Desde aquí no se percibe, pero la campaña de los medios contra Lula es fortísima. Similar a la de aquí contra Cristina Kirchner. Igual que aquí, a Lula le llovieron las denuncias de corrupción, no fue solamente una, fueron varias para crear un estado de denuncia permanente que causara la sensación de verdad implícita y consumada. Una detrás de otra, una peor que la otra, metiéndose en cuestiones familiares, igual que aquí. Todas ellas sin pruebas. Eligieron la del departamento en Guarujá porque en esa, por lo menos, existe el departamento, hay algo material que pueden llevar al circo de la corporación mediática. En las redes se produjo una verdadera batalla entre los que defendían y los que denunciaban. Los que defendían al ex presidente, escribían “muestren las pruebas”. Los que lo acusaban respondían “500 folhas”. El tribunal de Porto Alegre presentó la fundamentación de su horrorosa condena en una carpeta de 500 hojas, que finalmente asumía que todo ese palabrerío alcanzaba para sostener la presunción de culpabilidad (ellos hablan de “la convicción que surge de la cantidad de indicios”, no de las pruebas) y que esa presunción alcanzaba a los jueces para declararlo culpable.

Mientras Lula era presidente, los medios argentinos no repitieron las denuncias permanentes de sus equivalentes brasileños, porque no querían diluir el efecto de las denuncias que ellos estaban realizando aquí. Un derechista argentino siempre se hará el democrático hablando bien de un dirigente izquierdista extranjero, o de uno local que no tenga posibilidad de disputar poder. Hablar bien de Lula, para cuestionar a Cristina y Néstor Kirchner fue una práctica de la derecha vernácula.

En Argentina la condena a Lula sorprendió más que en Brasil. Como si aquí no estuviera pasando lo mismo. La comparación es inevitable. Cristina Kirchner está lidiando con las múltiples causas que le llovieron como parte de la misma estrategia que se siguió contra Lula. Algunas son tan desopilantes que tuvieron que cambiar la carátula, otras involucran a la familia, con rasgos de ensañamiento, en ninguna hay pruebas sólidas, en algunas de ellas, las únicas pruebas son artículos periodísticos. Los fundamentos de la llamada doctrina Irurzun para encarcelar a dirigentes kirchneristas son tan genéricos y difusos como la condena de los jueces brasileños. Dice que cuando las denuncias involucran cifras tan grandes y los acusados son ex funcionarios, entonces corresponde meterlos presos “preventivamente”, que es lo mismo que la “presunción” de los jueces que condenaron a Lula. Las detenciones sobre la base de estas “presunciones” de la doctrina Irurzun se realizan en medio de un gran despliegue policial y humillaciones a los acusados, con la presencia de los medios oficialistas y hasta algunos partidarios del gobierno convocados para la claque. Irurzun rebajó el respeto a la libertad al nivel de una republiqueta bananera.

 Los medios oficialistas afirman que “debajo de la maraña de actuaciones hay pruebas” para condenar a los ex funcionarios y dirigentes del kirchnerismo. Pero que la “molicie” de algunos jueces y los “tiempos burocráticos del Poder Judicial” obligaron a Irurzun a imponer su doctrina. Aunque lo justifican, de alguna forma reconocen que se les fue la mano y que el 90 por ciento (esa maraña) es basura mediática.

La doctrina Irurzun determina que el juez puede decidir la prisión de cualquier acusado según su criterio y arbitrio. La herramienta judicial es tan imprecisa cuando se trata de privar de su libertad a una persona –que es inocente hasta que se demuestre lo contrario–, que pone de manifiesto que el foco de su interés no es la materia judicial, sino la política. Está pensada para que la prisión preventiva pueda ser utilizada con fines políticos, como ha sucedido en los hechos.

 Pero también es un arma de doble filo. Porque en el futuro se les podría aplicar a los que ahora son funcionarios del macrismo. Las acusaciones que pesan sobre ellos exceden a cualquiera de las denuncias contra Cristina Kirchner. Los 45 mil millones que se apresuró el gobierno a invertir por decreto en el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra que realizaban las empresas del grupo Macri asociadas con Odebrecht, ni se comparan con los 300 mil pesos por mes (15 mil dólares) por los que acusan a Cristina Kirchner de cobrar por el alquiler de un hotel de su propiedad. Y ni hablar de la condonación de la deuda de 70 mil millones que tenía el grupo Macri con el gobierno por el Correo.

