El próximo 17 de septiembre, Dulce, una niña de ocho años, y su madre podrían ser desalojadas de la vivienda social que habitan desde hace años. La solicitud de desalojo fue presentada por la abuela paterna, madre del hombre que fue condenado en primera instancia por abuso sexual contra su hija y su expareja, y luego absuelto únicamente respecto del delito en perjuicio de la niña.

Aunque ya hay una orden para el desalojo de madre e hija, su ejecución fue frenada por la intervención de la Asesoría de Menores. El 10 de septiembre se realizará una audiencia con la jueza de familia Ines Villa Nougués en la se tratarán los temas referidos a alimentos y el régimen comunicacional con la abuela y el abuelo paterno.

“La casita representa su vida, su historia, porque ella vive desde que nació, su hogar, sus amistades, su escuela cercana, todos los vínculos que construyó en este tiempo, en tan corta edad. Significa el refugio donde muchas veces lloramos, donde muchas veces nos abrazamos. Y significa el derecho. El derecho a estar protegida", expresó la madre en diálogo con Salta/12.

"Y para mí significa el lugar donde viví muchos horrores, pero que logré en este tiempo tratar de que esos horrores que vivimos en un tiempo queden atrás y que sea un hogar para ellos”, sostuvo.

La casa en cuestión pertenece al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y fue cedida como hogar conyugal de manera informal inicialmente por la abuela paterna, quien posee otras propiedades. La madre de Dulce afirma que pagó puntualmente las cuotas, cuyos cargos le venían en la boleta de luz, durante 8 años e informó al organismo sobre la situación.

“A pesar de que esta señora dice que somos usurpadoras. Sé que hice por esta casa, que es una vivienda social, más que cualquiera podría haber hecho”, afirmó. Sin embargo, el conflicto fue judicializado por la abuela. La madre de la niña denuncia que el IPV nunca intervino como correspondía.

La madre contó que durante tres años solicitó audiencias con el gobernador de Salta, pero no se las dieron, y la única respuesta institucional que recibió fue de la directora del IPV, quien le sugirió inscribirse en un sorteo de viviendas para madres solas. Aunque se anotó, dijo que nunca entró en los sorteos del año, ya que se limitaron solo a quienes pagaron sumas millonarias de ahorro previo. También pidió que se le otorgara una casa recuperada, pero le informaron que “no había ninguna disponible”.

La causa de desalojo se inició después de que la madre denunciara al progenitor de la niña por violencia familiar y de género y se ordenara la exclusión del hogar del agresor. La situación se agravó después cuando este hombre fue denunciado por abuso sexual a su hija. Del relato de la madre también surgió que ella había sido víctima de violencia sexual durante la convivencia de la pareja. 

Sin defensa 

En plena pandemia, la madre fue notificada incorrectamente y se presentó sola, sin defensa, a una audiencia de desalojo. "El juez que ejerce esta violencia institucional en ese momento me hace pasar una audiencia de juicios sin defensa, es el juez Benjamín Pérez Ruiz, que es de cuarta nominación. Y después la defensora que me dan no presentó la nulidad, es Rosana Sangari, de la Defensoría Civil 8", detalló.

La madre señaló irregularidades y la inacción o complicidad de diversos funcionarios. Incluso habló de mal proceder de abogados particulares que intervinieron en sus causas. Además, sostuvo que la familia del agresaro tiene vínculos con el poder y consideró que hubo "tráfico de influencias". 

En el caso de desalojo, recién al ingresar al programa Patrocinar, con la abogada Andrea Aparicio, se presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta, que lo rechazó. La abogada presentó un recurso en queja pero le fue rechazado también y ya la madre no pudo seguir la vía recursiva por falta de recursos económicos. 

La asesora de Menores, Noelia Pérez, advirtió que no correspondía calificar a madre e hija como usurpadoras, señalando la gravedad del caso y la obligación de garantizar la protección habitacional de la niña.

La fiscalía también informó que no correspondía configurar a Dulce y su madre como usurpadoras, y que debía haberse convocado al IPV como organismo responsable.

Condena por abuso 

En 2023, el agresor fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante contra Dulce y abuso sexual con acceso carnal contra su madre. También se le quitó la responsabilidad parental.

“Para mí fue una sensación de creer que ya íbamos a vivir en libertad con mi hija, que ya se terminaba todo, que se terminaba esta pesadilla de tantos años, de atravesar tanto dolor”, dijo la madre. “Mi hija también lo vivió desde ese lugar, pensando que iba a tener una mamá que ya no iba a estar judicializada y que no iba a tener que vivir tantas horas dedicadas a toda la lucha, a estar en el Poder Judicial, a buscar organismos para que nos ayuden y a todo lo que vivimos durante ya seis años”.

Sin embargo, el hombre fue absuelto después por el delito contra la hija. Aunque se confirmó la condena por la violencia sexual ejercida contra su expareja y madre de la niña.

"Siento que hay negligencia e indiferencia y presión política detrás del fallo (...). No solo la indiferencia del sistema sino también la violencia, la presión y la presión política, el tráfico de influencias que estuvo vinculado con todas las causas que hicieron que obviamente llegue a este fin", dijo la madre.

El 10 de septiembre, en la audiencia ante la jueza Villa Nougues, la madre tiene previsto solicitar que la vivienda quede como parte de pago de alimentos, para garantizar el derecho habitacional de Dulce.

Protección habitacional 

“Lo único que pido es que hoy se le garantice la protección habitacional a mi hija. Que se respeten los derechos y los tratados internacionales como garantía de protección. Que hoy hagan valer los derechos de mi hija, que no lo hicieron en ninguna instancia. Y responsabilizo a todo el sistema, tanto judicial como ejecutivo de la provincia, que fueron partícipes de toda esta violencia que hemos padecido durante tantos años y este abandono que sufrimos durante tantos años”, expresó la mamá de Dulce.

"Ella lo que vivió es que no se la escucha que nunca se la escuchó y que se la sigue silenciando, eso es lo que vivencia ahora mi hija con 8 años (...), el sistema le falló. Ella, que tiene que seguir judicializada, que tiene que seguir terapias, desde los 3 años que está judicializada, en terapia, en organismos para todos lados y está cansada. Hoy el sistema la sigue revictimizando", manifestó.

“Hoy tengo hasta bozal legal. Salgo a hablar de a poco, pero porque ya no me voy a callar. La silenciaron a mi hija. Esto es lo que hizo el sistema judicial: silenció a mi hija y la quiere seguir silenciando. Y la quiere dejar en la calle. Esto es proteger la impunidad. Eso es lo que hace el sistema judicial de Salta: silenciarnos constantemente”, afirmó.

La madre además enfrenta otras 15 causas judiciales impulsadas por el entorno del agresor. Además, en el actual contexto y ante el desmantelamiento del programa Patrocinar, teme perder la representación de la abogada que la vino acompañando hasta ahora con perspectiva de género.