Durante los últimos días, los medios mendocinos y nacionales fueron voceros de una noticia inquietante: el gobierno cuyano anunciaba la implementación de un Registro Único de Diversidad, llamándolo puntualmente de esta manera: registro. O incluso por sus siglas –más tarde desmentidas–, RUD. La noticia encendió alertas en el colectivo LGTBIQ y las organizaciones incluirán la mención a esta medida entre uno de los puntos a reclamar en la marcha del 8M. Según la activista Mandy Gómez, de Mendoza LGBT, el contexto “es dispar. En Gran Mendoza y centro de la ciudad, la situación es llevadera, sí alguna mirada o puteada con la gente gay o les, pero no pasa a mayores. Con las chicas trans sí la discriminación es constante y latente. Si te alejás del centro es más complicado. En el sur, todavía te echan del trabajo y todo lo demás. Y a parte hay casos de suicidio por orientación sexual y una secta religiosa que presenta conflictos cada vea que se quieren hacer charlas sobre diversidad. Volviendo al centro de Mendoza, siguen las persecuciones policiales a la comunidad trans y a veces terminan en la cárcel, sobre todo cuando en la ciudad hay actividades importantes”. Su actual gobernador, Alfredo Cornejo –también Presidente de la UCR nacional– no goza, sobre todo desde los últimos días, de la mejor imagen inclusiva. En su gira mediática por Intratables y Lanata sin filtro dijo: “Sin el peronismo hoy seríamos Nueva Zelanda, Canadá o Australia” (un razonamiento preocupante que basaría la esperanza del progreso en la eliminación de la mitad de la población, qué miedito). Cornejo no desaprovechó tampoco las cámaras televisivas para alivianarle la carga a la dictadura y declarar que “los desaparecidos empezaron en el gobierno de Isabel Perón”. Por supuesto que, en un nivel superficial, la patente de inclusiva no parece, pese a todo, ponerse en riesgo para esta provincia que en marzo agrega una nueva edición de la Vendimia Gay, festival que la convierte en uno de los puntos más importantes del turismo G internacional.
Mandy Gómez cuenta a Soy que “a nosotrxs nos llegó la comunicación a través de una periodista de Los Andes y nos asustamos. También sabemos que a veces hacen estas cosas para sustentar las políticas públicas. Se utilizan datos del Inadi para eso, lo que sí, desde el gobierno nunca ha habido una política de llevar adelante este tipo de registro o asentarlo en algún lado”. Fernando Aguayo, también activista, y educador sexual itinerante, dice: “Cuando me enteré fui directo al boletín oficial y decía que es un Registro de diversidad sexual que toma como referencia uno previo, el Registro de violencia de género (al que imita). A ciertos colegas les llama la atención que se genere un perfil psicosocial por el tema de la identidad. A todo el mundo nos ha dejado un poco asustadxs por el mecanismo de control que se quiere aplicar”.
¿POR EL BIEN DE TODES?
Misteriosamente, la gacetilla del Ministerio de Salud que nombraba como registro al registro, ya no circula por internet. ¿Qué tiene que decir el oficialismo de todo esto? ¿Se arrepintieron? ¿Comunicaron mal? Soy conversó a Fernanda Urquiza, Coordinadora de Diversidad Sexual Dirección de género y Diversidad Gobierno de Mendoza, quien ahora explica, suavizando el impacto que produjo el término desterrado, que en verdad es “una ficha de atención a las personas del colectivo LGBTIQ, no un registro. Una ficha que nos va a permitir reconocer las necesidades del colectivo. El objetivo es garantizar derechos, recabar los datos necesarios para poder plantear una política pública concreta”.
¿Cómo sería pensar una política pública para un sector de la población tan diverso entre sí? No se puede comparar, por ejemplo, la situación de un gay de clase media con la de la mayoría de las personas trans…
–Si a esto no logramos sistematizarlo, seguimos vulnerando los derechos, dejándolos afuera. Para la comunidad LGBTIQ, de cualquier clase que sea, la problemática siempre ha sido la discriminación. Muy fuerte. La ficha tiene en una parte qué tipo de discriminaciones ha tenido esta gente, en dónde, cómo las han enfrentado. Más allá de la política concreta es muy importante que la persona nos lo diga para seguir evaluando e incluirlos en un sistema. La ficha es voluntaria y confidencial. Si la persona llega y no quiere dar su nombre, perfecto. Lo mismo la sensibilización y el acompañamiento se le va a hacer, quiera o no darnos sus datos.
