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Podría decirse que el derecho que José María Aznar se arroga de regañar a la Argentina e impartirle consejos a su gobierno surge de una especie de fraude o abuso, de cuyo botín disfrutan los doce países de la zona euro: consiste en acaparar en el Fondo Monetario Internacional un poder de voto desproporcionado e ilegítimo que les permite tener la sartén por el mango. A punto tal que un subconjunto de esos países gozan de poder de veto, al igual que Estados Unidos. Porque en el FMI rige el voto calificado, y es muy útil saber cómo fue repartido entre sus miembros con la manifiesta intención de marginar la influencia de las naciones periféricas y, en su momento, del bloque comunista. Ya en Bretton Woods, poblacho norteamericano donde se fundaron el Fondo y el Banco Mundial en 1944, se descartó el principio de un país, un voto. En lugar de ello se adoptó un criterio mixto, aunque con el tiempo el factor igualitario –es decir, los 250 votos básicos asignados a cada uno de los 44 países fundadores– perdió toda relevancia y hoy, con 184 miembros, equivale a 2,1 por ciento del total. El 97,9 por ciento restante se distribuye en proporción a las “cuotas”, concentradas en manos de las potencias capitalistas.
Como explica el experto mexicano Ariel Buira, adicionalmente hay 53 cuestiones –es decir, virtualmente todas las importantes, y más aún– que requieren mayorías calificadas de 70 u 85 por ciento. Cuando se exige 70 por ciento, el G-5 (EE.UU., Japón, Alemania, Francia e Inglaterra) puede vetar porque detenta un 39,2 por ciento del voto total. El G-7, con el añadido de Suiza, Holanda y Bélgica, pasa del 60 por ciento. Quiere decir que los países dominantes, no contentos con haber repartido el poder de voto como mejor les convenía, añadieron como reaseguro la exigencia de mayorías calificadas, lo cual no tiene lógica alguna cuando ya el voto mismo es calificado.
Buira dice que lo de la fórmula para establecer las cuotas suena científico y objetivo, pero que no hay tal cosa. Raymond Mikesell, el autor de la fórmula, contó que el presidente de EE.UU. y el secretario de Estado le encargaron diseñar una ecuación que garantizara, al mismo tiempo, que Norteamérica recibiera un tercio del poder total de voto, que el Imperio Británico tuviese un sexto, que la Unión Soviética obtuviera menos que los ingleses, y China, menos que los rusos.
Después de romperse la cabeza, Mikesell produjo la receta. Sus ingredientes: 2 por ciento del PIB, 5% de las reservas de oro y dólares, 10% de las importaciones promedio, 10% de la máxima variación de las exportaciones, aumentándose los tres últimos porcentajes según fuese el cociente entre las exportaciones promedio y el Ingreso Nacional. La fecha de nacimiento y la patente del auto no hacen falta. Esa es la fórmula que aún se usa, con ajustes en las ponderaciones, y en combinación con otras cuatro fórmulas formadas por las mismas variables pero con diferentes ponderaciones. Una ensalada en la que no hay relación entre las cuotas (ergo, poder de voto) y el tamaño de las respectivas economías. Por ejemplo: Holanda, Suiza y Bélgica tienen más votos (suman 6,13%) que Brasil y México (totalizan 2,61), aunque éstos generan un Producto mucho mayor, sobre todo cuando se utiliza para la comparación la paridad de poder adquisitivo (PPA), que es lo que corresponde, en lugar del tipo de cambio, que suele estar muy distorsionado y ser muy volátil.
Pero las inequidades también ocurren entre países ricos. Por ejemplo, mientras EE.UU. detenta un 17,1 por ciento, la Unión Europea roza el 30, pese a que su PIB conjunto es algo inferior. Ocurre que esta sobrerrepresentación de la UE proviene de la fórmula, en la que gravita el comercio exterior. Esto favorece a los países europeos, que intercambian mucho entre ellos, y penaliza a economías continentales como la estadounidense, pero también a China, India o Brasil. Así, en la cúpula ejecutiva del FMI hay como diez directores europeos.
Esto, que antes podía criticarse, desde la creación del euro se ha vuelto escandaloso porque el comercio entre países (doce al día de hoy) que comparten una misma moneda con una banca central común no puede tomarse como auténtico comercio exterior, ya que nunca puede generar problemas de balanza de pagos, para atender a los cuales se creó precisamente el Fondo. Hoy, cuando España le exporta a Alemania o importa desde Italia sucede algo parecido a cuando Santa Fe le vende a Catamarca o compra productos en Misiones.
Lo concreto es que si se depurara esta distorsión, excluyendo el comercio intrazona euro, las cuotas de la Unión Europea caerían un 40 por ciento, lo que conduciría a aumentar la representación de los países en desarrollo, entre ellos la Argentina. De modo que parte de la subestimación del poder de voto argentino en el directorio del Fondo es culpa de la sobreestimación del voto español. Sería esperable que España y sus hermanos de moneda devolvieran al conjunto un poder de voto que están usurpando.
Para que el manejo arbitrario del poder sea aún mayor, los países centrales imponen, vía Fondo, condicionalidades cada vez menos cuantificables para los programas de asistencia, como el “grado de avance” hacia determinada meta política o la “buena fe” en una negociación. A diferencia de las metas fiscales y monetarias, la evaluación de esos otros objetivos es subjetiva. Una vez que esto se combina con una abusiva concentración del poder de voto, los países deudores quedan librados a la voluntad de los poderosos.
Esto guarda a su vez íntima relación con la renuencia de los países industriales (excluyendo los asiáticos, salvo Japón, que no han sido invitados al juego) a capitalizar suficientemente al FMI. La contrapartida de sus escasos recursos es la imposición de programas de ajuste más duros, que le son más penosos al país en crisis pero más baratos financieramente al Fondo, y la inclusión de condicionalidades no cuantificables, que permiten declarar incumplido un programa según el antojo de un puñado de potencias y cerrar el grifo en cualquier momento.