La Cámara de Senadores de Salta le dio ayer sanción definitiva al proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a acceder a un financiamiento con el Fondo Financiera para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) por un monto de hasta cien millones de dólares para la ejecución del Programa Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio en la provincia.
El encargado de presentar la iniciativa, que fue aprobada por unanimidad, fue el senador por Orán Juan Cruz Curá.
“Nuestra provincia se encuentra en una ubicación geoestratégica privilegiada en el centro de Sudamérica, limitando con tres países, Chile, Bolivia y Paraguay, y con seis provincias, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca”, destacó en el inicio de su exposición.
Añadió que esta ubicación geográfica “convierte" a la provincia "en un nodo natural para la integración regional y la conexión con los puertos del Pacífico".
Luego repasó que estos fondos serán destinados a "obras viales como la pavimentación de un tramo de la ruta 51, de la ruta provincial 24, el bypass de Campo Quijano, la autopista de El Carril. También están previstas obras de agua y saneamiento en San Antonio de los Cobres, Olacapato, Salar de Pocitos, Santa Rosa de los Pastos Grandes y Tolar Grande". Y la incorporación de "tecnología de última generación para reforzar los sistemas de fiscalización y control minero, fiscal y aduanero".
Curá sostuvo que el Programa Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio "beneficiará directamente a más de 30.200 personas en comunidades aledañas a las rutas intervenidas y localidades de la Puna salteña", y "más de 30 mil usuarios logísticos se verán favorecidos por mejoras en seguridad vial, transitabilidad y tiempo de viaje".
Además, "las empresas mineras, agroindustriales, forestales y turistas del Valle de Lerma, los Valles Calchaquíes y Puna mejorarán su competitividad con menor costo logístico", sostuvo.
En cuanto a las condiciones del crédito, repasó que el plazo de amortización es de 20 años a partir de la suscripción del contrato, las amortizaciones serán semestrales, con un plazo de gracia de 5 años y medio para iniciar el pago de las cuotas.
Asimismo, recordó que el Ministerio de Economía de Salta informó que cuando se inició la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, al 31 de diciembre de 2019, la deuda de la provincia era de más de 640 millones de dólares y al 30 de junio de este año, es de poco más de 274 millones de dólares, "es decir que ya se han pagado más de 366 mil millones de dólares".
Críticas al retiro del Gobierno nacional
Por otro lado, Curá subrayó que el financiamiento de estas obras "corresponde al Gobierno nacional”. Se trata de una iniciativa que "trasciende obviamente, ampliamente, a nuestra provincia, y debería formar parte de una política de Estado del Gobierno nacional". Sin embargo, "No podemos esperar que el Gobierno nacional siga sin hacer las obras que son necesarias para nuestra competitividad”, sostuvo.
Walter Wayar (de Cachi) el voto positivo de su bloque. “No hay ninguna duda de que el crecimiento de nuestra provincia, y de la región, pasa por la integración con los países hermanos de esta parte de Sudamérica, y que para el norte argentino para la provincia de Salta, es fundamental hacer las obras de infraestructura que tienen que ver con rutas, con obras de infraestructura para energía, para el agua”, afirmó.
También destacó que el gobierno provincial honró la deuda con organismos de crédito. Pero dijo que como no se trata solamente de honrar la deuda, sino también de "brindar la atención debida a los temas esenciales que tienen que ver con el ser humano, como la salud, la educación”, su bloque planteó al ministro de Economía que se prevea un mecanismo para que parte de esta deuda se pague con aportes de aquellos sectores que se verán beneficiados con esas obras.
Javier Mónico (Rosario de la Frontera) también cuestionó la falta de federalismo histórico en el país. "Sabido es que nuestro país tiene un desarrollo en términos económicos, bastante asimétrico”, sostuvo.
Y defendió la obra pública como dinamizadora de la economía. “Genera condiciones para el desarrollo económico”, para “mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, afirmó antes de criticar la paralización de obras públicas por parte del Gobierno nacional.
Esteban D’Anrea (Chicoana) destacó que la provincia solicita este préstamo para destinarlo a una inversión.
Y Gustavo Carrizo (Capital), que integra la Comisión de Minería, dijo que consideran a este proyecto "como indispensable”. También destacó que la Nación no se hizo cargo de la etapa de obra del Corredor Bioceánico que le corresponde a la Argentina, una infraestructura que también es ejecutada por los gobiernos de Brasil y Paraguay. “Y este proyecto busca enmendar” esa inacción, agregó.
