El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA) presentó un recurso de amparo con pedido de medidas cautelares para que la administración de justicia retrotraiga acciones administrativas del gobierno provincial que interpretan como persecución contra este gremio. 

El amparo que se va a resolver en lo contencioso administrativo, apunta contra la quita de cuatro de las cinco licencias gremiales con las que contaba este Sindicato. La única que no fue levantada esa la de la secretaria general del SITEPSA, Victoria Cervera, mientras que en el caso de las otras cuatro además de que se anularon las licencias gremiales, el gobierno retuvo los haberes de septiembre.

La decisión gubernamental recayó incluso en el caso de Mabel Guerra, vocal de la comisión directiva de SITEPSA, que ni siquiera se tomó la licencia gremial dado si bien la había pedido continuó en su labor de docente en zonas rurales en todo momento. Pese a ello, sus haberes también fueron retenidos.

Si bien hubo otros sindicatos que no firmaron el último acuerdo paritario rubricado a fines de julio, SITEPSA lanzó una medida de fuerza que consistió en un total de siete días de paro entre julio y agosto, con impasse de por medio. 

El gobierno respondió descontando los días de paro a los docentes que adhirieron a la medida de fuerza. Es así que además de una medida cautelar para que se restituyan los haberes para los gremialistas, SITEPSA agregó en el reclamo judicial la restitución de haberes descontados a quienes acataron el paro.

Pero además del descuento de los días de una huelga que, según sostiene el Sindicato, fue comunicada en tiempo y forma, quienes pararon tienen también “falta injustificada”. Según lo indicó el gobierno provincial en su momento, de esta manera se computó la ausencia de los paros de docentes autoconvocados, dado que el gobierno sostiene que no tienen la potestad de convocar a una medida de fuerza dentro de los marcos legales.

La cuestión es que la falta injustificada implica una sanción que puede perjudicar la carrera docente.

Cervera dijo a Salta/12 que estiman que hay unos cinco mil docentes perjudicados con descuentos de haberes y faltas injustificadas por sumarse a los paros.

“Es el único Sindicato al que aplican estas sanciones”, reiteró. Añadió que al llevar a cabo estas acciones, que calificó de antisindicales, el gobierno ni siquiera siguió el camino administrativo correspondiente.

Entre sus argumentos, el gobierno provincial afirmó en su momento que las licencias gremiales con goce de haberes se otorgaban según la cantidad de afiliados de cada sindicato, e interpretaba que a SITEPSA solo le correspondía una. Cervera, por su parte, afirmó en aquel momento que en todos los sindicatos se otorgan licencias gremiales sin cumplir con el requisito, y que al único que le quitaron fue al que encabeza, señalado como una de las entidades más combativas dentro de las paritarias.

Apoyo nacional y de DDHH

SITEPSA indicó que hasta el momento recibió el apoyo de sindicatos de otras provincias. Además, la Mesa de Derechos Humanos de Salta (integrada por Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, la Asociación de DDHH Coca Gallardo e HIJOS Salta en la Red Nacional) junto a la Asociación Miguel Ragone, se solidarizaron con el gremio y calificaron de "autoritarias y discriminatorias" las medidas tomadas por el gobierno provincial. "Estas medidas del gobierno de la provincia son inconstitucionales", afirmaron. 

Por el momento, según lo indicado por el propio Sindicato, no hubo solidaridad de parte de las otras entidades sindicales salteñas.