La empresa cuyo paquete accionario integra la diputada nacional santafesina del PRO, Verónica Razzini, presentó la solicitud de apertura del concurso preventivo de acreedores en el juzgado Civil y Comercial de la 8ª nominación de Rosario para hacer frente mediante ese mecanismo legal a un “enorme pasivo” acumulado en el último tiempo, en el cual además emitió al menos 254 cheques sin fondo por $ 944.588.441. Se trata de la empresaria que creó el movimiento anti-bloqueo luego de mantener en 2021 un conflicto con la seccional local del Sindicato de Camioneros por el encuadramiento de sus empleados, y cuya visibilización pública le zanjó un vínculo con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien la incorporó como candidata dos años después.

La presentación del concurso preventivo de acreedores ante el juzgado Civil y Comercial a cargo del juez Luciano Daniel Juárez se realizó el 29 de julio pasado, pero el escenario de dificultades financieras para para afrontar el pasivo de Materiales Razzini, cuyo nombre legal es Hormigones Ricci SA, ya estaba cristalizado en los meses previos.

Se veía venir

La empresa con sede en Avenida Arijón 2542 de Rosario convocó a Asamblea General Extraordinaria el 30 de mayo último con dos temas en el orden del día. El primero, puramente formal, consistía en la “designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea”. El segundo revestía mayor trascendencia: “Consideración de la presentación de la sociedad en concurso preventivo y/o la ratificación de dicha presentación”, se lee en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe.

Con la firma de la abogada María Luciana Civarolo, del estudio jurídico Civarolo-Gutiérrez, Hormigones Ricci SA presentó la apertura del concurso preventivo la semana pasada en la Justicia civil de Rosario. El juzgado de Juárez analiza ahora la documentación incorporada al expediente para definir su apertura y la eventual convocatoria a la verificación de créditos.

La empresa hormigonera, que perteneció a la familia del intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, fue traspasada al grupo Razzini en 2019. En 2021 trascendió el universo de los actores de la construcción para saltar a la luz pública cuando quien estaba al frente de la firma, Verónica Razzini, creó el movimiento anti-bloqueo, luego de un conflicto con el Sindicato de Camioneros de Rosario.

El gremio dirigido por Sergio Aladio, enfrentado a Hugo Moyano, bloqueó el ingreso a la planta por una disputa de encuadramiento y el conflicto se extendió en el tiempo y el contenido, hasta llegar a una balacera a la fachada de la empresa. Razzini conoció en aquel momento a la ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, que es la misma que la de la gestión de Javier Milei, Patricia Bullrich.

De ese encuentro nació un lazo político que en 2023 terminó con Razzini como candidata a diputada nacional de Cambiemos, aunque junto a su colega, Gabriel Chumpitaz, en el último tiempo se sumaron a la lista de desertores del PRO que busca -por ahora sin suerte- cobijo en las filas de La Libertad Avanza. Ambos dejaron la fuerza de Macri y constituyeron el bloque Futuro y Libertad.

Papeles en el viento

En febrero pasado los propietarios del Grupo Razzini celebraron la Asamblea General Ordinaria Nº 40 de accionistas de la firma Hormigones Ricci SA en la que “los socios por unanimidad han decidido y resuelto la conformación de un nuevo Directorio cuya duración será hasta la Asamblea que trate el balance que cierra el 31/08/2027”. Como presidente fue designado Nelson Nicolás Razzini y de vice quedó Leandro Eduardo Razzini, mientras que Verónica aparece como vocal titular de la compañía que ahora entró en concurso.

Si bien en mayo la Asamblea ya analizaba buscar una salida a sus pasivo financiero mediante el mecanismo legal del concurso, la base de datos pública del Banco Central permite observar que Razzini emitió 254 cheques que fueron rechazados por falta de fondos por un total de $ 944.588.441 en el último año, desde agosto de 2024.

De ese total de cheques rechazados por falta de fondos, 250 corresponden a una de las entidades financieras con las que opera la empresa, por un importe de $ 867.967.265. En el otro banco, de acuerdo a los datos del BCRA, los papeles arrojados al viento son solo cuatro y por un monto de $ 76.621.176.

La empresa sintió ese año las consecuencias de la decisión del gobierno nacional de detener la totalidad de la obra pública con el fin de conseguir el superávit con el cual hacer frente a los pagos de intereses de la deuda en dólares contraída con el FMI por Macri. Y también la caída vertical de la actividad privada a consecuencia del parate de la economía que supuso la devaluación del 118% del primer mes de la gestión libertaria, y la recesión posterior a raíz del ancla salarial y del gasto público.

En agosto de 2010, el luego también diputado nacional santafesino Alejandro Bongiovani, escribió un tuit a raíz del conflicto laboran en la hormigonera. “Mañana cierra la empresa Razzini, luego de dos meses de piquete para obligar a que sus empleados sean incorporados a Camioneros (aunque no hacen transporte). Se cansaron los empresarios de no poder abrir y de la no respuesta del gobierno santafesino. Ganaron los malos. Otra vez”, sostuvo.

 

Razzini no cerró entonces, sino que continuó su tarea y en el último tiempo inició la inversión para una nueva hormigonera, con el objetivo de expandirse. Pero sufrió las consecuencia de la política económica que defiende la diputada y empresaria y la caída de la actividad de la construcción fue una de la razones del quebranto que hoy enfrenta, durante el gobierno de “los buenos”.