ECONOMíA › EL GOBIERNO ANUNCIó UN AJUSTE PARA LOS ALTOS CONSUMOS RESIDENCIALES, DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

Nueva ronda de aumentos para la tarifa de gas

Después del ajuste que se aplicó en septiembre, el ministro De Vido informó que los clientes domiciliarios que consuman más de 1000 metros cúbicos tendrán una nueva suba de entre 10 y 185 pesos mensuales. Ahorro de 1400 millones en subsidios.

 Por Cledis Candelaresi

Los usuarios domiciliarios que consuman más de 1000 metros cúbicos deberán pagar, desde el primero de noviembre, un cargo de entre 18 y 185 pesos por mes, según la envergadura de su demanda. Este encarecimiento del servicio será del 10 por ciento para los grandes comercios e industrias y se suma al que se dispuso desde septiembre pasado, con el similar criterio de segmentación, eximiendo de la suba a la mayor parte de los clientes de consumos menores. Según afirmó el ministro de Planificación, Julio De Vido, la medida permitiría recaudar 1400 millones de pesos anuales que se destinarían al progresivo desmantelamiento de subsidios para el sector gasífero. “Se dio otro paso hacia el sinceramiento”, sentenció el funcionario, utilizando un término propio de quienes reclamaron en estos años el descongelamiento de las tarifas y pidieron la intervención estatal a través de las subvenciones.

El GNC y las usinas térmicas están exceptuados en esta ocasión. Los comercios y en particular las industrias vienen afrontando subas desde antes. Pero los consumos domiciliarios del gas por redes tuvieron su primer ajuste en septiembre, cuando se dispuso un incremento de entre el 10 y el 30 por ciento desde los 800 metros cúbicos anuales en adelante. En esta ocasión, la modificación de los precios sólo regirá desde los 1000 metros cúbicos anuales para Buenos Aires (los que desde hace dos meses tuvieron un incremento del 15 por ciento), límite que baja a 800 para las provincias norteñas, que consumen menos, y sube a 3800 para el frío Sur. El aumento tiene la forma de una suma fija que va in crescendo: 18 pesos, 44, 84 y 185 pesos para los de más de 1800 metros.

Según destaca el Gobierno, la línea de corte corresponde a un hogar de clase media que dispone de tres calefactores, entre otros artefactos. El esquema de subir a éstos y no a los otros permitiría dejar afuera del aumento al 64 por ciento de los hogares, bloque mayoritario que es el que menos consume (34 por ciento de la demanda total). Algo similar ocurre con los grandes comercios e industrias, ya que sólo el 1,5 por ciento estaría afectado por el incremento, que en este caso es porcentual.

En el camino quedó la aplicación de otro cargo específico, que hubiera alimentado un fondo para obras de ampliación de la red de transporte. El aborto se produjo cuando ya había empezado a cobrarse sobre todos los usuarios sin distinción y luego de que la difusión de su impacto –hecho público a través del combate de los usuarios a través de las asociaciones de consumidores– demostrara que era una decisión muy poco política.

La recaudación del incremento a aplicar desde este mes sólo estaría de paso por la caja de las distribuidoras gasíferas, ya que el destino final es el bolsillo de las productoras. Estas ya tuvieron un incremento en septiembre pasado. Pero como en parte ese ajuste tuvo que ser utilizado para costear el subsidio a las garrafas que se instrumentó desde entonces, las empresas quedaron disconformes. Planificación intentó calmarlas con el plan Petróleo Plus, que les permite vender al precio que deseen el nuevo carburante que produzcan por encima de cierto límite. No fue suficiente.

Finalmente, la mejora paulatina de los precios en el primer eslabón de la cadena gasífera (que son libres desde lo formal, regulados desde lo real) es la única herramienta que encontró el Gobierno para estimular a las empresas a que exploren y aumenten la producción y las reservas. “Habrá inversiones por 250 millones de pesos, aproximadamente, generado a partir del incremento del precio en boca de pozo a los hogares de mayores consumos e ingresos”, sentencia la presentación oficial difundida ayer.

No es el único estímulo a las petroleras que otorgó el Gobierno. Hay varios programas en marcha, que proporcionan beneficios diferentes según la empresa de que se trate. Uno es el de Gas Plus, que permite comercializar a precio libre el hidrocarburo nuevo, que surja de áreas no concesionadas, o no explotadas desde el 2004. Hoy, los valores de provisión del gas surgen de acuerdos entre las petroleras y el Gobierno y difieren según la categoría de usuarios: más para las industrias, menos para los domicilios, como norma básica.

Según se entusiasmó el ministro de Planificación, ya hay varios proyectos aprobados bajo las nuevas pautas, que le permitirían a las productoras cobrar unos 4 dólares el millón de BTU (unidad calórica con la que se distingue el gas), bastante por encima del valor al que lo pueden comercializar localmente. De aquí al 2011 se incorporarían “15.200.000 metro cúbicos por día”, es el optimista pronóstico oficial.

Ante la incesante declinación de las reservas de gas y petróleo por falta de inversiones, hasta hace unos meses el Gobierno amenazaba con quitarles las áreas concesionadas a las empresas que no hicieran las inversiones en exploración que indica la ley de Hidrocarburos. Pero luego viró la estrategia, convencido de que habilitar mejoras en esos valores puede obrar el milagro de que se produzca localmente más gas. En particular ahora que es poco probable que Bolivia pueda exportar lo que la Argentina anhela comprarle para suplir su falta.

Las provincias son una de las beneficiadas con el nuevo ajuste, ya que cobrarán regalías sobre un monto mayor. Y, según destacó el ministro, la Nación también tendría el alivio de un menor gasto. Claro que a diferencia de lo que ocurre en otros rubros, en el gasífero no existe un sistema de subsidios nítido, aunque sí regímenes por los cuales el Estado interviene para suplir la falta de producto o para contener su precio.

El Estado importa combustibles líquidos que se usan en reemplazo del gas que no alcanza. A través del plan Energía Total, las petroleras vendían en período invernal a las industrias gasoil y fueloil a precio del gas, que es más barato, y la caja pública cubría la diferencia entre uno y otro. Enarsa importa gas desde Bolivia a más de ocho dólares el MTBU y luego lo provee al mercado a poco más de dos dólares, a tono con los precios de la plaza argentina. Un esfuerzo que podría disminuir en la medida que las petroleras hagan los deberes comprometidos.

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“Se dio otro paso hacia el sinceramiento” de las tarifas, sentenció el ministro De Vido.
Imagen: Télam
 
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