Diputados provinciales que responden al gobernador jujeño Gerardo Morales presentaron un insólito proyecto de ley que propone someter a una consulta popular la continuidad o no de la prisión preventiva de la dirigente social Milagro Sala. "¿Usted cree que Milagro Sala, LIBRE, amenazará testigos, entorpecerá e impedirá que la Justicia la investigue por hechos de corrupción?", es la pregunta que se propone, en una iniciativa claramente inconstitucional

La iniciativa es del jefe del Bloque Primero Jujuy, Marcelo Nasif, hombre del vicegobernador Carlos Haquim, del Frente Renovador, y lleva la firma del titular de la bancada la UCR, Alberto Bernis, y de varios legisladores de ese espacio. En el texto se habla de “dictámenes no vinculantes” de la ONU y la OEA que exigieron la liberación de la líder de la Tupac Amaru y afirma que ellos fueron “una consecuencia de profundos lobbys que han llevado a cabo funcionarios, políticos y periodistas de la Administración anterior”.

Nasif critica a esos organismos por "reiteradas oportunidades en las cuales la Argentina y sus ciudadanos a lo largo de nuestros doscientos años de historia necesitamos de ellos no estuvieron a la altura de las circunstancias” y detalla que se refiere a "los golpes de Estado que tuvimos desde el año 1930 a 1976”, aunque la Organización de Naciones Unidas fue fundada en 1945 y la de Estados Americanos en 1948. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA envió una comitiva al país en 1979 y publicó en 1980 un informe definitivo sobre la sistemática violación a los derechos humanos durante la dictadura.

El Comité por la Libertad de Milagro Sala anunció que denunciará el hecho en los organismos internacionales.Uno de los integrantes del Comité, Anibal Ibarra, denunció que “en un estado de Derecho no se define la libertad o detención de las personas ni por encuestas, ni por lo que opina la gente ni por un referéndum. Dejar de lado las leyes, las resoluciones de organismos internacionales para tener como rehén a Sala muestra el carácter autoritario del gobierno de Gerardo Morales”.  El ex legislador porteño, además, advirtió que “la complicidad del gobierno nacional es tanto o más grave”.

Para el Comité, la iniciativa es “una clara muestra de la falta de independencia de los poderes que busca imponerse sobre facultades propias e indelegables del Poder Judicial. Es una barbaridad que se quiera suplir lo que debe someterse a análisis jurídico y a pruebas que deben acreditarse en el expediente por el parecer ciudadano. Claramente se trata de un nuevo atropello a la Constitución”.

Por su parte, el abogado Eduardo Tavani aseguró que “claramente se trata de una práctica fascista. No son los humores públicos los que deben resolver sobre la libertad o no de una persona. Es un escándalo. Es una vulneración absoluta del Estado de Derecho y del Estado Democrático de Derecho y hay que condenarlo. Esto merece un repudio general del Estado nacional y de todos los organismos internacionales. No tenemos registro en los estados contemporáneos un hecho de estas características”, señaló.