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Con la llegada del primer barco de Pdvsa y el anuncio de la empresa nacional de energía –que se concretará el martes próximo–, el Gobierno pretende mostrar iniciativa en uno de sus problemas más graves: la crisis energética. Sin embargo, mientras preparaban el Salón Blanco de la Casa Rosada para los anuncios, desde el Ejecutivo dijeron que los usuarios que se excedan en el consumo deberán pagar un sobreprecio de acuerdo con lo que paga la industria. Eso supone recargos de entre el 25 y el 50 por ciento, que supuestamente se aplicarán a los “usuarios residenciales que más consumen”, según dijo ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
El aumento estará destinado a los usuarios residenciales con una facturación que supere los 600 kilovatios por hora por bimestre y que no reduzcan al menos un 5 por ciento el uso de electricidad con respecto al 2003. Según Fernández, si no cumplen con esas condiciones esos sectores tendrán que abonar los precios “de la industria”. “A los castigos me gusta llamarlos cargos adicionales y tendrían que estar en el orden de entre el 25 y 50 por ciento de la factura”, dijo también el otro comunicador del Gobierno, el ministro del Interior, Aníbal Fernández. “No son premios y castigos, son incentivos para que los que estén consumiendo por debajo de los promedios puedan tener reducciones”, dijo.
Según estadísticas del mercado energético, en el país existen un millón y medio de casas de familia que consumen más de 600 kilovatios por hora por bimestre. Esa población es la que deberá achicar su consumo si no quiere ser afectada por la política de “castigos” selectivos. Pero no todos tienen la misma visión de esos incrementos, detrás de los que muchos consideran que se esconde un aumento de tarifas tradicional. Por caso, sobre el caso del gas, la líder del ARI, Elisa Carrió, aseguró que con el sistema de castigo “vamos a un aumento sin precedentes, incluso superior al de la década del ’90”. Una ejemplo del problema se está viviendo en Córdoba, donde la Fábrica Militar de Villa María quedó paralizada por falta de gas por la finalización del contrato con la distribuidora Ecogas. Los 60 empleados contratados de la empresa fueron suspendidos.