Desde el gobierno provincial esbozaron una primera respuesta ante el pedido de informe realizado por el diputado provincial Miguel Rabbia, sobre el convenio firmado entre la Asociación Civil Perseverar y la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) por más de mil millones de pesos, a solo dos meses de su creación, de la que dio cuenta Rosario/12 en la edición de ayer. En conferencia de prensa, Luciano Sciarra, titular del organismo, informó que el monto corresponde a un convenio anual –como había informado este medio– que se va ejecutando todos los meses “contra la contraprestación de un servicio”. También señaló que muchas de las instituciones que trabajan en el abordaje y tratamiento de adicciones no cuentan con personería jurídica y desde el gobierno las “animaron” a regularizar sus papeles, lo que busca explicar la firma del convenio a apenas 60 días de su constitución oficial. Sin embargo, no se despejaron dudas sobre la asociación Perseverar en particular, ni se dieron detalles sobre las tareas que realiza. Rosario/12 pudo hablar con el diputado Walter Ghione, quien reconoció su responsabilidad “política” sobre el área, pero aclaró que no “gestiona ni administra” la Aprecod. También confirmó que algunos de los integrantes de la asociación civil pertenecen a su espacio político: “Ellos no se benefician de nada. Los que se benefician son las personas que necesitan ayuda”.
Esta semana Rabbia, legislador peronista, ingresó un pedido de informes a la Legislatura, con intención de echar luz sobre el convenio firmado entre la Asociación Civil Perseverar y la Aprecod. El convenio se firmó en el marco del programa “Redes de Cuidado” con el que la agencia asiste a organizaciones que trabajan en el abordaje de consumos problemáticos y adicciones. Lo llamativo es que se hizo a solo dos meses de su constitución oficial –según registros de la Inspección General de Personas Jurídicas– y por un monto elevado: $1.033.050.000 por el período comprendido entre el primero de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
El pedido de informe presentado busca conocer los criterios técnicos y legales que justifican el convenio con la organización. También “los antecedentes de trabajo y actividades desarrolladas en materia social y de adicciones” y la experiencia de sus integrantes en el abordaje de estas problemáticas “que justifiquen el otorgamiento de los fondos”. Sobre el final de la sesión de este jueves, Rabbia se refirió a esa situación: “Es una institución que no tiene ninguna evidencia de trabajo en una cuestión sensible como son las adicciones”.
En ese marco, este viernes el titular de Aprecod brindó una conferencia de prensa en Santa Fe, con intención de aclarar algunos aspectos. En principio, explicó que gran parte de los servicios de la agencia se brindan mediante la contratación de entidades privadas “que tienen un equipo profesional o determinados dispositivos para brindar este servicio”. Esa relación se concreta mediante convenios que se dan en el marco del programa Redes de Cuidado “que está aprobado por un decreto y tiene todo una regulación”.
En ese sentido, remarcó que el aporte no consiste en un subsidio, sino de la “contratación de un servicio profesional”, que se ejecuta por medio de “un contrato anual que, mes a mes, luego de que se presta y se certifica ese servicio, atravesando todos los controles administrativos, legales y por supuesto terapéuticos, la institución hace una factura por esos servicios y el Estado se la abona”. Y completó: “No son subsidios y no se entregan todos juntos de una vez”.
El funcionario también explicó que la trayectoria de una institución no siempre va de la mano de la antigüedad de su personería jurídica. La mención hace referencia a uno de los puntos por los que se piden explicaciones en el pedido de informes: ¿cómo una entidad logra, a solo dos meses de constituirse, firmar un convenio de esa magnitud? Las sospechas se acrecientan cuando se conoce que personas vinculadas al partido UNO que preside Ghione –responsable “político” de Aprecod– son autoridades de la organización en cuestión.
“Para trabajar con el Estado, en su mayoría y en particular en este programa, las organizaciones se tienen que contratar mediante una persona jurídica. No se puede hacer una contratación de un servicio a una persona individual. Ahora bien, todos sabemos, que las personas empiezan a trabajar y muchas veces no prestan atención a la regularización de esas cuestiones formales”, explicó Sciarra. “Nuestra gestión animó, desde el inicio, a muchos equipos profesionales que venían trabajando en el territorio, a donde el Estado no llegó nunca y le es más caro llegar si lo hace por cuenta propia, a que se pongan a trabajar en la conformación de su personería jurídica para que, justamente, puedan trabajar con el Estado”, añadió.
