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El comienzo del Mes de la Afroargentinidad es sin dudas un buen momento para reflexionar sobre cuánto retrocedió la Argentina en materia de derechos humanos. En un escenario de ajuste y desmantelamiento institucional, la vida cotidiana de las mayorías populares se volvió más precaria y las políticas destinadas a los afrodescendientes, que habían tenido avances en los últimos años, hoy se encuentran desarticuladas.
A comienzos de 2024 el gobierno nacional dispuso el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo creado en 1995 para aplicar la Ley 24.515 y atender las denuncias por hechos de racismo y discriminación. Su disolución dejó sin funcionamiento la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, un espacio que dependía del INADI y que articulaba con las organizaciones afroargentinas la producción de datos y la elaboración de políticas específicas. Desde su creación, esa comisión había impulsado informes, capacitaciones y propuestas de inclusión de la variable étnico-racial en los registros oficiales, una deuda histórica del Estado argentino.
La violencia policial no sólo no cesó, sino que se recrudece al amparo de discursos oficiales que legitiman el odio y la criminalización de los cuerpos racializados. En ese contexto, el Estado argentino continúa sin cumplir las obligaciones internacionales asumidas tras la sentencia “Acosta Martínez y otros vs. Argentina”, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020. Aquel fallo había reconocido el uso sistemático de perfilamiento racial por parte de las fuerzas de seguridad y ordenó medidas concretas: capacitaciones obligatorias, creación de registros oficiales sobre detenciones basadas en criterios raciales y producción de estadísticas desagregadas por origen étnico-racial. Ninguna de esas acciones fue implementada. A cinco años, el país sigue sin contar con datos que permitan dimensionar la discriminación racial en el sistema de justicia, lo que consolida un patrón de impunidad institucional.
El retroceso no es solo interno. En el último año Argentina se retiró de los espacios internacionales de discusión sobre racismo y justicia racial, perdiendo representación en instancias de Naciones Unidas y en foros regionales donde históricamente se había posicionado con una agenda de igualdad. La ausencia de delegaciones, informes y participación activa en el cierre del Decenio Internacional para los Afrodescendientes y la apertura del segundo Decenio, refleja una política exterior que desatiende los compromisos multilaterales en materia de derechos humanos.
A esto se suma la ruptura de los canales de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, que fueron sistemáticamente excluidas de los espacios de consulta y participación. Las mesas interinstitucionales que antes articulaban acciones con la Secretaría de Derechos Humanos dejaron de funcionar. En su lugar, se impuso un modelo unilateral donde las comunidades afroargentinas ya no tienen interlocutores estatales ni acceso a información pública sobre políticas que las afectan.
Las estructuras estatales creadas para promover la igualdad racial perdieron presupuesto, personal y capacidad de acción. El cierre de programas, la reducción de áreas específicas y la falta de articulación con los movimientos afrodescendientes deterioraron un proceso que, aunque insuficiente, había logrado instalar en la agenda pública la discusión sobre racismo y desigualdad. El Estado dejó de hablar de justicia social y mucho menos de justicia racial, borrando la historia y el conflicto social que esa palabra contiene.
Desde las organizaciones afroargentinas se insiste en que el problema no es solo la falta de recursos, sino el desinterés político. La institucionalidad que costó décadas construir fue desmantelada sin discusión pública. La desaparición del INADI, la falta de participación en organismos internacionales y la desprotección de las agendas locales son parte de un mismo proceso. Sin datos no hay políticas. Y sin políticas, el racismo se naturaliza. La ausencia de registros oficiales no es una omisión técnica, es una forma de negar la existencia misma de la comunidad afroargentina y de eludir las responsabilidades del Estado frente a la discriminación estructural.
La precarización del Estado se traduce también en un retroceso simbólico, el racismo vuelve a expresarse sin mediaciones, con discursos que reivindican jerarquías raciales y niegan la historia afroargentina. Mientras se multiplican las expresiones de odio y se promueve una pedagogía de la indiferencia, el país parece alejarse del horizonte de justicia racial que de todas maneras, siempre estuvo bastante lejos de hacerse real.
Para ampliar el debate sobre justicia racial y políticas públicas
En este contexto de retrocesos y silencios oficiales, hoy se realiza en la UMET el III Seminario Internacional sobre Políticas Públicas y Afrodescendientes, bajo el lema “Democracias fracturadas, pueblos en lucha: los desafíos de la justicia racial en la región”. Organizado por el Núcleo de Estudios sobre Racismo y Desigualdades (UMET/DIAFAR) con el acompañamiento de CLACSO, el encuentro busca reabrir el debate público y fortalecer la articulación regional frente al desmantelamiento de las políticas antirracistas.
