Alertan que el Rawson viola la ley de salud mental
Un Hogar que no cuida
El Órgano de Revisión de la ley de Salud Mental advirtió que el Hogar de Ancianos, además de tener fallas edilicias y de seguridad, no brinda tratamiento adecuado a sus pacientes.
La advertencia del Organismo respalda las realizadas por la Asesoría Tutelar.La advertencia del Organismo respalda las realizadas por la Asesoría Tutelar.La advertencia del Organismo respalda las realizadas por la Asesoría Tutelar.La advertencia del Organismo respalda las realizadas por la Asesoría Tutelar.La advertencia del Organismo respalda las realizadas por la Asesoría Tutelar.
La advertencia del Organismo respalda las realizadas por la Asesoría Tutelar. 
Imagen: Guadalupe Lombardo

El Órgano de Revisión de la ley de Salud Mental cuestionó el funcionamiento del Hogar de ancianos Guillermo Rawson y la falta de proyecto institucional del establecimiento, en el que el 60 por ciento de los pacientes padecen trastornos mentales. La alerta se sumó a la que ya había realizado el Asesor Tutelar Gustavo Moreno por las graves irregularidades detectadas en una inspección, y que fue informada por este diario el 11 de enero. Ahora, la Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión, Graciela Iglesias, contó a PáginaI12 que durante la visita realizada para evaluar a dos personas residentes en la institución “constatamos un deterioro edilicio muy grave, irregularidades en la protocolarización de la atención y la falta de servicio médico adecuado”, por lo se requirió a las autoridades del gobierno y del Hogar Rawson “la adecuación del abordaje de los tratamientos a lo que dispone la ley de Salud Mental y la reestructuración edilicia”.

El requerimiento, fechado el 15 de enero, tuvo origen en una visita al Hogar Rawson –ubicado en Amancio Alcorta 1402, en el barrio de Constitución– del equipo técnico del organismo encargado de proteger los derechos humanos de los usuarios en los servicios de salud mental.

Iglesias explicó que el equipo evaluador llegó a la institución porque “nos dio intervención una Defensora Pública de Menores e Incapaces, para que realicemos una evaluación de dos personas residentes en el Hogar”.

Cuando los profesionales llegaron al Rawson, vieron el contexto y sumaron la información de que el 60 por ciento de las personas alojadas presentaban problemas psiquiátricos, de acuerdo a lo informado por el  director del establecimiento, la visita de control pasó a convertirse en un relevamiento de la población institucionalizada.

“Se constató en primer lugar que el ambiente mezcla personas mayores en situación de calle y vulnerabilidad con aquellos que padecen problemas de salud mental, sin la debida atención y el adecuado abordaje. Si bien todos requieren un abordaje integral, que no se está dando, el carácter ambiguo del establecimiento dificulta aún más la atención. Es necesario armonizar el tratamiento de aquellos que están bajo el paraguas de la ley de Salud Mental, y que a todos se les garanticen sus derechos protegidos por la Convención de Personas Mayores”, remarcó.

En ese sentido, el informe del equipo interdisciplinario señala que es necesario “tomar distintas acciones y abordajes que permitan diferenciar el carácter” del establecimiento, es decir, determinar si es un centro “sanitario o un hogar de convivencia para personas mayores”. En cualquier caso, remarca que es necesario un abordaje integral que acorde al artículo 19 de la Convención asegure la “atención preferencial y el acceso universal equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad”.

Iglesias agregó que “hay personas en distintos estadios de su vida y situación. Algunos con afectación en su salud mental, pero otros no. Y es necesario que se modifiquen las condiciones para que quienes están alojados tengan una vejez proactiva y el lugar no sea un depósito de personas”.

En cuanto a la falta de servicio médico, el informe señala que el Hogar no cuenta con el servicio “necesario para resolver de manera autónoma las situaciones que se presentan”, y que el médico clínico del establecimiento sostuvo que “sólo cuenta con suero, oxígeno y algunos medicamentos, teniendo que acudir al hospital Penna ante una eventualidad”. A esto se suma la falta de personal propio para la atención psiquiátrica, por lo que cada quince días un psiquiatra del Hogar San Martín concurre al lugar.

Actualmente hay cuatro hogares de adultos mayores –de 60 años o más– que dependen del Gobierno porteño. Dos están dentro del distrito el San Martín y el Rawson, y dos en territorio bonaerense, el Hogar Martín Rodríguez, en Ituzaingo y el Hogar Alejandro Raimondi, en Necochea, también denunciado por Moreno por fallas de infraestructura y atención.

La infraestructura fue otro de los blancos de las críticas del equipo de revisores, quienes señalaron que las irregularidades en las condiciones de habitabilidad representan “una franca violación a los derechos” de los residentes. Y señalaron que “las instalaciones del hogar en términos generales se encontraban en  estado de considerable deterioro, suciedad y abandono”.

En la misma línea que el informe de Moreno, el relevamiento registró que durante la inspección se observaron irregularidades en la seguridad: puertas de emergencia cerradas, falta de mangueras hidrantes, conexiones eléctricas sin tapas, falta de matafuegos.

Los cuestionamientos del Asesor Tutelar apuntaban también a las irregularidades en la protocolarización de la atención de los pacientes, al observar que las historias clínicas carecían de foliatura, lo que permite su adulteración, y la falta de una “evaluación geriátrica multidimensional, diagnóstico y tratamiento discriminado; evolución médica no mayor a 30 días; cambio de tratamiento con consentimiento escrito”.

En este sentido, Iglesias coincidió con las observaciones de Moreno y explicó que “el 28 de diciembre pedimos los protocolos de atención y todavía no tenemos respuesta. Las irregularidades están comprobadas respecto a lo que la ley pide. El nuestro es un informe complementario al del Asesor Tutelar, pero focalizado en las normas de Salud Mental”.

Además de requerir la adecuación del abordaje de los tratamientos de salud mental, el organismo pidió a las autoridades de la institución que no continúen con el ingreso de personal al lugar, hasta que se “adopten las medidas pertinentes de reestructuración habitacional y edilicia”.