ECONOMíA › NEGOCIACIóN COLECTIVA Y AFILIACIóN SINDICAL

Pilares del mundo laboral

A pesar del desprestigio de algunos líderes sindicales, la participación de los trabajadores en las organizaciones gremiales sigue siendo importante. Es el canal de representación más efectivo para pelear por reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo.

Producción: Tomás Lukin


Incentivos y trabas

Por Adriana Marshall *

Las cifras ocasionales (y de confiabilidad discutible) que permiten llegar a laboriosas estimaciones sobre la tasa de sindicalización en la Argentina en distintos momentos históricos sugieren que ésta ha sido elevada en términos internacionales y ha tendido a mantenerse bastante estable en el largo período entre la década del ’50, de consolidación sindical, y la del ’90. La proporción de asalariados sindicalizados ha oscilado en torno del 40-43 por ciento (con tasas superiores para los asalariados no agropecuarios). Además, la escasa información disponible indica que, en la década del ’90, la caída –poco importante– en el nivel de sindicalización de los asalariados ocupados se explicaría fundamentalmente por la fuerte expansión del empleo precario, ya que los trabajadores no registrados en la seguridad social generalmente están excluidos del acceso a la afiliación sindical. Históricamente, entonces, el volumen de afiliados ha tendido a variar junto con el empleo asalariado y, nuevamente, con la reactivación económica y del empleo desde 2003, creció la cantidad de afiliados en numerosas organizaciones gremiales.

De todos modos, los niveles de sindicalización difieren entre regiones. Controlando la influencia simultánea de diversos factores, las tasas de afiliación son más elevadas en las provincias en las que el empleo precario está menos extendido (porque, como vimos, los trabajadores precarios difícilmente accedan a la sindicalización) y las microempresas tienen menor peso en el empleo. Además, como el desempleo y la inseguridad laboral desalientan la afiliación, las tasas de sindicalización son más altas en las provincias con menores niveles de desempleo. Por último, en las provincias donde el apoyo al peronismo está más generalizado –según se infiere del predominio del voto justicialista– también las tasas de afiliación son más elevadas, porque un gobierno justicialista podría generar un clima más propicio para la sindicalización y también porque entre los trabajadores sindicalizados adhesión al peronismo y mayor predisposición a la afiliación sindical irían aparejadas. La comparación entre regiones, así como entre países, permite concluir que la estructura del empleo, la situación general en el mercado de trabajo expresada en la tasa de desempleo y la orientación política dominante tienen un papel importante en la determinación del nivel de sindicalización.

Por otra parte, si bien algunos grupos de la fuerza de trabajo, por ejemplo los asalariados cuyo nivel educativo no supera el secundario completo, tienen mayor propensión a la afiliación que otros, un factor más determinante es indudablemente la presencia de representación gremial en el lugar de trabajo, que aumenta la exposición a la influencia sindical y también puede facilitar el ejercicio de algún grado de presión hacia la sindicalización. Esta comprobación para el caso argentino es consistente con resultados referidos a otros países.

Es usual creer que los jóvenes y las mujeres son más reacios a la afiliación. Sin embargo, contrariamente a esta expectativa de “sentido común” y también a suposiciones difundidas entre los propios dirigentes sindicales, los jóvenes no están menos predispuestos a sindicalizarse que los adultos si su inserción laboral es similar, ni las mujeres menos predispuestas que los hombres, así como tampoco una mayor presencia de jóvenes o mujeres en el empleo (por ejemplo provincial) implica tasas más bajas de sindicalización.

Hasta hoy, la captación de afiliados parece no haber constituido un área problemática para los sindicatos argentinos, ni el “free-riding” motivo de preocupación. Como en otros países en que existen instituciones comparables, la extendida red de representación sindical en las empresas, la amplia oferta de servicios sindicales para afiliados, el hecho de que la gestión del sistema de prestaciones de salud (las obras sociales) se encuentre en manos de los sindicatos y la difundida práctica de imponer, vía convenios colectivos, aportes sindicales regulares a los trabajadores no afiliados (aporte que en general incentiva la sindicalización) convergieron para garantizar a los sindicatos un continuo flujo de afiliados, proceso también favorecido, naturalmente, por el estrecho vínculo entre sindicatos y peronismo. Pero si la preocupación por expandir la cantidad de afiliados llegara a pasar a un plano más central, parecería que, para los sindicatos, lo más conducente sería centrar esfuerzos en combatir el empleo precario, el factor más adverso, casi por definición, al crecimiento de la sindicalización.

