Las lluvias que esta semana inundaron millones hectáreas en la provincia de Buenos Aires dejaron canales anegados y campos sumergidos, y abrieron una nueva grieta política entre la Nación y la Provincia. Esta vez, el eje del conflicto es el desborde del Río Salado y el freno a una obra clave para evitar anegamientos. El ministro de Infraestructura de la provincia, Gabriel Katopodis, salió a cruzar a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que había responsabilizado a la gestión bonaerense por la no finalización de obras en la cuenca. Pero en su acusación, Bullrich omitió los documentos que señalan al gobierno de Javier Milei como responsable de la paralización del tramo IV, etapa 2 del proyecto hidráulico. En medio de todo, el gobierno provincial ya decidió avanzar con la licitación del tramo V, que le corresponde, para meterle presión a la administración nacional.
“El Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla conjuntamente entre el gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires. Cada jurisdicción ejecutó obras de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2023. A partir de ese momento, la Nación paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo IV, como ocurrió con 2.308 obras públicas en todo el país”, publicó Katopodis en su cuenta de X con un título tajante: “La verdad sobre la obra del Río Salado”.
El mensaje fue una respuesta directa a Bullrich, que en conferencia de prensa acusó al gobierno bonaerense de no “hacerse cargo” del desborde. “Esto es un desorden. Lo tiene que ordenar la Provincia de Buenos Aires, como no lo está haciendo, no sabemos quién se hace cargo”, dijo la ministra, al anunciar, casi por primera vez, un envío de recursos y la conformación de un Comité de Emergencia.
Documentos que hablan
Buenos Aires/12 accedió al documento oficial fechado el 27 de febrero de 2025, donde se instruye a las contratistas encargadas de los subtramos A, B y C de la etapa 2 del tramo IV de la obra a “proceder con la neutralización del plazo de obra”. La orden provino del gobierno nacional y afectó a más de 30 kilómetros de canal entre Roque Pérez y Lobos, un punto crítico para el escurrimiento del río.
La nota administrativa, enviada a las empresas Centro Construcciones SA, Pentamar SA UTE, José J. Chediack SAICA, Ecodyma, Dragados y Obras Portuarias SA y Sabavisa SA, oficializó la interrupción de los trabajos, que ya habían comenzado a ralentizarse desde diciembre de 2023 por falta de pagos. La decisión, según confirmaron fuentes del gobierno bonaerense a este medio, obedeció a la suspensión de financiamiento por parte del Ejecutivo nacional a las órdenes de Milei.
El documento coincide con la información publicada por Katopodis, quien sostuvo que la parálisis de ese tramo con un avance significativo y fondos asignados a través del Fondo Hídrico trabó además la posibilidad de obtener financiamiento internacional para el tramo 5, que sí está bajo ejecución provincial. De todas formas, la gestión provincial confirmó a este medio que antes de que termine el 2025 se realizará la licitación del tramo para ganar tiempo, cuyo proyecto está siendo evaluado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El Plan Maestro Integral del Río Salado contempla la adecuación de 531 kilómetros del cauce del río, que atraviesa 59 municipios y afecta directamente a más de 8 millones de hectáreas productivas. Hasta ahora, se completaron 402 kilómetros. Otros 95 kilómetros (tramo 5) están en etapa de licitación provincial y 33 kilómetros (la ya célebre etapa 2 del tramo IV) permanecen paralizados por decisión nacional.
Según la información oficial del Ministerio de Infraestructura bonaerense, la paralización de las obras en este tramo “produce consecuencias negativas en aproximadamente 10.000 hectáreas” por la diferencia de ancho del cauce entre los sectores ya ensanchados y los tramos frenados. Esa disparidad provocó un cuello de botella que impidió el escurrimiento adecuado de las lluvias excepcionales de las últimas semanas.
La situación afecta directamente al corazón agropecuario de la provincia. De hecho, organizaciones rurales ya venían advirtiendo desde marzo pasado el freno de la obra y los riesgos para la temporada 2025/2026. La falta de inversión del gobierno nacional es clara, de los 175 mil millones de pesos recaudados por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica entre 2024 y el primer trimestre de 2025, solo se ejecutaron 13 mil millones de pesos (el 7,45 por ciento), según pudo conocer este medio.
