ECONOMíA › EL GOBIERNO LAS INVESTIGA POR NO CUIDAR DERECHOS DE LOS USUARIOS

Tres asociaciones en la mira

Adecua, Proconsumer y Consumidores Financieros fueron denunciados por llegar a acuerdos con un banco que habrían afectado a los clientes a quienes debía resguardar. El caso se debatió en el “consejo asesor” sobre la conducta ética de las asociaciones.

 Por David Cufré

La subsecretaria de Defensa del Consumidor, Lucila “Pimpi” Colombo, presentó ayer los términos de una denuncia contra Adecua, Consumidores Financieros y Proconsumer que se tramita desde mayo pasado. La funcionaria expuso ante el consejo asesor que evalúa la conducta ética de las asociaciones de consumidores. Participaron 25 entidades de usuarios, sobre 29 inscriptas. Colombo describió las líneas centrales de la investigación que lleva a cabo para determinar si aquellas tres asociaciones cometieron alguna irregularidad en los acuerdos judiciales que firmaron con un banco hace dos años y que dejaron a la mayoría de los clientes sin la reparación debida. De las averiguaciones surge que habría otros convenios similares con más entidades financieras, todos con la particularidad de un alcance limitado en su resolución, cuando las demandas eran en teoría para resguardar los derechos de todos los afectados.

Adecua, Proconsumer y otras nueve asociaciones respondieron anteayer en un comunicado que existe una campaña de “persecución a las entidades independientes”. Sandra González, titular de Adecua, tuvo un duro cruce con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en septiembre pasado. Fue cuando el “consejo asesor” evaluaba la conducta ética de otra entidad, Consumidores Libres, de Héctor Polino, por sus relevamientos de precios. Aquella vez González se quejó del “maltrato” de Moreno. En su asociación ahora dicen que Pimpi Colombo está tomando represalias por aquel incidente y por ser una entidad crítica de las políticas de Moreno.

La funcionaria explicó en el “consejo asesor” el origen de la denuncia. La presentó una cliente del banco Santander Río que dijo sentirse estafada por el acuerdo que firmó Adecua con la entidad financiera. Ella había tomado un crédito prendario a 60 cuotas. Cuando le llegó el resumen de la cuota 52 descubrió que el ítem “gestión de contratación y cobertura de seguro” había bajado de 42,3 pesos que le cobraban hasta entonces a 8,3 pesos. Consultó en el banco y le dijeron que el cargo había sido mal aplicado y que de allí en más se subsanaba el “error”. La cliente exigió que le reintegraran lo que le habían cobrado de más, con los intereses correspondientes. La cuenta daba unos 2000 pesos. Pero el banco le respondió que ya había perdido su oportunidad, porque se había vencido el plazo del acuerdo que había firmado con Adecua para resarcir a los afectados. La clienta no había tenido hasta entonces ninguna información sobre la existencia de ese acuerdo.

Colombo comentó que Adecua efectivamente inició un juicio colectivo contra el banco Santander Río por las comisiones mal cobradas, lo mismo que hicieron Consumidores Financieros y Proconsumer por los cargos en créditos hipotecarios y personales. Si bien la demanda exigía una reparación universal con una retroactividad de diez años, cuando Adecua llegó al acuerdo con el banco se acotó la indemnización a un plazo de tres años. También se resolvió que en lugar de practicarse un depósito automático en la cuenta de cada cliente perjudicado, sin necesidad de ningún trámite, como marca la Ley de Defensa del Consumidor en los juicios colectivos, esos clientes debían formular un reclamo concreto ante el banco en el término de 60 días corridos. La información del convenio salió publicada en dos pequeños edictos en diarios de tirada nacional. El resultado fue que la gran mayoría de los tomadores de créditos del Santander Río no se enteró que debía exigir el dinero y perdió la posibilidad de cobrarlo. El banco evitó pagar montos millonarios. Adecua argumenta que el acuerdo fue público, homologado por el fiscal y el juez.

Esta práctica se repetiría en otros juicios colectivos a entidades financieras, según la investigación oficial. Otros elementos que despiertan sospecha para las autoridades son que Adecua renunció a exigir al banco el pago de las costas y asumió la responsabilidad de la tasa de justicia, liberando a la entidad financiera de ese cargo. “Más de un año de trabajo, cientos de fojas en los expedientes, muchas horas dedicadas y al final Adecua renuncia a todo y le libera el camino al banco frente a sus clientes. Todo es muy raro, hay mucho para investigar”, dijeron en la reunión del consejo asesor. Las entidades que lo integran presentarán entre hoy y la semana que viene sus evaluaciones sobre lo ocurrido.

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Lucila “Pimpi” Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor, encabeza las investigaciones.
Imagen: Télam
 
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