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Roberto Lavagna no pierde oportunidad de reclamarle al Fondo que no se entrometa en la renegociación de la deuda entre el Gobierno y los acreedores privados. Jack Boorman, consultor y asesor de la gerencia del FMI que encabeza Rodrigo Rato, fundamentó días atrás por qué esa pretensión es imposible de satisfacer. “Si el FMI no participa en el proceso de reestructuración de la deuda (argentina), entonces algunos demandarán que su status de acreedor privilegiado sea repensado. Y esto causaría un daño irreparable al FMI”, afirmó, durante un seminario interno del organismo. Si alguien en la administración Kirchner tiene la esperanza de que el Fondo flexibilice su posición en el futuro, que “ni lo sueñe”. La política de mano dura está haciendo furor en el Fondo, y todas las propuestas que se barajan en el más alto nivel del organismo van en contra de los intereses argentinos.
Boorman es uno de los integrantes del “Comité de Reinvención de Bretton Woods” (sic), que por estos días debate cuestiones tales como el nuevo rol del Fondo a 60 años de los acuerdos de Bretton Woods, que le dieron origen. En ese comité se debaten varias cuestiones relevantes para los países subdesarrollados sometidos a las llamadas “condicionalidades” del Fondo (ver aparte).
Como no podía ser de otra manera, allí también se habló, semanas atrás, del problema que plantea para el organismo la reestructuración de la deuda argentina. “El país (deudor) debe ser juzgado según actúe o no de buena fe con sus acreedores en la búsqueda de una solución a su problema de deuda, de manera tal que el FMI pueda iniciar o continuar prestándole (en el futuro)”, sostuvo Boorman. Luego explicó por qué, en su opinión, el FMI debe intervenir no sólo en la negociación sino también en la fijación de las metas de superávit fiscal en los años subsiguientes.
“No tiene sentido seguir una política que deje la determinación del patrón fiscal –más allá de lo necesario para cumplir con el servicio de la deuda con los organismos internacionales– al deudor (Argentina) y a los acreedores privados antes que al FMI”, aseguró Boorman. Y fundamentó que “esto es así porque, en última instancia, el FMI tendrá que juzgar la sustentabilidad de la posición argentina bajo cualquier arreglo al que se llegue con la deuda”.
A ver si se entiende. Para el asesor de Rato, el Fondo debe determinar cuál es la meta de superávit fiscal que debería alcanzar el Gobierno en los próximos años para honrar sus compromisos con los organismos internacionales y con los acreedores privados. En otras palabras, el superávit fiscal no es propiedad del Estado argentino sino de sus acreedores, de modo tal que aquél no puede disponer de ese excedente para redistribuirlo en la sociedad a través de obras públicas, planes sociales o aumento de las jubilaciones.
Finalmente, Boorman explicó que el Fondo Monetario necesita intervenir en la negociación con los acreedores privados para salvaguardar los intereses del propio organismo. “Si el FMI no participa en el proceso de reestructuración de la deuda (argentina), entonces algunos demandarán que su status de acreedor privilegiado sea repensado. Y esto causaría un daño irreparable al FMI y a su rol de ayudar a los países a afrontar las crisis de deuda que inevitablemente seguirán ocurriendo”, advirtió.
El FMI y los otros dos organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial y BID) son acreedores privilegiados de la Argentina porque, después de la devaluación, el Gobierno siguió abonando puntualmente los vencimientos de intereses y, en algunos casos, de capital. Según las cifras del Banco Central, entre enero del 2002 y el mes pasado, el Estado transfirió a los organismos internacionales, por todo concepto, 8300 millones de dólares netos de reembolsos. La recomendación de Boorman apunta a evitar que este status especial sea cuestionado por la comunidad financiera internacional, algo que podría ocurrir –alerta– si los acreedores percibieran que la renegociación de la deuda les resulta muy desventajosa. Si esta idea es la que guía las decisiones de Washington, entonces se entiende mejor por qué el FMI actuó en el último año como lobbista calificado de los acreedores ante el Gobierno argentino. Pero además presagia un mal pronóstico para la estrategia de Lavagna, porque sería muy difícil correr al Fondo del medio de las tratativas con los acreedores. Así, cuando el FMI plantea que para que el canje sea considerado exitoso deberían adherir el 80 por ciento de los bonistas, en realidad estaría defendiendo su propia legitimidad ante el establishment financiero internacional.
Pocos y ricos
Otro de los temas que se discute por estos días en el Fondo es cómo mejorar la representatividad (“voz y voto”) en el Directorio. Boorman explicó, por ejemplo, que “los siete mayores países asiáticos (sin contar Japón) tienen en conjunto una menor porción de acciones (cuotas) en el Fondo que Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza, pese a una participación en el PBI global 7 veces mayor y un flujo comercial significativamente más importante”.
Para el consultor del organismo, en el futuro debería revisarse la participación de cada país en el comercio y el PBI mundial para mejorar la “legitimidad” en el proceso de decisiones del Fondo. Desde ese punto de vista, la Argentina se vería perjudicada dado que en las últimas décadas perdió peso en el escenario económico internacional.
Sin embargo, más negativa para el país es la propuesta de Boorman para “mejorar la eficiencia de la institución” a la hora de tomar decisiones en el Directorio. Según el asesor de Rato, “debería reducirse el número de sillas en el Comité Ejecutivo del FMI”, en tanto que para acceder a las sillas vacantes los países deberían contribuir con una cuota mayor del capital del organismo.
De prosperar un proyecto así, la Argentina perdería “voz y voto” en el Directorio, a menos que el Gobierno accediese a hacer un aporte extraordinario de capital al Fondo. Actualmente, el Directorio del FMI está compuesto por 24 directores ejecutivos. La Argentina cuenta con un sillón en el Directorio –ocupado por Héctor Torres–, pero compartido con otros países latinoamericanos: Uruguay, Perú, Paraguay, Bolivia y Chile. Si el “costo” de cada silla se elevara, seguramente habría que buscar más socios regionales para amontonarse en una poltrona.