Según Sciarra, ese proceso de “regularización” se viene dando desde hace casi un año con distintas organizaciones: “Hay más de una institución que tiene ese tipo de convenios que son anuales y que no los reciben por única vez, sino de manera mensual contra la contraprestación de un servicio. ¿Qué servicio? Desde lo que son comunidades terapéuticas en el interior de la provincia, donde se internan a personas con tratamientos de 24 horas, hasta dispositivos ambulatorios, donde se prestan consultas de salud mental psiquiátrica y psicológica, de manera 100% gratuita. Todo lo que tiene que ver con la batería de tratamientos que el Estado de la provincia brinda como abordaje terapéutico para los consumos problemáticos”.
La conferencia no brindó detalles sobre las tareas realizadas por la organización Perseverar, ni su recorrido previo a su formalización jurídica. Rosario/12 intentó contactarse con Sciarra, aunque sin resultados. Desde el área de comunicación del organismo deslizaron que las respuestas fueron aportadas en la conferencia.
La respuesta de Ghione
Quien sí aportó su mirada de los hechos fue el diputado provincial Walter Ghione. El pastor evangélico asumió las riendas políticas de distintos organismos vinculados a la temática penal juvenil y el abordaje de adicciones, dentro de la alianza Unidos que integra su partido. “Soy un poco responsable de las líneas políticas, en cuanto a lo que yo entiendo que el Estado tenía que dar respuesta en el tema adicciones a nivel provincial. Pero no soy quien administra ni gestiona el Aprecod”, dijo en diálogo con Rosario/12. “Nunca se ha tenido un trabajo tan fuerte y visible en territorio con este tema. Creo que eso un poco molesta, porque la gestión anterior no hizo absolutamente nada y prácticamente no tenían presupuesto”, añadió.
El legislador explicó que Aprecod trabaja con “organizaciones que pertenecen a todos los colores políticos” y no le dio mayor importancia a los cuestionamientos que apuntan a la firma del convenio a los dos meses de regularizada la entidad: “No tiene que ver con un tema de antigüedad, sino con la respuesta rápida que tiene que dar el Estado frente a estas cuestiones. Vos podés tener organizaciones de muchos años que no han cumplido con lo que se han propuesto hacer, y eso para nosotros no es un argumento que rebaje el trabajo que se está logrando en un montón de lugares donde el Estado estaba totalmente ausente”.
No obstante, Ghione dijo “desconocer” muchas de las cuestiones organizativas de Aprecod, que recaen sobre los funcionarios a cargo de la agencia. “No me ocupo yo, porque no es mi labor”, manifestó. “Esta organización, por lo que tengo entendido, se encarga de cuestiones territoriales en el interior de la provincia, con distintos dispositivos. Trabajos de emergencia en cuanto a trasladar o ayudar a personas en esta situación, donde se les busca un lugar y también el tratamiento que le corresponde”, deslizó sobre Perseverar. “Quien tiene que informar qué trabajo o labor realizan es la agencia. Cuando se hace un convenio es en base a un proyecto que se quiere cumplir”, completó.
También reconoció que algunas de las personas que aparecen como autoridades de la organización forman parte de su partido. Puntualmente, Alejandro Chacoma y Hernán Rodrigo Granados, que figuran como vocal titular y vocal suplente de la entidad. El primero es vicepresidente segundo de UNO en la provincia e integra el equipo de trabajo de Ghione, mientras que el segundo integró la lista “Somos UNO” que encabezó el periodista deportivo Pablo Gavira para el Concejo de Rosario. “Son personas que pertenecen a mi espacio político, pero no a mi Iglesia”, expresó y agregó: “Muchas de las asociaciones que están conveniadas con Aprecod son parte de mi equipo partidario y de trabajo, que somos un montón en la provincia de Santa Fe”.
Para el legislador, esa situación no incurre en una irregularidad, que es parte de lo que busca determinar el pedido de informes presentado en la Legislatura. “Estas personas no tienen un cargo en el gobierno ni en la Legislatura. Ninguna de estas cumple una función política en el Estado. Trabajan en estas organizaciones y para nosotros es mucho mejor porque no lo estás cargando al Estado con un cargo”, sostuvo y añadió: “Son personas que hacen un gran trabajo. Ellos no se benefician de nada. Los que se benefician son las personas que necesitan ayuda. El informe seguramente será respondido, pero lamentablemente creo que hay otras intenciones detrás”.