El Colectivo de Teología de la Liberación “’Pichi’ Meisegeier” se pronunció hoy a favor de una ley que legalice el aborto. El colectivo encabezado por Antonio Fenoy lo hizo a través de un documento, en el que consideran el debate habilitado por Mauricio Macri “como una excusa para tapar los graves problemas de pobreza, despidos y exclusión que generan sus políticas económicas de ajuste hacia los sectores populares y su gobernar para los ricos”.
Sin embargo, expresaron su apoyo porque “es una oportunidad para seguir avanzando en derechos que hacen al acceso igualitario a la salud y a la libertad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos”; y que “cualquier avance que se logre será fruto de la lucha del Movimiento de mujeres en nuestro país, expresión de una nueva forma de construcción socio-política, basada en relaciones igualitarias y fraternas”.
Para el Colectivo, “no se puede más ocultar que el aborto es una realidad con la cual convivimos diariamente” y que “negarlo es una manera encubridora de sostener una desigualdad estructural que, a la sombra de la ilegalidad, sigue arrebatando anónimamente la vida de miles de mujeres”, en especial las más pobres. También critican que ocurra “ante la impávida mirada de los sectores más dogmáticos y conservadores de la sociedad que utilizan el discurso de la ‘defensa de la vida’ de manera hipócrita, sesgada, negándolo cuando se trata de los pibes y pibas de nuestros barrios, avalando el discurso de los pibes chorros o la baja de edad de imputabilidad”.
El grupo caracteriza el aborto como “un tema de salud pública”, dado que “no se trata de proponer un método de planificación familiar sino una ley de despenalización que iguale las oportunidades” de las mujeres para acceder “a una intervención en las condiciones necesarias de seguridad y salubridad, ya que toda mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo sin influencias ni imposiciones de ningún tipo”. Y criticó que haya sectores que “parecen ignorar o no querer ver las numerosas muertes que suceden día a día por prácticas de abortos clandestinos en condiciones totalmente precarias”, y que acarrean “consecuencias físicas y psicológicas de por vida en aquellas que sobreviven”. Al mismo tiempo, diferenció a “los sectores sociales más altos que cuentan con los recursos económicos para pagar la intervención y la discreción del profesional que las atiende en una clínica privada”, con condiciones sanitarias que no generan “riesgos para su salud”.
Respecto de la ley, el Colectivo estimó que “el Estado debe legislar para todos y todas, sin ajustarse a principios teológicos o filosóficos que limiten su capacidad de acción”, y que “la identificación del Estado Argentino con la Iglesia católica no debe ser una presión en este, ni en ningún otro tema”, como se vio en el debate del matrimonio igualitario. “Es fundamental que el Estado garantice la libertad de elección de la mujer o de la pareja en este tema. Pareciera que sobre la cuestión del aborto, la mujer es un ser sin capacidad de decisión, en donde `otros’ deben elegir por ella”, añadió, sobre lo que también define como “un tema de libertades individuales”.
Por todo ello es que el Colectivo consideró “imperiosa” la sanción de la ley, a la par de “la aplicación de políticas públicas sobre educación sexual para brindar a la población, las herramientas necesarias en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, mediante métodos anticonceptivos, de embarazos no deseados y por ende, la reducción de prácticas abortivas”. Recordó el “grave desfinanciamiento en los cursos para docentes sobre Educación sexual integral” del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, al remarcar que hay quienes “levantan la voz en contra del aborto” y lo hacen “desde criterios moralistas y pseudo-religiosos”.
Sobre la Iglesia y su postura, el texto es contundente: “Una sociedad que no puede garantizar el derecho al trabajo, a la alimentación, a la educación, es una sociedad abortiva. La Iglesia esto no lo denuncia, y las muertes por causa de la pobreza son infinitamente mayores que las producidas por abortar”
El documento cierra con la afirmación de que “acompañando a nuestro pueblo en la construcción de la justicia y la dignidad, procurando una vida plena para todos y todas, creemos que esta ley representa un avance en los derechos humanos”.
