Para un trabajador que gana 10 mil pesos y toma un solo colectivo para ir y volver de la oficina, el gasto por ese traslado era hasta ahora de 260 pesos por mes (40 viajes a 6,50 pesos, el boleto más pedido). Es decir, el 2,6 por ciento de su ingreso. En junio, cuando terminen de aplicarse los aumentos decretados por el Gobierno, ese trabajador deberá desembolsar 430 pesos (con el pasaje encarecido a 10,75). O sea, el 4,3 por ciento de su sueldo, por lo que habrá perdido 1,7 puntos porcentuales de salario que antes podía destinar a otros consumos. Son 170 pesos, unas siete empanadas de rotisería, en registro de Prat-Gay. Si para entonces ese trabajador hubiera obtenido una paritaria con un aumento salarial del 15 por ciento, como sugiere el Gobierno, en lugar de cobrar 10 mil pesos ganará 11.500, y los 430 pesos del gasto en colectivo para ir a trabajar representarán el 3,7 por ciento de su nuevo ingreso. En ese caso, en lugar de perder 1,7 puntos porcentuales de salario por el incremento del transporte cederá 1,1. Serían ya no siete, sino cinco empanadas menos. Y si la paritaria arrojara en junio una suba del 20 por ciento, entonces el salario treparía a 12 mil pesos y el costo de los pasajes significaría el 3,6 por ciento del sueldo, y la pérdida respecto de la situación actual quedaría en 1 punto. La retracción de consumo en término de empanadas bajaría en esa situación ideal a cuatro menos al mes. En esta condición se encuentra la inmensa mayoría de los trabajadores sobre quienes recae el tarifazo del transporte. El 80 por ciento de los usuarios no accederán a la Red Sube simplemente porque no utilizan más de un medio para desplazarse por la ciudad. No tienen oportunidad de aprovechar los beneficios del boleto multimodal que efectivamente aminora el impacto para una porción muy minoritaria de pasajeros. Para la mayoría, en conclusión, el incremento de colectivos, trenes y subtes le morderá una porción de su ingreso disponible. En el ejemplo de quien toma un solo colectivo y tiene un salario de 10 mil pesos, serán de 4 a 8 empanadas menos por mes según como le vaya en la paritaria.

El ejemplo se puede extender al servicio eléctrico, al del gas, los combustibles, los peajes, las prepagas, la telefonía celular y el fútbol ahora pago, entre muchos otros, que se han encarecido de modo sustancial en lo que va del verano y representan cada vez más dinero en el presupuesto familiar. Son aumentos ordenados o autorizados por el Gobierno en detrimento del bolsillo de los trabajadores y en beneficio de un puñado de empresas de sectores concentrados de la economía. Esos pocos prestadores absorben miles de millones de pesos que fluyen desde las cuentas sueldo de millones de personas. En electricidad, para seguir el recorrido del trabajador citado al comienzo, la factura que el verano pasado valía 80 pesos se disparó a 240 en la actualidad. La consecuencia es que le queda cada vez menos plata para consumir en la casa de empanadas. Son otras seis menos, y así va restando con los incrementos de cada servicio. Se ve también claro con el fútbol. De no valer nada hace un año pasó a costar 300 pesos en la actualidad: 10 empanadas menos. Y si no tenía el decodificador, el chiste sube a 500 pesos: 20 empanadas. Al final del día, como les gusta decir a los economistas formateados en Estados Unidos, ese trabajador dispone de 60, 80 o 100 empanadas menos al mes. Es capacidad de consumo rebanada de su sueldo por decisión del Gobierno en beneficio de unos pocos prestadores de servicios.

Como se aprecia, el macrismo no es neutral en la puja distributiva. De acuerdo a las estimaciones del ex viceministro de Economía Emmanuel Alvarez Agis, el aumento del transporte representará una carga adicional de 18 mil millones de pesos este año para los usuarios de colectivos, trenes y subtes. El primer argumento que expone el Gobierno para justificar que le mete la mano en el bolsillo a un trabajador que gana 10 mil pesos y le saca entre el 1 y el 1,7 por ciento de su sueldo es la emergencia fiscal. Como hay mucho déficit no se puede seguir con tantos subsidios, sostienen las autoridades. Javier González Fraga decía que eso era irreal, que no se podía subsidiar alegremente a los trabajadores para que después anduvieran comprando celulares, televisores o yendo a veranear. Frente a ese discurso, Alvarez Agis recuerda que la quita de retenciones a las exportaciones de soja que el Gobierno ratificó para este año son también 18 mil millones de pesos menos de recaudación. Es decir, millones de pasajeros del área metropolitana pagarán tarifas por 18 mil millones de pesos más, mientras que los productores de soja tendrán una reducción de la carga tributaria por 18 mil millones de pesos (las retenciones bajan 6 puntos en el año, a razón de 0,5 por ciento por mes). Otra forma de decirlo es que para cubrir la rebaja a los sojeros por 18 mil millones de pesos, los bonaerenses tendrán que soportar un incremento del transporte del 66 por ciento, muy por arriba de cualquier paritaria. 

Más allá del evidente impacto redistributivo, esa evolución tiene implicancias macroeconómicas. No es lo mismo un país que crece en base a una mayor demanda popular que otro que lo hace con caída del consumo, aumento del desempleo y suba de la rentabilidad de empresas concentradas. En el caso de la producción primaria de soja, se contabilizan unos 80 mil productores en el país, pero de ellos el 6 por ciento concentra el 54 por ciento a través de pools de siembra o grandes explotaciones, según datos relevados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En grandes números, la nueva rebaja de retenciones de este año le permitirá embolsar a unos cinco mil terratenientes alrededor de 9 mil millones de pesos adicionales, que se suman a lo que ya obtuvieron por la disminución de derechos de exportación anterior. Son unas 72 mil empanadas por cabeza en promedio por el beneficio de 2018. El trabajador que gana 10 mil pesos y toma un colectivo de ida y vuelta a la oficina les aportará de 4 a 8 por mes, como se indicó al comienzo.

Las empresas eléctricas disfrutan de la misma concepción de política económica con las subas de tarifas. Esto se refleja por ejemplo en la acción de la distribuidora Edenor, que subió 121 por ciento el año pasado, algo menos del doble que el índice Merval. La apreciación cambiaria del último año, ahora recortada por el corrimiento de las metas de inflación y la baja prevista de las tasas de interés, también favorece a los sectores empresarios para la importación de equipamiento y eso empuja la inversión. “Si para vos es barato irte a Chile, para una empresa es barato traer una máquina de Alemania”, explica Alvarez Agis. Es un esquema similar al de los años 90, cuando crecía la inversión y al mismo tiempo subía la desocupación por el desplazamiento de producción local por bienes importados y se ensanchaba dramáticamente la desigualdad social.

El resultado concreto de la política oficial en el consumo masivo es también gráfico de lo que está ocurriendo. Según CAME, en 2016 las ventas minoristas bajaron 7,0 por ciento y en 2017 lo hicieron un 1,0 por ciento. La misma evolución describen consultoras privadas que pulsan el mercado interno. Además, pronostican para 2018 otro año con números flojos. En el mejor de los casos, las ventas se mantendrán estancadas y en un escenario más pesimista tendrán un nuevo descenso de alrededor del 1 por ciento. La magnitud que presentan los nuevos tarifazos y ajustes de precios empiezan a inclinar la balanza de los consultores a esta última opción, para desgracia de quienes cuentan los billetes para comprar empanadas.