"Quieren dejar a 300 familias en la calle sin ninguna certeza"

La planta Cerámicas Ilva de Pilar anunció el cese de actividades y envió telegramas de despido que, de concretarse en su totalidad, afectarían a unos 300 trabajadores. Afuera, junto al portón con candado, el personal mantiene un acampe que ya es vigilia y denuncia el pago fraccionado del aguinaldo en tres cuotas. El sindicato ceramista califica la situación como un lockout patronal y reclama la inmediata reincorporación de los despedidos.

“Soy trabajador de acá hace diecisiete años y nunca habíamos llegado a esta situación desesperante. Quieren dejar a más de 300 familias en la calle, sin ninguna certeza de nada”. Con esa frase, Juan Flores condensa la crisis que atraviesa una de las manufactureras con más antigüedad del Parque Industrial de este distrito, y que no es ajena a lo que ocurrió en otras fábricas bonaerenses del mismo rubro como Cortines y Cerro Negro. 

Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense confirmaron a Buenos Aires/12 que intervinieron para conciliar entre las partes, y que la empresa no se presentó a la primera audiencia realizada este martes. Por ese motivo, la cartera provincial fijó una nueva audiencia para este jueves por la mañana a la que sí asistieron ambas partes. La misma concluyó con la dictaminación de la conciliación obligatoria por 15 días con la expectativa de abrir un cauce de negociación que contenga los despidos y restablezca un piso de certidumbre para las familias involucradas, según informaron.

El relato de Flores aporta, paso a paso, la cronología que desembocó en el cierre de una firma que se mantiene en silencio. Cuenta que la empresa dice que por la crisis no alcanzaban los niveles de venta que ellos creían querían tener, tal como viene pasando el resto de la industria por el ingreso y liberación de importaciones por parte del gobierno nacional. En mayo empezaron las suspensiones y el mes pasado directamente se paró la producción. “La frenaron, no compraron materia prima, no compraron tierra, decidieron apagar el horno, en un claro lockout patronal", señala. 

En ese momento se prohibió el ingreso a toda la dotación, incluidos mandos medios y gerencias. “Le pusieron un candado al portón de la fábrica”, describe Flores. Desde entonces, un grupo de operarios, acompañados por representantes de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA), organiza turnos de guardia frente al acceso para resguardar las instalaciones, visibilizar el reclamo y sostener el acampe mientras esperan la audiencia provincial de este jueves.

Los telegramas llegaron el lunes, con invocación al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita indemnizaciones al 50 por ciento por disminución de trabajo no imputable al empleador. “Nos tiraron una carta documento por la cabeza con el despido argumentando los artículos, y tampoco nos dijeron si van a pagar esa parte de indemnización”, remarca Flores. La incertidumbre no se agota en el futuro laboral porque el personal mensual que debía cobrar ese mismo lunes no percibió su salario y quienes están en régimen quincenal no saben si recibirán el pago correspondiente.

La empresa invierte, pero no paga

Ilva llegó a producir, con sus cuatro hornos en funcionamiento, alrededor de 300 mil  metros de cerámicos por mes. Ese volumen podía variar por los cambios de formato en los que trabaja la línea. En los últimos meses, sin embargo, la actividad se redujo a dos hornos -y por momentos a uno- con una capacidad efectiva que, en palabras de Flores, “llegaría a los 100, 150 mil metros con toda la furia”. Esa caída en la producción convivió con inversiones recientes que se contraponen el contexto de crisis. La firma habría incorporado una prensa de última tecnología instalada hace un mes -aún sin terminar su puesta a punto- y una rectificadora incorporada el año pasado, como parte de una línea de terminación que también incrementa capacidad. “Maquinaria para producir, tiene”, subraya el operario.

En simultáneo al parate productivo, el conflicto escaló en el plano laboral. Durante el primer semestre, la compañía aplicó suspensiones rotativas que alcanzaron a 280 operarios y decidió fraccionar el aguinaldo en tres cuotas. En los últimos días circularon versiones sobre una posible modificación del régimen de trabajo, del actual esquema 4x4 (cuatro días de 12 horas y cuatro de descanso) a un 6x1 con reducción salarial estimada en 30 por ciento y recorte de beneficios como comedor, transporte y cobertura médica. 

Desde el plantón, los trabajadores vinculan esas alternativas con una estrategia de reordenamiento interno que implicaría achicar la dotación y eventualmente recontratar con nuevas condiciones. “Notamos que esto es una estrategia para quedarse con la mitad de los trabajadores”, dice Flores. Y completa: “Si la empresa decidió o no continuar su tarea con nosotros, sabe lo que tiene que hacer y pagar lo que corresponde”.

El operativo de cierre fue, para el personal, tan abrupto como elocuente con candados en los portones, acceso denegado a proveedores y supervisores, y solo una guardia de vigilancia tercerizada con una persona por turno en el interior. El acampe, iniciado de inmediato, se mantiene hasta la nueva audiencia en el Ministerio. El objetivo sindical es retrotraer los despidos, garantizar el pago íntegro de salarios y aguinaldos, y abrir una discusión que no pase por indemnizaciones recortadas, según aseguran a Buenos Aires/12.

