La denuncia llegó a la Justicia hace una década cuando Adriano Acosta pidió que sean investigados quienes durante la dictadura tuvieron a cargo el Superior Tribunal de Justicia de Formosa. El razonamiento de Acosta era y es simple: “Los pusieron los militares en sus puestos, me secuestraron de mi lugar de trabajo, les avisé pero nadie hizo nada para que no me torturaran y ni siquiera me devolvieron el trabajo”. Acosta era jefe de la imprenta del Supremo Tribunal formoseño en agosto de 1976 cuando una patota bajo el mando del área 234 del Ejército se lo llevó de su oficina y lo torturó en el centro clandestino que funcionó en el Regimiento de Infantería de Monte Nº 29. 

No fue el único secuestrado del Poder Judicial provincial, que cuenta con varios sobrevivientes del terrorismo de Estado y un puñado de desaparecidos. La causa que busca establecer responsabilidades civiles casi cae en el archivo porque tras rebotar en el fuero federal formoseño, en la Cámara de Resistencia y en Casación de Buenos Aires por diez años, tomó un impulso y aguarda al final de la feria para obtener el visto bueno al pedido que realizó el fiscal federal Flavio Ferrini semanas atrás. Se pide que los ex jueces Bernardo Montoya, Sergio Martínez y Jorge Vázquez Rey sean indagados por encubrimiento, abuso de autoridad y mal desempeño. 

“Creemos que hay pruebas suficientes para que se les pida explicaciones respecto de por qué se quedaron de brazos cruzados sin pedir explicaciones de lo que estaba ocurriendo con los empleados y de las decisiones que tomaron para encubrir el accionar represivo”, apuntaron desde la fiscalía federal que dirige Ferrini, que tiene base en Corrientes pero subroga el rol del Ministerio Público Fiscal en la investigación que intenta dilucidar la responsabilidad de los ex jueces en delitos de lesa humanidad.

Montoya, Martínez y Vázquez Rey –y otros dos más ya fallecidos– fueron nombrados miembros del Superior Tribunal de Justicia por el represor Juan Carlos Colombo apenas asumió la gobernación de la provincia, cargo que le regaló el dictador Jorge Rafael Videla recién estrenada la dictadura.  

Entonces, el ámbito judicial era en Formosa uno de los focos de actividad gremial más activos. La Asociación Judicial de esa provincia fue la agrupación de trabajadores más golpeada por el plan sistemático de tortura y exterminio –el otro fue el que creció al calor de la Liga Campesina–. Ferrini solicitó al juez federal Juan Carlos Vallejos que indague a los tres ex miembros del Superior Tribunal de Justicia formoseño por encubrir los secuestros y las torturas sufridas por Acosta, quien los denunció en 2007, y de otros seis empleados del Poder Judicial -dos permanecen desaparecidos-. Según el requerimiento fiscal, los entonces ministros de la Corte de Formosa “usufructuaron las facultades que les conferían sus cargos para dictar decisiones que brindaran cobertura a las acciones ilegales y que los sustrajeran de cumplir con sus obligaciones y deberes que sus cargos de funcionarios públicos les conferían”.

Los casos

Acosta era jefe del área de Imprenta del Superior Tribunal de Justicia. El 5 de agosto de 1976 se encontraba en su puesto de trabajo cuando, cerca del mediodía, una patota que respondía al área 234 del Ejército lo fue a buscar. “Me fui hasta el despacho de los jueces y le dije a su secretario que informe que me estaban llevando”, recordó. Primero fue llevado al centro clandestino de detención que funcionó en la Sección Cuatrerismo de la Unidad Especial de Asuntos Rurales del Ejército, en el barrio San Antonio. “La Escuelita de San Antonio”, le decían. Luego lo pasaron al RIM. “Me recibieron con las caricias de la época”, ironizó para referirse a las torturas. Fue “blanqueado” y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), condición con la que cargó durante tres años. Pasó por cárceles de Santa Fe, Chaco y Formosa. 

Ese mismo día también fueron secuestrados Ángela Colman, Raquel Lebi, Andrés Medina y el matrimonio de Mirta Insfran y Ricardo Borgne. Colman era afiliada a la Asociación Judicial de Formosa. Fue trasladada al RIM y luego a La Escuelita, donde permaneció hasta el 17 de agosto de 1976, cuando la trasladaron a La Escuelita de donde fue liberada finalmente en octubre de 1977. A Lebi se la llevaron del juzgado donde se desempeñaba. Pasó por la Jefatura de Policía local antes de terminar en el RIM, donde fue torturada y abusada sexualmente. A disposición del PEN pasó casi cuatro años. Recuperó su libertad en Buenos Aires, en 1980. 