 A pesar de que los jueces federales han actuado con total sintonía con el gobierno, el oficialismo presenta esta doctrina Irurzun –que no fue aplicada en ninguna de las denuncias contra funcionarios del gobierno– como parte de una supuesta disputa con el Poder Judicial. Es la forma de despegarse del costo que pueda tener en el futuro la actuación de los jueces del fuero federal, pero también de no dejar atrás una herramienta que se les podría aplicar a ellos. Le atribuyen a fuentes de Comodoro Py la calificación de “cuchillo sin mango” a la doctrina Irurzun y hablan de la necesidad del gobierno de “acotar el margen de autonomía judicial” como un acto “con visión de futuro” y “en defensa propia”.

Desde hace seis meses espera su tratamiento en la cámara de Diputados un proyecto redactado por el diputado radical Luis Petri y avalado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, que consta de seis artículos con los cuales se pretende recortar esa prerrogativa feudal concedida por el camarista Irurzun a los jueces. Son 6 artículos con múltiples apartados que dan las pautas para precisar cuándo proceden las detenciones preventivas, qué se entiende por peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, y cuáles son las restricciones para su aplicación. La clave de estas disposiciones está en los “criterios objetivos” que fijará ahora para evaluarlas, lo que descarta la inclusión de otras variantes libradas a la interpretación de los jueces.

 La doctrina Irurzun fue aplicada por primera vez con regocijo del oficialismo a Julio De Vido. Es el gran espantapájaros de la campaña macrista, el emblema de la corrupción kirchnerista. Y su causa principal, por haber entregado los estudios de factibilidad de una obra a una universidad, en vez de a una empresa privada, es tan pobre que decepciona a los mismos macristas y termina por funcionar a favor del kirchnerismo. Es el gran cuco y eso es lo peor que encontraron para acusarlo. Es el gran cuco porque estaba a cargo de las obras públicas. Y el que gobierna ahora era el dueño de una de las tres empresas más grandes que participaron en esas obras. Tendría que estar implicado en las denuncias o convocado a declarar.

 Amado Boudou quedó en libertad porque todo lo que se escribió y se dijo y se recontrarepitió no sirve como prueba. Si era amigo, o conocía a fulano o a mengano y lo que dijo la esposa de zutano. No se le probó enriquecimiento ilícito ni si se favoreció de alguna forma con la operación de la imprenta Ciccone Calcográfica. En general, no han aparecido cuentas en el exterior de ninguno de los acusados y las buscaron con la ayuda de los mismos paraísos fiscales. Tampoco han aparecido tesoros enterrados ni ocultos de ninguno de los que fueron mencionados.

  Al ex canciller Héctor Timerman se lo maltrató y se le aplicó la prisión preventiva con una acusación absurda impidiéndole continuar su tratamiento contra el cáncer. A Luis D’Elía y a Fernando Esteche se los sometió a una prisión aislada y rigurosa con presos comunes como si fueran delincuentes de alta peligrosidad, igual que Jorge Khalil. Es el mismo ensañamiento que despliegan con Milagro Sala y por cuya detención irregular hubo protestas internacionales.

  La corrupción pública existe y seguramente la hubo también en el kirchnerismo. Pero es imposible dar ese debate en ese contexto. Porque en todos los casos relacionados con el kirchnerismo las campañas mediáticas, la infección de la información de los servicios de inteligencia y el seguidismo de los jueces hacen que sea imposible separar lo real, de lo forzado o de lo virtual o directamente de la mentira que les sirvieron para manipular gran parte de la opinión pública. La UIF es utilizada como herramienta de persecución a opositores. Así, todas las acusaciones solamente llegan a la presunción. Ya inventaron a una doctrina para meter en prisión a los acusados aunque no haya pruebas. Ahora falta que se siga el ejemplo de Brasil y que la simple presunción permita que los jueces condenen.