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En una sesión que culminó de madrugada, el Senado transformó ayer en leyes el Presupuesto nacional para el 2003 y un paquete tributario que lo complementa. La definición acerca de cuál será la pauta de ingresos y gastos prevista para el año próximo permite al Gobierno avanzar un paso hacia el demorado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no sólo porque da más previsibilidad a las cuentas públicas, sino porque éstas se proyectaron en base a un criterio de presunta austeridad.
Con la aislada oposición de la puntana Liliana Negre de Alonso y la sanjuanina Nancy Avelín, el Presupuesto finalmente fue aprobado en un trámite más rápido que de costumbre, eludiendo la engorrosa discusión artículo por artículo. En esta ocasión, los mayores retoques sobre el texto girado por Economía fueron introducidos antes de que la iniciativa llegara al recinto y fuera avalada por amplia mayoría.
La nueva norma prevé para el año próximo un crecimiento del PBI del 3 por ciento, una inflación del 22 por ciento y un déficit de 486 millones de pesos, casi insignificante en relación con la brecha que contemplaban los presupuestos de años anteriores. Para lograrlo, los legisladores eliminaron una partida “contingente” de 3765 millones de pesos que Roberto Lavagna aspiraba a dejar como reserva para la próxima administración, contrariando las indicaciones del FMI.
El proyecto también cristaliza el deterioro que están sufriendo las remuneraciones de asalariados y jubilados. Si bien contempla la restitución del 13 por ciento rebanado a mediados del 2001 y la emisión de bonos por 3400 millones de pesos para cancelar la deuda retroactiva por este recorte, no prevé ningún aumento en los sueldos y jubilaciones que, al igual que los salarios del sector privado, seguirán perdiendo frente a la suba de precios.
Hay dos partidas presupuestarias de 330 millones de pesos destinadas al incentivo docente: una para saldar una deuda a favor de los maestros y otra para incentivarlos durante el primer semestre del 2003, estímulo que el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a vetar. En tren de ahorrar gastos y reasignar partidas, también se recorta un 15 por ciento las erogaciones en consultoría, liberando 280 millones de pesos para obras públicas.
La nueva ley autoriza al Poder Ejecutivo nacional a renegociar la deuda pública externa con el propósito de diseñar un cronograma de pagos acorde con las “posiblidades del país”. Asimismo, y a pesar del default, para el 2003 se prevén pagos de la deuda por un total de 14.983 millones de pesos. Desde el radicalismo se alzaron algunas voces críticas a los artículos que conceden amplias facultades al jefe de Gabinete para reasignar partidas. Sin embargo, y a diferencia de lo que preveía el texto original, la ley impide al Ejecutivo echar mano de los millonarios fondos fiduciarios concebidos con cierta finalidad específica –por ejemplo, Fondo de Infraestructura Hídrica– y hasta crea un mecanismo de control para evitar esos desvíos.
El Senado también convirtió en ley el proyecto tributario que tiene por finalidad reforzar los ingresos. En virtud de esta norma se prorroga hasta diciembre del 2004 el impuesto al cheque y se crea del gravamen del 1 por ciento sobre las transferencias de Patacones y Lecops. Por el contrario, se exime de pagar Bienes Personales a los tenedores de Cedros y Bocones, es decir, a los ahorristas afectados por el corralito financiero.
En la madrugada del viernes, los senadores también dispusieron que ya no podrán tomarse a cuenta del IVA una porción de los aportes patronales, lo que de hecho se traduce en una suba de esa contribución. Del mismo modo, se eliminó el tope de 4800 pesos por encima del cual las contribuciones a la seguridad social ya no eran proporcionales a la remuneración: si el Ejecutivo no veta este artículo, sobre esas remuneraciones se aplicarán los mismos descuentos que al resto.