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En medio de la polémica por la calidad de los servicios públicos y los reclamos de ajuste tarifario de la mayoría de las compañías del sector, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, reclamó una ofensiva del Estado para verificar el cumplimiento de las prestaciones, en particular de la empresa Aguas Argentinas. “El Estado Nacional debe definir seriamente si Aguas Argentinas está en condiciones de continuar prestando el servicio, en atención a los graves incumplimientos del contrato. O bien, debe pensar en otras alternativas”, suscribió el funcionario, quien hizo duras críticas a Roberto Lavagna.
Mondino dejó sentada su opinión en un extenso informe de 80 páginas, divido en diez capítulos, sobre el servicio de agua potable y cloacas. Una de las conclusiones a las que llega el ombudsman refiere a la necesidad de convocar a audiencia pública antes de decidir un aumento tarifario. “La ausencia de debate reiteraría graves e irreparables errores cometidos desde el inicio del proceso de las privatizaciones”, refrendó. Además, puso límites precisos al Gobierno y no se privó de esbozar un reproche a Lavagna. “No se puede discutir un incremento tarifario, como pretenden la concesionaria y el Ministerio de Economía”. E instó a que el Estado analice y dictamine si Aguas Argentinas está en condiciones de seguir operando dadas las irregularidades detectadas en la prestación. “Si hay un servicio público que necesita de un presente transparente es el de agua y cloacas. Su pasado está marcado por los incumplimientos y la oscuridad a la hora de modificar el contrato”, consideró la defensoría.
En forma paralela, Mondino dirigió pedidos de informes a Economía y a la Secretaría de Obras Públicas para determinar si se están preparando los pliegos de bases y condiciones para la convocatoria a licitación pública para la concesión de los Corredores del Sistema de Concesiones Viales. También quiere saber si existen fundamentos legales por lo que se convocó a un documento de consulta para readecuar los contratos de concesión, que vencen en octubre. A Mondino le parece “curioso” empezar un trámite de envergadura cuando sólo restan seis meses para el final de las concesiones. “Lo racional y ajustado a derecho sería convocar a una licitación pública”, escribió en el informe. En otra crítica hacia Lavagna, agregó: “Parece que ha decidido, tácitamente, prorrogar la vigencia de los contratos sin evaluar fundamentalmente el grado de cumplimiento que han tenido hasta hoy”.