La Sala VI de la Cámara del Crimen no sólo cortó ayer el alegato del fiscal general Ricardo Sáenz sino que, además, dispuso anularlo. Los camaristas sostuvieron que Sáenz no presentó ningún recurso y, encima, se puso a defender a Luis Chocobar, el acusado. Ante esa situación, los camaristas lo interrumpieron y dispusieron la anulación de su alegato. De esa manera, los doctores Marcelo Lucini, Mariano González Palazzo y Rodolfo Pociello Argerich, sólo permitieron que alegue la defensa del policía, a cargo de Rubén Melazo, aunque la Defensoría de la Nación fue aceptada como querellante en representación de la familia del ladrón muerto, Pablo Kukoc. El defensor oficial quería ayer pedir que el procesamiento sea por homicidio simple, pero las querellas –señalaron los camaristas– no tienen la facultad de apelar un procesamiento. En aproximadamente una semana o tal vez más los camaristas resolverán entre las tres alternativas que tienen: confirmar el procesamiento de Chocobar por exceso en la legítima defensa; revocarlo, sobreseyendo al efectivo o, en tercer lugar, revocarlo dictando una falta de mérito. Esta última variante –muy posible– es una orden al juez Enrique Velázquez para que siga investigando.

El gobierno de Cambiemos y el propio Mauricio Macri hirieron de muerte la causa judicial al recibir en la Casa Rosada y apoyar públicamente el accionar del uniformado. Al día siguiente se difundió el video en el que se ven los momentos en que los disparos impactan en Kukoc, lo que dejó en claro que el ladrón no implicaba ya ningún peligro para nadie y menos todavía para el efectivo. Así lo vió el juez Velázquez, quien consignó que Chocobar actuó bien ante el robo y el apuñalamiento que estaba sufriendo un turista norteamericano, pero luego disparó de forma absolutamente innecesaria. En días de aumentos de precios y disparada del dólar, el Gobierno aprovechó el caso Chocobar para instalarlo en el centro de la escena y promover un debate que no fuera el de la economía. 

Rápido para hacer los mandados, el fiscal Ricardo Saenz, que aspira a ser designado procurador y ocupar el lugar de Alejandra Gils Carbó, salió a la cancha con un tweet defendiendo a Chocobar. Es decir, que se alineó con la Casa Rosada pese a que sabía que tarde o temprano iba a tener que participar en el caso. Por lo tanto, ayer se relamía para intervenir en la audiencia convocada por la Sala VI. No está claro si estaba dispuesto a defender a Chocobar porque cree en la mano dura, si se puso del lado del policía para juntar puntos en la carrera por la Procuración o si lo hizo de pura sintonía con Cambiemos. Sea cual fuera la razón, inició su alegato en defensa del uniformado. 

Los camaristas advirtieron casi de inmediato que el fiscal general no había presentado ningún recurso y además les llamó la atención el alegato de un fiscal –que usualmente acusa– defendiendo al imputado. Tras una breve reunión, Lucini, González Palazzo y Pociello Argerich anularon el alegato de Sáenz y dispusieron que no se tendrá en cuenta lo que había desarrollado hasta ese momento. 

Como era natural, el defensor del policía, Rubén Melazo, pidió que se revoque el procesamiento y el embargo dictado contra el acusado. El letrado sostuvo que Chocobar actuó “porque tenía que actuar y si no intervenía, el turista estaría muerto”. Un dato extraño es que volvió a insistir con que “el delincuente se dio vuelta y se le venía encima”, algo desmentido en forma categórica por las imágenes.

En el gobierno dijeron que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vio los videos antes de la convocatoria de Chocobar a la Casa Rosada. No parece muy creíble, porque buena parte de quienes vieron la totalidad de las imágenes analizan que el primer disparo es justificable para quienes tienen la óptica de la mano dura, pero que el segundo disparo está más cerca del homicidio simple que del exceso en la legítima defensa. Lo concreto es que el gobierno, después de 48 horas de zozobra por el video, mantuvo el respaldo al policía. 

La Sala VI resolverá seguramente al final de la semana próxima, teniendo en cuenta que lunes y martes son feriados. De las tres decisiones, la más probable es la revocatoria del procesamiento de Chocobar, pero no el sobreseimiento, sino que se le dicte una falta de mérito. O sea que el juez debe seguir investigando. 

Lo que sucede es que cualquier resolución será vista ahora en base a lo que fue la presión del gobierno. Uno de los camaristas es hoy peón de Daniel Angelici y hasta integra el tribunal de disciplina de Boca Juniors. Otro de los camaristas está intentando llegar a la Cámara Federal. Con ese cuadro de situación, está instalada la idea de que va a primar la presión política. 

La decisión de la Sala VI de la Cámara del Crimen tiene repercusión en el terreno de los derechos humanos. Cualquier revocatoria al procesamiento –y ni se hable de un sobreseimiento– instituye una especie de licencia para matar. Durante los últimos días ya se conocieron dos casos, ambos en Quilmes, en que efectivos policiales mataron por la espalda a dos presuntos ladrones (sobre lo cual se informa en esta misma edición). Uno de los ejecutores fue el oficial del Grupo Halcón Braian Montes, el otro el oficial de la Bonaerense, Agustín Prados. Le aplicaron la virtual pena de muerte a Fabián Enrique de 17 años y a Lautaro Vázquez de 19. Es la doctrina Chocobar.

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