Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, habla de los mismos problemas del Poder Judicial desde hace una década, el lapso que tardó en llamar a la corporación que lidera, y apuesta a seguir comandando, a hacer una “autocrítica”. Esa palabra, “autocrítica”, fue una de las más destacadas ayer por medios y portales después de su discurso de apertura del año judicial ante jueces y juezas de todo el país, a quienes convocó a debatir las reformas que el Poder Judicial quiere para sí, aunque se supone que es en función de lograr la confianza “del ciudadano común”. En el discurso de Lorenzetti quedó en evidencia que el eje de los cambios que plantea tiene que ver con el sistema penal (corrupción y narcotráfico en esencia, no ya Memoria, Verdad y Justicia) y no tanto con otros fueros donde se juegan, por ejemplo, los derechos laborales o sociales. Puso como juez modelo a Sergio Moro, el brasileño a cargo del caso conocido como Lava Jato. Señaló la causa sobre el accidente de Once, a cargo de Claudio Bonadio, como un emblema de celeridad. Elogió palabras de la gobernadora María Eugenia Vidal en pos de limitar las designaciones de jueces y juezas por vínculos políticos y judiciales, algo que todo el mundo judicial sabe que es una utopía. Y dijo que apoya la modificación del Código Penal que impulsa el Poder Ejecutivo.

Ciertas frases del discurso de Lorenzetti son seductoras para el público general e hipnotizan a algunos jueces y juezas, aunque no a todos. La lista de problemas sobre el funcionamiento del Poder Judicial y las ideas para mejorarlo, son mencionados por el juez en la mayoría de sus exposiciones. Ejemplos de lo que dijo: “Faltan políticas de Estado” en lugar de “cambios pendulares”; “no es que falten propuestas, falta madurez institucional”; “hay que cambiar los procedimientos” y “estructuras”; “hacer autocrítica, no pensar en intereses individuales, corporativos y políticos”; “avanzamos en detalles pero no en cambios culturales”; “hay un desenvolvimiento burocrático en los tribunales que se aleja del drama humano”, que también llamó “tragedia burocrática”; “tenemos que pensar en la idea de servicio público”; “las grandes causas se han frenado porque se han envuelto en discusiones políticas, de intereses”, dijo también; “hace más de 30 años que se discute en el país acerca de la mano dura y mano blanda (…) ¿No es posible que nos pongamos de acuerdo en un sistema razonable que respete las garantías constitucionales y al mismo tiempo logremos resultados efectivos?”.  

Hasta ahí la parte enunciativa, que los invitados aplaudieron. En las primeras filas estaba las dos cámaras de Casación, los jueces federales, funcionarios del Ministerio de Justicia encabezados por Germán Garavano. A la hora de hablar frente a los micrófonos todos dieron su apoyo al planteo del supremo, difícil de discutir en su generalidad. Fuera de micrófono se escucharon quejas por estar frente a una gran puesta en escena y una reforma precocinada por la propia Corte según su parecer, imposible de diseñar en 48 horas entre decenas de jueces. La clave quizá sea el contexto. La imagen, confianza y legitimidad del Poder Judicial está en un muy mal momento. El Poder Ejecutivo, a través del presidente Mauricio Macri, critica a los jueces hasta por el contenido de sus decisiones, amaga con juicios políticos, concreta castigos, hace nombramientos a piacere, y se quejó públicamente por el reducido horario de atención en tribunales y las generosas licencias de 45 días. Lorenzetti no logró desactivar aún el pedido de juicio político que le hizo Elisa Carrió el año pasado, parte de la razón por la que en marzo de 2017 no se hizo el acto de apertura del año judicial. Además, este año se elige presidente supremo. De momento, él no es el favorito del oficialismo, que prefiere a Elena Highton o a Carlos Rosenkrantz. Para Lorenzetti es clave empezar por recuperar el sostén de su corporación. “Los poderes judiciales no pueden buscar la aprobación de las mayorías ni manejarse por encuestas”, afirmó, aunque las encuestas que circulan por los despachos cortesanos muestran otra cosa. A la vez, es clara su intención de no confrontar por demás con Ejecutivo. Por ejemplo, ni mencionó al papa Francisco, a quien suele ponderar. 

La Corte, según Lorenzetti, es ejemplar en el impulso de algunas iniciativas como, a su ver, la Oficina de la Mujer, la de Violencia Doméstica, la comisión de Narcotráfico, el impulso a la investigación de casos de corrupción. Lo que lamentó es que en algunos aspectos no se haya reproducido en el resto del país. También dijo que avala el modelo del sistema procesal acusatorio -que aún no se aplica, en rigor por la resistencia del Gobierno y de los jueces a dar más poder a los fiscales- pero que hasta que se implemente la Corte quiere tomar “medidas urgentes”. Habló de “procesos especiales en causas de corrupción”. Aunque no lo mencionó al exponer, el plan en ciernes habla de la ampliación de la oficina de escuchas telefónicas, un área que le ha dado gran concentración de poder a Los Supremos y los tribunales federales, ya que la dirige el presidente de la Cámara Martín Irurzun. Es decir, cuanto más se demore en aplicar una reforma procesal, más poder concentrará la familia judicial. 

Al hablar de los sistemas penales “eficaces”, citó al juez Moro de Brasil como un ejemplo. Moro es el juez del Lava Jato, causa que se utilizó para enfocar la persecución política judicial hacia, entre otros, el ex presidente Lula da Silva, el candidato con más intención de voto hoy en ese país. Es más, señaló que debería haber en Argentina una ley de arrepentido al estilo brasileño. 

En 2013, cuando Justicia Legítima y el gobierno de Cristina Kirchner propiciaron una reforma democratizadora, la corporación judicial y la Corte al frente se opusieron férreamente. Pero no plantearon debates, ni llevaron propuestas concretas a los otros poderes. Esa agrupación judicial crítica, que fue denostada por políticos y judiciales, ayer expresó: “nuestro ideario reformista obliga a acompañar este proceso” que encara el Poder Judicial “aunque resulte preocupante el silencio atronador de la ausencia en la agenda de lo que en palabras de la propia Corte forma parte del contrato social de los argentinos: la vigencia de los derechos humanos, memoria verdad y justicia como política de Estado”.