Panorama económico
Del pan a los Alpes
Imagen: AFP

Las federaciones de panaderos de la provincia de Buenos Aires discuten aumentos del pan del 15 al 20 por ciento para los próximos días. Evalúan el momento para hacerlo porque advierten que a la disminución estacional de la demanda se suma un nuevo bajón en el consumo.  También surgieron señales preocupantes como el aumento de cheques rechazados y el alargamiento de la cadena de pagos. Los incrementos en el gas, la electricidad, los combustibles, la harina, los insumos que se mueven al ritmo del dólar como los conservantes, colorantes o el huevo pasteurizado recalientan la estructura de costos del sector. En Córdoba se definió un alza del pan del 13 por ciento la semana pasada y de las pastas del 10 por ciento. El shock inflacionario de diciembre, con un avance del IPC nacional del 3,1 por ciento, se prolongará en el primer trimestre del año con subas que promediarán no menos de 2 puntos por mes hasta marzo. El sacudón ocasiona una caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones en un contexto de contracción del consumo masivo que ya lleva más de dos años. En 2016 las ventas de alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza cayeron entre 5 y 7 por ciento, según mediciones de consultoras especializadas y cámaras empresarias, en tanto que en 2017 esas ventas volvieron a bajar un 1 por ciento de acuerdo a las mismas fuentes. Para este año, las proyecciones iniciales eran de estancamiento o de una ligera recuperación del 1 por ciento, en función de que por cada 3 puntos de crecimiento del PIB, el consumo popular trepa 1 punto. Sin embargo, el golpe del verano y las previsiones de una actividad económica que se movería en el rango del 2 al 2,5 por ciento (el FMI estima esta última cifra) configuran un escenario otra vez sombrío, donde el consumo masivo podría volver a caer. Es una dinámica que expone ganadores y perdedores claros del modelo económico de Cambiemos. Lejos de corregir el rumbo, dos señales de esta semana confirman que la intención oficial es profundizarlo. La primera es la presión de los funcionarios para establecer un techo del 15 por ciento en las paritarias sin cláusula gatillo. La segunda es la consagración de la timba financiera a escala nacional con la autorización para que cualquier actividad comercial o individuo abra su propio uber cambiario de compra y venta de divisas. Ni Martínez de Hoz ni Domingo Cavallo se animaron a tanto.

Del lado de los ingresos el panorama va de regular a malo. En el caso de los jubilados, desde que cobraron el último aumento en septiembre del año pasado y hasta que vuelvan a recibir una actualización en marzo próximo se habrán acumulado entre 13 y 14 puntos de inflación. El ajuste previsto en marzo, el primero con la nueva fórmula de movilidad, será del 5,7 por ciento. A eso se agrega por única vez un bono de 750 pesos para quienes hayan completado 30 años de aportes y ganen más que la mínima (estos últimos ya tuvieron un avance hasta el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil este mes). Son alrededor de un millón de beneficiarios, sobre un universo de 6,5 millones. En su caso, lograrán empardar o estarán un par de puntos por arriba de la inflación acumulada. En cambio, quienes se jubilaron por moratoria o computan años por declaración jurada cobrarán un bono de 375 pesos y su haber quedará entre 2 y 3 puntos debajo de la inflación del semestre analizado. Eso consolida una pérdida global de entre 8 y 9 puntos de capacidad de compra desde que Mauricio Macri llegó al poder. Es una retracción que quedará cristalizada en el tiempo por la decisión del Gobierno de que las jubilaciones acompañen a la inflación, salvo que los salarios de los trabajadores activos -que computan en un 30 por ciento en la nueva fórmula de movilidad- peguen un salto, pero con las autoridades apretando el torniquete de las paritarias parece más bien improbable. En una situación similar se encuentran unos 3,8 millones de titulares de la Asignación Universal por Hijo, quienes se manejan con la misma movilidad y accederán en marzo a un bono por única vez de 400 pesos. Son sectores que además tomaron masivamente los créditos de Argenta el año pasado antes de las elecciones y ahora están en la etapa de saldar las cuotas.

En el escenario laboral las cosas no van mucho mejor. El Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd) explica en su último informe que la recuperación del empleo es más lenta que la experimentada en las dos fases recesivas anteriores, en 2009 y 2014. Esa lentitud aumenta la presión sobre las personas sin trabajo para aceptar condiciones de contratación más precarias o peor pagas. Las caídas de la economía en 2009, 2014 y 2016 demandaron luego ocho trimestres para alcanzar un nivel de actividad igual o mayor al momento previo al inicio de la crisis. Sin embargo, en 2010 cuando la recesión había pasado la creación de empleo registrado superaba en 0,7 por ciento el momento base. En 2015, tras los ocho trimestres, el empleo registrado había aumentado 2,9 por ciento desde el punto de caída. En 2017, por el contrario, superada la recesión en el tercer trimestre, la ocupación seguía mostrando una caída del 0,5 por ciento contra 2015.

Otro dato relevante del documento del Cetyd, vinculado con lo anterior, es el siguiente: el 49 por ciento de los trabajadores que consiguieron empleo el último año son subocupados. 220 mil en total, según datos oficiales. “Los asalariados informales obtienen un ingreso horario inferior en un 27 por ciento al de los asalariados formales por la misma tarea, antigüedad, lugar y perfil del trabajador”, puntualiza el instituto que dirige Carlos Tomada. Es decir que casi la mitad de los nuevos trabajadores ganan bastante menos que los deprimidos salarios de los empleados en relación de dependencia.

Diego Schleser, analista del Centro, apunta otro dato en la misma dirección. “La cuestión más importante son las diferentes modalidades que explican el crecimiento del trabajo formal en las distintas etapas. En 2015, de un total de 158 mil nuevos ocupados, 144 mil lo hicieron en puestos asalariados. En cambio, en 2017 más de la mitad de quienes se incorporaron a la economía formal lo hicieron a través del monotributo. Fueron 98 mil, contra 84 asalariados”, indica el paper. Esta es una forma del sector empresarial de abaratar costos laborales en detrimento de ingresos y derechos de los trabajadores. La reforma laboral que busca aprobar el Gobierno institucionaliza las contrataciones por tiempo parcial.

En resumen, en esta etapa el empleo se movió más lento, con más subocupados, más monotributistas y menos trabajo industrial -a octubre se reporta aún una disminución de 65 mil puestos fabriles en relación a 2015- que en las salidas de las recesiones de 2009 y 2014. Todo ello comprime la recuperación de la masa salarial y, en consecuencia, del consumo masivo. Todas las semanas, además, se anuncia el cierre de nuevas plantas, lo que permite advertir que la situación no mejora sustancialmente. Si a eso se agregan continuas dosis de ajustes de tarifas y precios, las perspectivas de salida se acotan todavía más. “En el exterior más bien recibimos elogios”, declaró sin embargo esta semana el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, desde los Alpes suizos, adonde la realidad evidentemente se aprecia con más glamour.

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