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La presión sobre el Gobierno para conseguir que la quita de la deuda sea menor al 75 por ciento se agudiza con la proximidad de la fecha de la propuesta formal. El poder se expresa por múltiples vías, desde las consultoras de la city hasta los organismos financieros internacionales. En el tira y afloje prima la visión de los acreedores, quienes intentan instalar la idea de que, al final del camino, el Estado argentino se verá obligado a realizar concesiones extras. La pregunta que nadie se hace es por qué resulta tan clave una renegociación más amigable. Incluso, dando un paso más, por qué la Argentina necesita hoy subordinarse a todas las sugerencias del FMI en materia de política económica. Estas dudas comienzan a ser compartidas también por muchos sectores del poder económico.
Cuando se habla de la reestructuración de la deuda existe un escenario extremo: que un rechazo absoluto de los tenedores de bonos a la propuesta gubernamental termine con la ruptura del acuerdo con el FMI. Al igual que a finales de los ‘90, desde algunas consultoras la situación resultaría de no seguir una estrategia atemporal: “recrear la confianza” mediante “un acuerdo más amigable con los acreedores”.
¿Pero qué pasaría si el escenario catastrófico se cumpliese?
La realidad es que la Argentina ya perdió su crédito en 2001, situación derivada en gran parte de las renegociaciones “no sustentables” de su deuda, y también que con ello la “capacidad de daño” del FMI pasó a ser mínima. Tal capacidad no era otra que la de desestabilizar las variables de la macroeconomía. Vale recordar que a fines de 2002 el país cayó provisoriamente en default con el Banco Mundial y no hubo más consecuencias que algunos titulares incendiarios en los medios. La estrategia de Jorge Remes Lenicov a principios del mismo año, cuando siguiendo las promesas del Fondo comenzó a pagar a los organismos con reservas internacionales llevándolas a niveles críticos, parece haber sido peor. Por esa época las mismas consultoras que hoy demandan la renegociación amigable preveían la inevitabilidad de la hiperinflación y una recesión inconmensurable.
La situación fue diferente. En 2003 la economía argentina, pagando religiosamente sus cuentas con los organismos financieros, logró crecer a más del 7 por ciento y recuperar lentamente sus reservas internacionales en un contexto de estabilidad macroeconómica.
Los argumentos de que no puede continuar por este camino no son del todo convincentes, aunque existe un punto que resulta inexorable. Parte del crecimiento fue producto de la mayor utilización de capacidad productiva ociosa (output gap) dejada por más de tres años de recesión. En algún momento este cierre de brecha llegará a un límite y será necesario, para mantener niveles de crecimiento similares, el concurso de mayores inversiones. Un debate pendiente es por qué esta inversión no puede ser cubierta con recursos propios, o por qué las inversiones sólo vendrán guiadas por la buena relación Gobierno-FMI y no, como en toda aplicación de capital, por la rentabilidad esperada.
En cualquier caso, aunque los economistas ortodoxos amenacen con que la utilización del margen de capacidad ociosa está a punto de agotarse, se trata de un debate para el 2006. Entre los actores económicos existe el consenso de que a la Argentina le tomará largo tiempo regresar a los mercados internacionales de capital. Plantear hoy la agenda de la recomposición del crédito a cualquier precio parece entonces carecer de sentido. En el corto plazo la economía tiene margen para seguir creciendo a los niveles actuales sin el auxilio de recursos externos.
Al igual que a principios de 2002, son los desprestigiados organismos financieros internacionales quienes más tienen que perder con una mala solución del problema de la deuda argentina. El “cambio de paradigma” en las finanzas internacionales, con la puesta en cuestión de los actores quefuncionaron como prestamistas de última instancia y la consecuente existencia del “riego moral” socializador de pérdidas (a cargo de los países y los organismos, esto es de los contribuyentes de todo el mundo) no existe sólo en las argumentaciones del Palacio de Hacienda.
En línea con esta realidad se encuentra un hecho que pocos años atrás hubiese resultado notable. Cada vez son menos los sectores del empresariado local dispuestos a acompañar acríticamente el discurso del FMI. Es probable que el naufragio de muchas firmas y la contabilización de pérdidas millonarias producto de las políticas de los 90 hayan ejercido un efecto disuasorio. En 2002, además, no sólo el sector público entró en default. Salvo los cuestionamientos político ideológicos, los de quienes persisten en la idea de que al niño más obediente siempre le va mejor, o los de quienes tienen interés y parte en la renegociación, como los sectores vinculados a las AFJP, los apoyos del establishment a las propuestas maximalistas de los acreedores se encuentran en retroceso.