El proyecto de ley ómnibus que incluye blanqueo, moratoria y pago a jubilados obtuvo ayer dictamen de comisión en el Senado, con lo que el oficialismo tiene el terreno allanado para que se apruebe el próximo miércoles durante su tratamiento en el recinto. La iniciativa del Gobierno, que no sufrió modificaciones, recibió el apoyo de senadores puntanos y del Frente para la Victoria. En la votación en la Cámara baja también hubo acompañamiento de diputados del FpV. Se presentaron además un segundo dictamen de minoría de la misionera del Frente Renovador Sandra Giménez y un tercero de la santacruceña (FpV) María Ester Labado, apoyado por los miembros de La Cámpora.

El paquete de medidas cuenta con media sanción de Diputados y el martes pasado comenzó a discutirse en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Presupuesto y Hacienda, Coparticipación Federal y Economía Nacional del Senado, con presencia de funcionarios del Ejecutivo. En el plenario expusieron el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; el titular de la AFIP, Alberto Abad; el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; y el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci.

Los funcionarios ofrecieron algunos detalles respecto de los cambios que se introdujeron durante el debate de comisión en Diputados, los que le aseguraron al oficialismo el respaldo de dos de los tres bloques opositores mayoritarios -Frente Renovador y Justicialismo-. El macrismo también se benefició de las primeras rupturas dentro del bloque kirchnerista, que le sumó siete votos de ese espacio: del ex gobernador Maurice Closs y de los diputados Jorge Franco y Silvia Risko, el misionero Daniel Di Stéfano, la tucumana Miriam Gallardo y los entrerrianos Carolina Gaillard y Lautaro Gervasoni. La aprobación fue con 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones. El gobierno aguarda una aprobación sin inconvenientes el próximo miércoles.

El proyecto contempla el pago de sentencias a jubilados, actualización de los haberes provisionales y una pensión por vejez que implica percibir a partir de los 65 años el 80 por ciento de la mínima. El paquete también incluye un blanqueo de capitales, sobre el que se aplicaría una penalización cuya recaudación irá a las arcas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para afrontar los nuevos compromisos. Se rubrica en el texto la devolución progresiva del 15 por ciento de Coparticipación de las provincias con destino a la Anses y se suman varias reformas en materia tributaria.

Entre los cambios incluidos durante su debate en comisión de Diputados se excluyó del blanqueo a los familiares directos de los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes y los parlamentarios del Mercosur. En cuanto a la moratoria previsional que vencía originalmente en septiembre próximo, se les brindará a las mujeres tres años más y a los hombres uno (prorrogable por otro más) para que ingresen, lo que posterga de hecho la entrada en vigencia de la pensión universal incluida en la iniciativa del Poder Ejecutivo. Se limitó la venta de acciones del FGS a un mínimo de 7 por ciento de su cartera y se prohibió que pueda invertir en activos extranjeros. Por último, se acordó no eliminar el impuesto a los Bienes Personales en 2019, sino reducir la tasa a 0,25 por ciento.