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El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 120/2003 según el cual “el Poder Ejecutivo Nacional podrá, en forma transitoria y hasta que concluya el proceso de renegociación de los contratos de las concesiones y licencias de los servicios públicos, disponer revisiones, ajustes o adecuaciones tarifarias”. La medida había sido anticipada a mediados de semana y modifica los artículos 8 y 9 de la Ley de Emergencia Económica, que dejó sin efecto la actualización tarifaria de acuerdo con la evolución de índices de precios, e inhibió la aplicación de ajustes tarifarios al margen de una previa renegociación global de los contratos.
Desde que se produjo la devaluación del peso, las privatizadas prestadoras de servicios públicos demandaron la necesidad de una suba de las tarifas que cobran a los usuarios. El argumento esgrimido no fue la recomposición de la tasa de ganancia –algo que sólo pudieron lograr las privatizadas que operan en mercados desregulados, como las petroleras– sino la preservación de la calidad de los servicios prestados.
Para abordar este tema, el Ministerio de Economía creó una Comisión Renegociadora de los contratos, que a la fecha lleva adelante la revisión de los convenios con Aguas Argentinas y las licenciatarias a cargo del mantenimiento de rutas nacionales mediante el cobro de peaje. Para el resto de los servicios el proceso está frenado, lo que desde la óptica empresaria, compartida por muchos funcionarios de la administración Duhalde, complica su gestión y, en consecuencia, su ecuación económico-financiera. Por ello, el decreto de necesidad y urgencia publicado ayer faculta transitoriamente al Gobierno para practicar ajustes tarifarios “a fin de garantizar a los usuarios la continuidad, seguridad y calidad de las prestaciones”.
Si no aparecen complicaciones en la Justicia, adonde amenazaron con recurrir las entidades de defensa de usuarios y consumidores, la intención declarada del Gobierno es sacar un nuevo decreto que disponga, ya en los próximos días, un ajuste del orden del 9 por ciento en las tarifas de electricidad y de 7,2 por ciento las de gas. De estos aumentos quedarán excluidos los consumos mínimos, que se verían beneficiados por una “tarifa social”.
Se trata de los consumos por debajo de los 300 kilovatios mensuales de electricidad y de 500 metros cúbicos anuales de gas. Según el cálculo optimista del Gobierno, los ajustes promediarán los 2 pesos por mes por factura.
El decreto publicado ayer intenta ser una señal para los gobiernos de los países europeos que contribuyeron a que la Argentina logre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional conocido ayer. En la carta de intención presentada al FMI la Administración Duhalde asumió el compromiso de una revisión de las tarifas públicas y varias de las concesionarias de los servicios son compañías de origen europeo. El decreto establece que los ajustes tarifarios que se dispongan quedarán comprendidas en el proceso de renegociación dispuesto por la Ley 25.561 con las empresas prestatarias.
Asimismo, consigna que la facultad dada al Poder Ejecutivo por esta norma “no implica restricciones a las facultades y competencias atribuidas a los Entes de Regulación en materia de revisión, ajuste o adecuaciones tarifarias, por las leyes que establecen los marcos regulatorios respectivos”.