, y que luego los que terminan haciendo las detenciones son personal de civil. Eso no corresponde en una protesta. Hay un mensaje muy claro del poder político de responder a la protesta social con el uso de la fuerza pública.  

–Otro elemento es el nuevo armamento antidisturbios que permite a la policía arrojar cartuchos de gases lacrimógenos desde mucha distancia, que caen en medio de las manifestaciones. El lunes su uso generó avalanchas. ¿Estas armas tienen alguna normativa de uso? 

–Todo uso de munición no letal tiene que usar utilizada en forma reglamentaria y no abusiva. El gas pimienta y el gas lacrimógeno pueden producir efectos nocivos en la salud, lo mismo la munición antitumulto, que aunque por definición está lejos de ser letal, utilizada de determinada manera a corta distancia y directo al cuerpo, sobre todo si se dispara a la altura del pecho o en la cara, puede provocar la muerte de una persona. Entonces hay que poder discernir cuando se argumenta que se utiliza sólo munición no letal o elementos que producen la dispersión de las personas... Esto puede ser razonable desde el punto de vista teórico, pero lo que está sucediendo es que se hace un uso abusivo, no responde a un criterio de uso proporcional y razonable de la fuerza. Estamos viendo lesiones muy graves en los manifestantes a causa de este uso.

–¿Ve algún patrón en el comportamiento de las fuerzas de seguridad en las últimas represiones?

–Lo que se advierte es que están saliendo a detener personas que no están asociadas con la comisión de ningún delito. De hecho, suele suceder que las arrestan cuando la manifestación se está desconcentrando y agarran a los que quedan rezagados, sin importar qué es lo que estaban haciendo. Nos preocupa muchísimo porque está empezando a ser algo común que frente a una situación de protesta la respuesta sea esta. Terminamos con mucha gente detenida, por protestar o por estar cerca del lugar de la protesta, que no estaban cometiendo un delito, simplemente estaban ejerciendo un derecho. 

–Por otra parte, el juez Claudio Bonadio ordenó allanamientos en los domicilios de algunos de los detenidos...

–Eso nos parece extremadamente preocupante y es realmente nuevo. No sólo algunas personas todavía siguen detenidas, sino que el sábado, mientras estaban siendo indagadas, sus domicilios fueron allanados. La verdad que de ninguna manera estaban los elementos reunidos que exige la ley para que el poder policial ingrese en un domicilio, y mucho menos cuando  las órdenes de allanamiento básicamente buscaban panfletos políticos. 

–Ayer, siete de los detenidos en la manifestación de la semana pasada fueron traslados a distintas cárceles. 

–Desde un punto de vista legal, un detenido no puede estar prolongadamente en una comisaría o alcaidía. Pero las detenciones, al menos las que nosotros pudimos comprobar, eran en su mayoría arbitrarias, por lo que debieron haber sido liberados prontamente. En todo caso, lo que se les imputa son delitos absolutamente excarcelables. De nuevo, no parecen estar reunidos los elementos que la ley exige para mantener detenida a una persona. Esperemos que la Cámara Federal intervenga rápido y ordene las excarcelaciones.