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Por Irina Hauser y David Cufré

Todas las semanas la Corte Suprema encuentra una nueva excusa para dilatar un fallo sobre la pesificación, un tema de alta sensibilidad política con el que el propio tribunal viene amagando desde hace días. Esta vez postergaron avanzar sobre la cuestión porque, dijeron, están analizando el nuevo Plan Canje de depósitos por bonos que lanzó el Ministerio de Economía. El punto es que de considerar que este sistema es legítimo como método para que los ahorristas recuperen los depósitos en la moneda de origen, aunque esperando diez años para ello, las demandas contra la pesificación podrían tornarse abstractas. Pero todo es parte de un tira y afloje incesante en torno del juicio político contra los nueve jueces. Ayer, de hecho, el presidente del alto tribunal, Julio Nazareno, se reunió con el ministro del Interior, Jorge Matzkin, para seguir discutiendo sobre su futuro y el del propio Gobierno.
A la salida de ese encuentro, Nazareno dijo públicamente que “no hay que pensar que la suerte del Gobierno está en manos de la Corte”, aunque en los hechos es así y con eso especula el máximo tribunal. El problema es que en la Corte temen que su situación quede indefinida hasta que llegue el nuevo gobierno. Entienden que la administración Duhalde está siendo incapaz de resolverles el juicio por más que lo intente. Por eso, en relación con el corralito y la pesificación lo que dicen ahora es: “Algo seguramente vamos a tener que resolver, lo que hay que definir es cómo, porque un fallo se puede hacer más o menos leve”.
La opción más dura es la que los ministros pusieron sobre el tapete en las últimas semanas y sería ordenar la redolarización de los depósitos bancarios, lo que implicaría invalidar jurídicamente la pesificación. En realidad, sería una resolución para el caso de un ahorrista que pidió mantener en moneda original un millón de dólares que tiene en el Banco de Chubut. Los jueces que se inclinan por esa opción son mayoría (Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez y Eduardo Moliné O’Connor) pero no los suficientes como para resolver el tema. Para eso, haría falta un voto más. Ante esa situación, la semana pasada los ministros decidieron convocar a dos conjueces, y algunos secretarios letrados empezaron a confeccionar las listas de candidatos. Pero ayer dejaron ese tema de lado con la excusa de analizar el decreto que habilitó la opción de que los ahorristas tomen un título público con garantía bancaria en lugar del depósito reprogramado.
En esa dirección se encamina la alternativa que salvaría al Gobierno del enorme conflicto que implicaría declarar inconstitucional la pesificación. Esta posibilidad trascendió ayer, el mismo día en que Nazareno iba a verlo a Matzkin. Los supremos podrían considerar sin sustento los reclamos judiciales, en la medida en que hay un decreto que les permite recuperar sus ahorros en dólares. Según una versión, incluso habría un borrador que explicita esa salida, que también clausuraría la vía de los amparos para la restitución de los fondos en efectivo.
Estas especulaciones, sin embargo, son parte de una misma estrategia para seguir haciendo tiempo. Tanto allegados a la Corte como al Ministerio del Interior reconocieron a este diario que los jueces no van a ceder tan fácilmente su principal arma para defenderse del juicio político. “Van a seguir dando vueltas con el asunto y van a tensar la cuerda o aflojarla de acuerdo a como evolucionen los ánimos hacia ellos”, evaluó un colaborador de Matzkin. Por su parte, los cortesanos esperan recibir en cualquier momento la apelación del Gobierno al fallo contra el corralito y la pesificación que dictó la Cámara en lo Contencioso Administrativo y que tiene efecto colectivo. Algunos integrantes del tribunal calculaban ayer que hasta noviembre “no habrá definiciones” sobre estas causas.
Una próxima acción de la Corte será encarar un relevamiento de las demandas contra el corralito que podrían llegar a sus manos. Sería otra forma de estirar el tema. Pero que el malestar subsiste quedó claro ayer en un cruce de declaraciones que protagonizaron el ministro del alto tribunal Augusto Belluscio y el diputado justicialista José Ricardo Falú,quien integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y a diferencia de sus pares del PJ se opone a archivar la acusación.
Belluscio entró al Palacio de Tribunales diciendo que el enjuiciamiento a la Corte “es una payasada política”. Según el juez, los legisladores “no se toman con seriedad las cosas”. Falú salió a contestarle. Acusó a Belluscio de hipócrita y señaló: “Creo que tiene ciertos rasgos de senilidad, porque no es aceptable que un ministro de la Corte se exprese en estos términos”.