Es indudable que uno de los grandes problemas que parece presentar la medida, y por lo cual se ha generado gran alerta en el colectivo mendocino, es que aun no se conoce el contenido específico de estas fichas (tampoco la fecha a partir de la que estarán a disposición: “están en proceso”, explica Urquiza), sumado a que la comunicación pública de parte del gobierno deja mucho que desear. Dice Aguayo: “La provincia hizo un comunicado bastante endeble de lo que se trata este registro. No está mal tener la información actualizada, aunque también dudo de su seriedad. Yo trabajé en una ONG y supe que cuando se quiso hacer una estadística sobre las enfermedades de transmisión sexual, se les pedía a los médicos de los hospitales que llenaran un formulario para sacar un perfil psicosocial, pero sucedían grandes errores y había preguntas que el médico no hacía y respondía por su sospecha. Por ejemplo veía un tipo masculino y sin hacer la pregunta, escribía que esa persona era heterosexual. Quienes tomaban estos datos lo hacían con bastante interpretación patriarcal”. Cuando se le pregunta a Fernanda Urquiza dónde y quienes llevarán adelante este “fichaje”, responde: “En las áreas municipales de diversidad y en la Dirección de género y diversidad de la provincia. Y las van a llevar a cabo profesionales idóneos que estén a cargo”.
¿Pero qué profesionales exactamente, psicólogxs, asistentes sociales, en qué profesiones se está pensando?
–Profesionales idóneos. Los que van a hacer la capacitación y van a ver el manual de la ficha para poder hacer la intervención. Profesionales idóneos. Esa es la palabra.
Las organizaciones de base no fueron consultadas, ¿por qué?
–En la comisión de género y diversidad propusimos en una próxima instancia llamar a las organizaciones y consultarles. Antes no, porque es una herramienta administrativa que está en un proceso de implementación.
Hace un tiempo fue presentado un proyecto de cupo laboral trans en Mendoza que fue rechazado. ¿No se podría pensar en esto como una prioridad política antes que en la creación de esas fichas?
–Uno de los senadores, el que presenta la Ley de cupo laboral, ahora casualmente la va a volver a revisar con la Senadora Daniela García y nos la van a enviar para que nosotros emitamos opinión, el visto bueno. Esto tendría una solución más inmediata para todo el grupo trans, el más vulnerado. Sería una de las soluciones más efectivas y rápidas, por supuesto que desde el ejecutivo estamos con toda la voluntad política de poder garantizarlo. Cabe destacar que si bien por ahí no se ha hecho antes ha sido porque la sociedad mendocina ha necesitado que se instalara bien el tema de la diversidad sexual. Es lo que hicimos todo el año pasado con las acciones y actividades. La sociedad la ha recepcionado de la mejor manera. Es un tema muy sensible por los antecedentes de vulneración de derechos que tenemos las personas trans. Otra cosa importante es que la Legislatura de la provincia ya dio media sanción a la reforma del código de faltas de la provincia que tenía muchos artículos discriminatorios. Era un código centenario. El año pasado también nos propusimos reformarlo, es un adelanto muy grande.
Según la activista Mandy Gómez, esta reforma es también un impulso de la organización Mendoza LGBT, que comenzó a funcionar hace poco más de dos años: “Nuestra idea es el cambio de los códigos que criminalizan a la población trans. Es muy abierta su interpretación y si el policía no te ve buena cara, te lleva. Son de 1965”. Con todas las armas a su favor para la estigmatización, hasta que la sanción no sea completa, el peligro policial entero circula por las calles mendocinas.
Fernanda, ¿cómo proteger desde el Estado a la comunidad trans que sufre ataques del propio estado, abusos policiales, el retiro o eliminación de programas de ayuda, o la demora en la entrega de medicamentos del hiv?
–Del Estado no hay que defenderse porque el Estado no ataca a la comunidad. Tema hormonas, la provincia lo está haciendo. El tema del HIV es un programa nacional y es más complicado. Creo que el retraso que hubo es por la herencia que nos dejó el gobierno pasado.
Dados los abusos policiales, es difícil pensar que no hay que defenderse del Estado…
–Estamos hablando de Mendoza y una de las herramientas que nos va a servir para evitar la discriminación es la reforma del código de falta de la provincia que antes mencioné, para garantizar los derechos de las personas del colectivo. Eso va a ser una herramienta fundamental para que las fuerzas de seguridad se limiten y sepan hasta dónde tienen que llegar.
Pero si se localiza tan claramente de dónde viene la violencia, ¿no habría que fichar las prácticas de los policías, más que las de las personas afectadas por su accionar?
–A nosotros en esta ficha lo que nos importa es cómo vive la comunidad. Esta ficha pretende recabar datos sociales y discriminatorios para revisar nuestras prácticas y crear la política pública. La policía va a ser castigada en cuanto cometa un delito. Son dos cosas diferentes.
Pero ¿son dos cosas diferentes? ¿no es obvio que va a surgir una resistencia de parte de la población LGBTIQ a dar información personal a un Estado que no demuestra poder controlar la violencia institucional? Según Fernando Aguayo, estas fichas son equiparables a denuncias que no dejan de ser “una exposición frente al Estado al que se le pide que medie para intervenir. La palabra registro es como el acto de decir che, soy puto, o lesbiana o travesti. Pero aparentemente no se pide esto sino ver su contexto psicosocial. Aun así es fuerte. ¿Qué va a pasar con toda esa información? ¿Qué tan legítimo es que la maneje el Estado?”.