“La paralización de los trabajos ya lleva casi dos años. De haberse mantenido el ritmo de ejecución previo, la obra del tramo 4 podría haberse finalizado durante 2024”, aseguró Katopodis en su posteo e insistió: “Lo dijimos y lo sostenemos: la inversión en infraestructura es fundamental para que la Argentina pueda crecer produciendo más y con más calidad de vida para los ciudadanos. En situaciones como esta es cuando se demuestra el verdadero valor de la obra pública y el trabajo mancomunado de diferentes áreas del Estado”.
“Los documentos muestran que mientras la Nación recorta fondos y paraliza tramos, la Provincia proyecta, ejecuta y busca financiamiento para completar un plan que lleva más de dos décadas”, completaron desde el gobierno bonaerense.
Nodo Bragado y las obras complementarias del Salado
El impacto estructural de esta parálisis no solo se observa en el tramo interrumpido. Tal como anticipó Buenos Aires/12 en octubre, el Nodo Bragado, pieza clave para el desarrollo de la Cuenca Alta del Salado, fue finalmente incorporado al Presupuesto 2026 bonaerense con una inversión prevista de 130 mil millones de pesos, de acuerdo a la información dada a conocer por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Se trata de una obra esperada durante más de 25 años, pero también resistida por sectores de la comunidad local, por temor a convertirse en la “olla” que reciba el agua de otros distritos.
Sin embargo, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, logró destrabar el conflicto con una propuesta de equilibrio: la construcción de un terraplén de contención que garantice la seguridad de la ciudad. “Bragado no se va a inundar si se hace la obra. Se va a inundar otra vez si no se hace”, dijo Barenghi a este diario.
Desde Carlos Casares, el ingeniero civil Daniel Stadnik, con 25 años en la Dirección Provincial de Hidráulica, explicó que sin la finalización del tramo IV y el avance del Nodo Bragado, no es posible garantizar el escurrimiento del agua de distritos como Lincoln, Carlos Casares, 9 de Julio y Pehuajó. En su visión técnica, la falta de obras deja a estos municipios “sin salida”.
Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, llovieron 1.900 milímetros, más del doble del promedio anual. Con ese nivel de precipitaciones, incluso sistemas hidráulicos terminados estarían exigidos. Pero sin los tramos clave completados, los efectos se potencian. “Donde la obra ya está terminada, la inundación es muchísimo menor. Se nota la diferencia y cómo funciona”, afirmaron fuentes que conocen la zona afectada a este medio.
El Plan contempla, además de dragado y ensanche, la adecuación de puentes, caminos, la creación de recintos para drenar excedentes hídricos de 2,8 millones de héctareas y la incorporación de monitoreo hidrodinámico para la Región Hídrica Área Pampeana Central, que involucra a los partidos de 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Lincoln, Pehuajó, Trenque Lauquen, en el noroeste bonaerense. Y a pesar del freno de Nación, la Provincia avanzó con el financiamiento externo del tramo V. Durante este mes de noviembre se abrirán las licitaciones para la obra.
Caminos rurales
Desde febrero, el gobierno bonaerense reforzó la asistencia a municipios con 2.000 millones de pesos para mantenimiento de caminos rurales, envío de maquinaria para terraplenes y defensas, bombas hidráulicas y tubos para alcantarillado. También se limpian arroyos y canales secundarios, muchas veces obstruidos por obras clandestinas que desvían el agua a campos vecinos.
En esa línea, se firmó un convenio entre la Autoridad del Agua y varios municipios –entre ellos Bragado, Trenque Lauquen, Casares y 25 de Mayo-, para detectar obras no autorizadas. La informalidad en el manejo hídrico, alimentada por desesperación y falta de infraestructura, tiene efectos colaterales como caminos rurales intransitables y pérdida de productividad en campos sin desagües.
En lo que va del año, el gobierno bonaerense dispuso la exención del Inmobiliario Rural para productores agropecuarios de 19 municipios que registran más del 50 por ciento de afectación por condiciones climáticas adversas. La medida se enmarca en el programa de asistencia provincial para mitigar el impacto del clima en el agro e incluye también prórrogas en los pagos y reprogramación de deudas con el Banco Provincia.
