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La Cámara del Crimen le ordenó al juez de instrucción Julio Baños que investigue cómo funciona una asociación ilícita integrada por hinchas de Boca. Así lo decidió la Sala I de la Cámara al ratificar la ampliación, por el delito de robo agravado, del procesamiento a una docena de barrabravas que ya habían sido responsabilizados también por lesiones y amenazas, registradas el 3 de marzo de 1999 en el estadio de Boca durante un amistoso con Chacarita.
El alto tribunal dio por sentado en sus considerandos que “existe una asociación ilícita” entre determinados personajes de la barra brava de Boca. Para los camaristas Edgardo Donna y Carlos Elbert “se encuentra acreditada la distribución de tareas existente en el grupo, ya que conforme se desprende de los dichos de los testigos, éstos dieron cuenta de que los imputados eran comandados por dos o tres personas que daban órdenes al resto de la banda y coordinaban la actividad desplegada por aquellos”.
El tribunal, en cambio, revocó la resolución que impedía a los procesados concurrir a los estadios de Boca o Chacarita a presenciar partidos de uno u otro equipo, porque consideró que la medida es contraria a la presunción de inocencia de que goza toda persona hasta que se demuestre su culpabilidad.
La Cámara sostuvo que “las conductas desplegadas por los imputados no fueron individuales, sino que habrían actuado con acuerdo previo de voluntades a fin de apoderarse de las pertenencias de las víctimas, así como también con la intención de lesionarlas y amenazarlas”.
La Sala I de la Cámara concluyó que “se dan los extremos de la asociación ilícita: orden interno, repartición de funciones, estructura y fin delictual”.
Al devolver el sumario a la primera instancia, Donna y Elbert indicaron que se debe dar vista al fiscal “para que determine con precisión qué función tenía cada imputado en esta estructura, y luego hacerle conocer a los imputados lo que el Ministerio Público opina”.