Dos proyectos para la generación de energía en territorio santafesino están en la mira luego del trabajo de investigación del diputado Héctor Cavallero. Es que el Ministerio de Energía nacional le otorgó a una firma sin antecedentes en el rubro la concreción de una planta productora de biogas a partir de la basura que los rosarinos depositan en Ricardone. Para sumar a la polémica, mediáticamente se incorporó al proyecto la empresa Ingeconser, que acaba de ganar notoriedad por su convocatoria de acreedores por el emprendimiento inmobiliario de Ciudad Ribera. Esta firma perdió a su socio en una planta de biogas en Ecuador, que terminó preso por ser miembro de la mafia italiana. Otro de los proyectos es el Parque Eólico de Rufino donde también aparece Ingeconser, que exhibe casi dos años de retraso. Cavallero presentará esta semana estos pedidos de informes en la legislatura.

Hace solo unos meses se publicitó que en el relleno sanitario de Ricardone, se instalará una planta de recuperación de biogas dentro del programa nacional RenovAr con el fin de producir energía eléctrica destinada a la red oficial. El 7 de octubre, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, se lo adjudicó a "Martín Nacarato y otros". Curiosamente, recién varias semanas después de la adjudicación, se constituyó la empresa que se haría cargo del mismo: Global Green Ricardone SRL, fundada por el abogado porteño Martín Nacarato y una socia, que es a la vez su esposa. Según el Boletín Oficial de la Nación del 4 de noviembre, la empresa fue creada el 27 de octubre (veinte días después de otorgársele el contrato de explotación) con un capital inicial de un millón de pesos, para la "explotación de biogás de rellenos sanitarios como así también todo lo relacionado con la industria y la importación de los equipos, maquinarias y herramientas necesarias a tal fin" y el edicto correspondiente se publicó en esa fecha. Nacarato aparece designado como gerente en dicho acto, pero a fines de noviembre dejó el puesto a manos de la cofundadora.

Las curiosidades, sin embargo, no terminan allí: Cavallero remarca que "Nacarato además de no poseer ningún antecedente en el rubro, es funcionario político del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se halla denunciado a la vez por la diputada Elisa Carrió, como supuesto testaferro de otros funcionarios políticos".

En esa línea hay otro dato sugestivo: tras el anuncio de la concesión del contrato de Ricardone, apareció en diversos medios el señor Mike Ostberg aduciendo que el emprendimiento de biogás sería llevado a cabo por la empresa Ingeconser aunque sin especificar cuál era la participación de la misma.

De las averiguaciones que realizó el equipo de trabajo de Cavallero, se conoció que una ex empleada administrativa de esa firma se presenta además como jefa de proyectos de la compañía Global Green Renewables, que también dice ser adjudicataria de la planta en cuestión, y, el señor Ostberg aduce ser el gerente de la ella. "Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que el señor Ostberg es un ciudadano noruego que actualmente no posee impuestos activos a la fecha por lo que AFIP lo ha dado de baja, y legalmente no puede trabajar en el país" remarca el legislador.

 

La empresa Ingeconser figura en los dos emprendimientos y acaba de llamar a convocatoria de acreedores por Ciudad Ribera.

 

Con respecto a la empresa Global Green Renewables y su representante, el mismo afirma ante la prensa que sería una subsidiaria de la actualmente en convocatoria, Ingeconser S.A., y que a través de ella posee el necesario "know how", ya que este grupo se hallaría operando la planta de biogas en el relleno sanitario de Quito (Ecuador).

"En realidad Ingeconser a través de su subsidiaria panameña Ingepa se hallaba explotando dicha planta pero en sociedad con otra empresa italiana que era la que se dedicaba a ese rubro, y el presidente, Giuseppe "Pippo" Luppino, responsable del grupo era a la vez el de la empresa italiana" dice Cavallero. Lo cierto es que tiempo atrás dicho responsable debió renunciar al cargo por haber sido detenido por la justicia italiana por hechos de corrupción con plantas precisamente de biogas en ese país, y su conexión con la mafia calabresa. Recién a fines de diciembre pasado fue puesto en libertad tras purgar una primer condena por esos hechos.

"En concreto, y legalmente, Ingeconser no posee ninguna ligazón con el proyecto aunque diga públicamente lo contrario, y aunque lo tuviera, sus antecedentes son casi nulos y tan insuficientes como la empresa que obtuvo la licitación del caso" remarca el legislador.

Para Cavallero "tal como se presenta el tema y los antecedentes de quienes dicen estar a cargo del proyecto, no se puede augurar que el mismo llegue a buen término si continúa de esta manera, o al menos deberá transitar por eventos que lo tengan en situaciones como mínimo incómodas que afecten a los involucrados".

Hay también otro proyecto que preocupa al legislador: en mayo de 2015, el Gobierno provincial anunció la instalación de un Parque Eólico en Rufino, que proveería una potencia de 25 MW a la red eléctrica oficial. La empresa adjudicataria era Ingeconser y esta se comprometía a construir y poner en funcionamiento a su exclusivo costo y responsabilidad técnica, económica y jurídica el parque eólico en un predio de la Municipalidad de Rufino, en un plazo de 18 meses, es decir a fines de 2016. Pese a ello, el 23 de julio de 2015 (dos meses después de la firma del acuerdo) se crea la empresa Eólica Rufino s.a. para hacerse cargo del emprendimiento, y con la que supuestamente se había firmado el convenio.

Esta última empresa se compone de dos socios únicos: Ingeconser e IPL INVESTMENTS S.A., con domicilio constituido en las oficinas de Rosario de la primer empresa societaria. Ambas sociedades poseen como socios principales a miembros de la familia Aimar Carlini (padre, hijo, hija y yerno), además de otros participantes como Víctor Javier Rosetti quien presentara quiebra en enero de 2017, según el Boletín Oficial del 6 de Enero de ese año. Previamente IPL Investments contó como otro de los socios fundadores a Jesús Gotardo Rodríguez Cortés, ciudadano español, quien junto a su esposa se hallan actualmente con orden de captura expedida por la justicia española por estafas inmobiliarias en la zona de Málaga (España) justamente en donde se halla radicada la casa central de Ingeconser (la socia principal del proyecto). En la actualidad, si bien IPL no cuenta formalmente como socios a Rosetti ni a Rodríguez Cortés, si posee entre los socios a los dos hijos y al yerno de José Enrique Aimar Carlini, propietario de Ingeconser, y el actual domicilio comercial de esta empresa se halla en el mismo domicilio legal del yerno de Aimar Carlini, en la ciudad de Santa Fe. "Siguiendo el relato, se puede inferir que ambas sociedades en realidad son solo una y en manos de la familia Aimar Carlini" destaca Cavallero.

Hacia finales de diciembre de 2017, la empresa se presentó comandada por Eólica Rufino y el estudio jurídico Cabanellas, Etchebarne & Kelly (CEK), de la Ciudad de Buenos Aires, que lleva adelante la convocatoria de acreedores de Ingeconser.