Medina fue trasladado a La Escuelita. Fue torturado con “picana eléctrica, “submarino seco”, sesiones agotadoras de ejercicios, golpes y patadas”, describe el requerimiento fiscal. Tras ser puesto a disposición del PEN, perdió encarcelado cinco años de su vida. La pareja, en tanto, permanece desaparecida. Fueron interceptados por una patota mientras viajaban en colectivo. El destino de ella fue La Escuelita, donde recibió torturas y abusos; el de él, en el RIM, no fue mejor. Ambos eran empleados judiciales. 

Un día antes, el 4 de agosto, con el pretexto de que los acompañara a ver un expediente judicial en Tribunales, dos hombres secuestraron a Elsa Alicia Chagra de su vivienda. La mujer se desempeñaba en el archivo general del Poder Judicial de Formosa. El propio STJ había permitido un allanamiento en el escritorio de Chagra por personal policial. La mujer pasó por torturas en la Escuelita, en el RIM, y en la Alcaldía de Mujeres que le dejaron huellas de por vida en su cuerpo. Acabó en Devoto. 

El encubrimiento supremo

Además de los sitios en donde permanecieron encerrados y fueron torturados, las víctimas también tienen otro punto en común: todos fueron desafectados de sus espacios de trabajo por el propio Superior Tribunal de Justicia. Contó Acosta que cuando lo liberaron, “lo primero” que hizo fue pedir que le restituyeran su trabajo, pero se “lo negaron”: “Me dijeron que como era un subversivo por orden del Ejército no podía volver a trabajar. Subversivo… ni sabía lo que significaba la palabra”.  

En acordadas emitidas entre 1976 y 1977, Martínez, Vázquez Rey y Montoya suspendieron o cesantearon a quienes, en esos momentos estaban siendo torturados o habían sido blanqueados a disposición del PEN. Para hacerlo, dieron como verídicos “informes remitidos por el Jefe del Área Militar 234 (en los que) asumían responsabilidad sobre esas detenciones sin mencionar causa o documentación respaldatoria que las justificara”, se desprende del requerimiento fiscal. “Sin perjuicio de ello, los magistrados no sólo no buscaron corroborar la licitud de la medida, sino que tampoco constataron la veracidad de los informes militares o las condiciones a las que sus empleados estaban siendo sometidos”, planteó Ferrini. 

En base a las pruebas reunidas, el fiscal concluyó que “surge claramente que los magistrados intervinientes usufructuaron las facultades que les conferían sus cargos para dictar decisiones que brindaran cobertura a las acciones ilegales y que los sustrajeran de cumplir con sus obligaciones y deberes que sus cargos de funcionarios públicos les conferían”.

La pata civil

El pedido de indagatoria a los ex jueces es “un paso adelante” por los referentes de organismos de derechos humanos formoseños. Es que si bien la provincia cuenta con tres juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados y cerrados con condenas, la lupa sobre civiles locales que continúan teniendo presencia en las calles de la provincia es más complicado.  En ese sentido, la llegada de Ferrini significó el reverdecer del expediente que comenzó en 2007 pero rebotó de mano en mano, sin avanzar, durante una década. No bien Acosta pidió que se investigue la pata civil judicial en los crímenes que él y varios otros trabajadores de ese Poder sufrieron durante la última dictadura, el entonces fiscal federal Carlos Shaefer lo descartó. La denuncia entonces empezó a quemar en las manos de la Justicia federal local e incluso en la Casación con base en Comodoro Py, donde por lo menos dos salas discutieron su competencia. Cuando regresó a Formosa, Shaefer había pedido el pase de jurisdicción a Corrientes donde se desempeña actualmente. “La familia judicial es muy chica en la provincia”, advierten la fuentes locales. 

La realidad es que el avance de investigaciones judiciales sobre la complicidad y la participación de la civilidad en los crímenes de la última dictadura no es una realidad de la que ninguna provincia pueda sentirse orgullosa. En la actualidad, según registros de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, solo cuatro provincias –Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Tucumán– cuentan con ex jueces condenados por delitos de lesa humanidad.