* Investigadora del Conicet e Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).


Institución revitalizada

Por David Trajtemberg *

La negociación colectiva acaba de cumplir 20 años ininterrumpidos de continuidad, reflejando un hecho histórico de estabilidad institucional. Creada por ley en 1953, es el instrumento que sirve para determinar colectivamente los salarios y las condiciones de trabajo en negociaciones entre representantes de trabajadores y empresarios. El hecho es trascendente porque en los últimos 20 años hubo más negociación colectiva que en los 45 del período previo (1953-1987), momento en que predominaron las prohibiciones de los gobiernos militares y las limitaciones de los gobiernos democráticos.

Un poco de historia

En el período 1945-1975 un mercado de trabajo con pleno empleo asignaba una amplia representación a los sindicatos y un sólido poder de negociación para enfrentar a los empresarios y el gobierno. En esa economía, la negociación de salarios imprimía dinamismo al sistema donde los aumentos de salario real impulsaban el consumo y la inversión. Sin embargo, las deficiencias de la estructura productiva originaban restricciones al crecimiento y, de esa manera, se activaba el conflicto distributivo que acababa con una nueva devaluación.

En los noventa, la apertura económica, las privatizaciones de empresas públicas y la desregulación productiva, impusieron otro modo de funcionamiento de las instituciones laborales. La apreciación cambiaria demandó un ajuste a través del camino de la reducción de costos y de incrementos de productividad, para no quedar rezagados frente a los competidores internacionales. Los sindicatos y la negociación colectiva desempeñaron una función “adaptativa” a las exigencias de las empresas en el nuevo contexto.

El crecimiento de la desocupación, la expansión del empleo no registrado y la reducción del empleo registrado redujeron la incidencia de los sindicatos sobre la economía. Estas causas determinaron el congelamiento del salario mínimo y la ausencia de negociación colectiva de salarios de los grandes convenios por más de 10 años. El resultado final se reflejó en remuneraciones efectivas que duplicaron los salarios de convenio, dejando un margen amplio para las estrategias de flexibilización e individualización de las relaciones laborales.

El momento actual

Después de la debacle de la convertibilidad, se produjo el viraje de la economía hacia un régimen de tipo de cambio real alto. Las diferencias con respecto al funcionamiento de la negociación colectiva de los ’90 se resumen en el aumento de la cobertura, la revitalización de los acuerdos de actividad y los cambios en los contenidos.

En el sector privado, entre 2003 y 2007, se crearon dos millones de puestos de trabajo amparados por las normas de la negociación colectiva. Desde el punto de vista sindical, implica una mayor capacidad financiera, de movilización y de negociación.

El crecimiento económico, los aumentos de precios y la mejora de los indicadores sociales propiciaron el crecimiento del número de acuerdos que actualmente se ubica en torno de las mil unidades anuales. También se reactivó la negociación de actividad, en niveles y en porcentajes, que comprendió a los convenios con mayor cobertura de personal. Esta situación contrasta con el promedio de 200 convenios y acuerdos anuales de la década pasada, principalmente de ámbito de empresa y con una cobertura muy limitada.

Con respecto a los contenidos, se revitalizó la negociación colectiva como instancia para la determinación salarial, mientras que en los ‘90 ese mismo espacio fue el reducto que convalidó las tendencias de flexibilidad que impuso el mercado. También la política de aumentos por decreto y la movilidad del salario mínimo legal tuvieron su impacto sobre los salarios de convenio, promoviendo la apertura de paritarias y empujando los básicos de las categorías inferiores. Hasta 2007, las dinámicas de las distintas magnitudes salariales resultaron en un acercamiento del salario mínimo al salario de convenio, del salario de convenio de sectores débiles al de sectores fuertes y la reducción de la brecha entre el salario de convenio y el efectivo (representa aproximadamente un 80 por ciento). Es decir, la determinación colectiva actual tiende a compensar las desigualdades salariales.

La experiencia indica que es posible compatibilizar un proceso de crecimiento económico promoviendo el fortalecimiento de la negociación colectiva y un régimen de empleo con protección social. Hacia futuro se plantean algunos interrogantes: ¿cómo integrar a los trabajadores no registrados dentro del universo de la negociación colectiva? ¿Cómo ampliar la cobertura en el sector público? ¿Cómo homogeneizar las diferencias de poder de negociación entre sectores débiles y fuertes?

* Economista, MTEySS.

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