El proyecto de utilización del aeropuerto militar de Palomar para uso civil debe considerarse a la luz de tres cuestiones:

1. Todo cambio de uso de infraestructura militar al mundo civil debe interpretarse como un avance y progreso para la sociedad. Poner a disposición de toda la sociedad infraestructuras pensadas para fines bélicos y que casi no tienen uso es, sin duda, un logro del progreso.

2. El Gobierno nacional considera que los buenos negocios de los privados son necesariamente buenos para todos los argentinos. No explica cómo, pero tiene la convicción, o al menos eso le hace creer a la sociedad, de que el lucro que obtendrán las empresas que operen el aeropuerto será un beneficio para todos.

3. El Gobierno Nacional quiere privatizar totalmente el transporte aéreo y esta maniobra es también una avanzada contra Aerolíneas Argentinas y sus trabajadores. Los beneficios individuales que tendrán los viajeros de las líneas “low cost” serán en su conjunto inferiores a los perjuicios que tendremos todos los argentinos si se privatiza o se destruye nuestra aerolínea de bandera. Esa historia ya la vivimos en la década del noventa.

El eventual uso intensivo del aeropuerto del Palomar ha motivado incertidumbre, preocupación y desconfianza en gran parte de la población vecina a la base aérea. El Gobierno nacional, en su afán de favorecer negocios privados a cualquier costo, no ha realizado las acciones mínimas para atender las preocupaciones de los vecinos y garantizar, si fuera posible, la pertinencia y viabilidad de este proyecto.

Un estudio de impacto ambiental independiente, con participación de organizaciones sociales y profesionales prestigiosas, de universidades nacionales de la región o zona de influencia y la correspondiente audiencia pública que permita esclarecer la situación, son requisitos básicos previos al comienzo de las operaciones del aeropuerto. El estudio opera tanto desde el punto de vista legal como político, porque debe incluir a la población de la zona como eventual “víctima” del proyecto y compensarla debidamente, si fuera el caso de que el proyecto resultara viable.

El impuesto a la plusvalía urbana, que existe en diversos países, está previsto en la legislación de la provincia de Buenos Aires, e incluso varios municipios bonaerenses lo aplican a través de ordenanzas de contribución por mejoras, sostiene que todo cambio en el valor de las propiedades como consecuencia de modificaciones en el uso del suelo, por cambios o mejoras de infraestructura, o incluso por actos administrativos (por ejemplo, modificaciones al código de planeamiento urbano) genera un hecho imponible para los propietarios en proporción al cambio en el valor de sus propiedades.

En este caso, resulta evidente que la modificación del uso del aeropuerto generará situaciones como la polución sonora, la congestión de tránsito en la zona y el riesgo de accidentes (incluso aéreos), lo que podrá trasladarse a una disminución en el valor de las viviendas cercanas al aeropuerto. Entonces, cabe preguntarse, ¿quién compensará a esos vecinos por la pérdida económica?

Comenzar a operar el aeropuerto sin un estudio de impacto ambiental que lo avale y sin realizar la audiencia pública es, sin duda, un atropello más a la población por parte del Gobierno nacional.

* Economista, ex presidente de la Asociación de Fomento Amigos de Lomas del Palomar (Afalp).