La conmoción no se reduce a los 300 puestos en riesgo para Flores ya que golpea indirectamente a quienes los rodean y enumera localidades de procedencia de sus compañeros siendo estas Pilar, Presidente Derqui, Villa Rosa, y José C. Paz. Allí, el salario industrial funciona como sostén de economías familiares enteras. Por eso, cada telegrama de despido multiplica el impacto.

La caída de la producción en Ilva, la suspensión de operarios y el fraccionamiento del aguinaldo se inscriben en una coyuntura sectorial adversa con un retroceso de la demanda interna, freno de la construcción, pública y privada producto de la paralización de los proyectos por parte del gobierno nacional, aumento de costos energéticos y apertura de importaciones a mercados con precios más competitivos como Brasil y China. 

Según la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA), la producción industrial cayó 9,4 por ciento en 2024, con pérdidas de empleo en ramas sensibles como la construcción vinculada directamente a la cerámica, ya que trabajadores de las tres firmas coincidieron en que la obra pública le da movimiento al mercado de la cerámica. En igual sintonía, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, señaló que, con la administración de Milei, en el primer trimestre de 2025 fue el sector en el que más empleo se perdió a nivel país con casi 82 mil puestos privados menos, en comparación con el mismo periodo de 2023.

Los trabajadores de Ilva sostienen que, aun con ese deterioro, la empresa no acreditó una crisis terminal. Recuerdan las máquinas nuevas como evidencia de capacidad disponible y señalan el argumento de “falta de materia prima” comunicado por Recursos Humanos el día del cierre como una explicación insuficiente.

Los tres estallidos en el rubro de la cerámica bonaerense

La de Ilva es la tercera crisis fuerte del rubro cerámico en la provincia durante este año. En Olavarría, Canteras Cerro Negro transitó un conflicto con despidos y luego acordó suspensiones de entre 160 y 180 trabajadores durante 60 días al 80 por ciento del salario, tras el rechazo oficial a un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que habilitaba pagar el 50 por ciento de las indemnizaciones. La planta paralizó líneas 6 y 7 (porcelanato) y mantuvo operativa solo la de ladrillos, con entre 52 y 54 operarios, más un equipo de 25 a 30 empleados en despacho. El panorama hacia principios de este mes seguía abierto, con 59 desvinculaciones definitivas en la etapa anterior y una conciliación que no logró recomponer la producción en los niveles históricos.

En Luján, Cerámica Cortines detuvo su planta en febrero y también presentó un PPC con pedido de desvincular al 40 por ciento del personal, recortar salarios durante suspensiones y pagar en cuotas. El Ministerio de Trabajo bonaerense informó que 360 trabajadores quedaron suspendidos durante abril y mayo al 80 por ciento del salario, con 40 fuera de convenio y cuatro retiros voluntarios. La empresa reconoció pagos fraccionados, incluso de quincenas, y llevó a la mesa un planteo para sostener el 60 por ciento del empleo a cambio de 90 días de tregua sin medidas de fuerza. Los números de ventas exhibieron la magnitud del derrumbe que manifestaban en aquel momento: 11.175.000 metros comercializados en 2021; 9.100.000 en 2022; 7.100.000 en 2023; 4.840.000 en 2024; y apenas 400.000 en lo que va de 2025, frente a 1.200.000 en el mismo período del año anterior.

Dentro de este panorama general, los trabajadores de Ilva ubican responsabilidades más amplias: “Lamentablemente viene por malas decisiones administrativas, primero de la empresa, y otra por decisiones políticas de un gobierno nacional de Milei que nos tiene a todos a maltraer”, apunta Flores. El hilo conductor que señalan, caída de ventas, apertura de importaciones, parate de obra pública y ajuste, aparece también en los otros expedientes del sector. Para Pilar, además, la crisis tiene un efecto multiplicador sustentado en que el Parque Industrial registró, en el último año, reestructuraciones y paralizaciones que impactaron en proveedores y prestadores de servicios.

Entre los trabajadores de Ilva, la consigna de mínima es que la empresa cumpla con la conciliación y poder mantener la fuente laboral o, en su defecto, que “se pague lo que corresponda” según la ley vigente. "Estamos esperando la notificación de la conciliación obligatoria y una vez que llegue ambas partes tienen que acatarla, sea el sindicato y la empresa. Si la empresa acata, inmediatamente se terminan los despidos y se retrotrae toda la situación al 31 de agosto. O sea que los trabajadores tendrán que percibir los salarios caídos hasta que termine la conciliación obligatoria, y ahí se verá qué pasa con los despidos después", aclara Carlos Varela, secretario general del gremio.

Hasta el lunes, al menos 35 empleados habían recibido telegramas de despido, un número que podría crecer si no media acuerdo en la audiencia provincial. “La idea es tratar de retrotraer esos despidos, peleando por la fuente de trabajo de todos”, sintetiza Flores en la puerta de la fábrica y advierte que tanto en Pilar, como en Olavarría y Luján, la pulseada que atraviesa a la cerámica es también un recorte del presente industrial argentino.