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Adolfo Vázquez fue el último de los menemistas que ocupaban una poltrona en los grandes despachos de la Corte Suprema. Sin embargo, este sector del PJ todavía mantiene representantes en puestos claves de la Justicia. En la Defensoría General de la Nación sobrevive uno de ellos. Se trata del titular de esa dependencia: el riojano y ex asesor de la policía de aquella provincia en los tiempos de la dictadura, Miguel Angel Romero. El funcionario enfrenta desde principios de año un pedido de juicio político. El expediente que lleva su nombre ya acumula más de 200 fojas y, según confiaron integrantes de la Comisión de Juicio Político, en dos semanas se define la suerte del menemista. Todo indica que esta vez no tendrá el respaldo del que supo gozar y el proceso que tiene como destino la destitución está encaminado.
Romero es un viejo conocido de la comisión que preside Ricardo Falú (PJTucumán). Esta es la segunda vez que tendrá que responder por una serie de irregularidades que se le imputan. Hilario Lagos, uno de los defensores oficiales, fue quien realizó la denuncia y le achaca designaciones y contratos irregulares; gastos superfluos; organización de congresos en grandes hoteles para debatir temas menores; movilidad de personal y adjudicación de tareas que violan normas internas. No terminan allí las acusaciones de Lagos, quien también señaló designaciones cuestionables, como la de Stella García Vigo de Cubría, nuera de la jueza María Romilda Servini de Cubría. La llegada de García Vigo se produjo, curiosamente, el mismo día que Servini sobreseyó a Romero en una denuncia que le había promovido el ex defensor ante la Corte, Hugo Rodríguez Sañudo.
La investigación que lleva adelante la comisión parlamentaria y que se nutrió de la presentación de Lagos recolectó una importante cantidad de pruebas contra el funcionario menemista, que van desde “preocupantes” instrucciones que emitió Romero para los defensores, donde no sólo les ordenaba espaciar las visitas a los presos –de una vez por mes a una cada tres meses–, sino que además les indicaba que a los testigos debían hacerles “tres o cuatro preguntas tontas, y en los alegatos cuatro pavadas, para cumplir, pues los imputados vienen todos condenados”. Claro, para toda regla siempre hay una excepción y para Romero fue la llegada a los estrados judiciales de su amiga María Julia Alsogaray, a quien le designó una defensora oficial exclusiva que tuvo que dejar todos los otros casos para concentrarse en la ingeniera rea.
Las instrucciones –según trascendió de la comisión de Juicio Político– incluían también la obligación de cumplir un doble rol que implicaba actuar tanto como defensor como querellante. Esto provocó que 42 fiscales presentaran unas duras observaciones a las recomendaciones de Romero.
Hace más de un mes que los diputados que forman parte de la comisión que preside Falú tienen en sus despachos una síntesis del caso Romero de unas 70 páginas. Ahora que el caso Vázquez pasó a la historia, los legisladores centrarán su tarea en Romero. Uno de los hombres más influyentes de la comisión señaló a este diario que “en dos semanas estaremos en condiciones de definir si archivamos las actuaciones o abrimos el capítulo de cargo”. El legislador no esperó otra pregunta y aseguró que “Romero es el Vázquez de la Defensoría, así que correrá la misma suerte”.
Si de suerte se trata, Romero tuvo mucha y de la buena. Sobre todo si se tiene en cuenta que este riojano, que supo ser asesor letrado de la policía de su provincia durante la dictadura, logró que Carlos Menem en las postrimerías de su segundo mandato lo impusiera en la Defensoría a pesar de la resistencia de la oposición.
Todo indica que Romero es un hombre agradecido y que no olvida a los que le dieron una mano. Es por ello que fue uno de los que buscó la manera de que su mecenas consiguiera la re-reelección y es por ello que en 1998 leconfió al senador Jorge Yoma su estrategia para alcanzar ese objetivo. Le dijo que Menem tenía las mismas facultades del peruano Alberto Fujimori para cerrar el Congreso de la Nación.
A Romero hay que reconocerle su coherencia a través del tiempo. No sólo asesoró a la policía riojana durante la dictadura, sino que, ya como defensor oficial de la Nación, rechazó las excusaciones de los defensores con familiares desaparecidos y que sienten violencia moral cuando les toca asistir a los genocidas. Romero rechazó todos los pedidos invocando “la inviolabilidad de la defensa en juicio” que, si bien lo contempla la Constitución y los tratados internacionales, también es cierto que ninguno los obliga a los abogados a tomar casos que les produzcan violencia moral. Todos los defensores que solicitaron la excusación tienen familiares o amigos que están desaparecidos o que fueron víctimas de la dictadura.
Tan coherente es que en el ’98 trascendió que Romero estuvo a punto de visitar al genocida Jorge Videla con el objetivo de ofrecerle los servicios de la defensoría. También se lo había confesado a Yoma, quien lo hizo público durante una sesión del Senado, pero luego Romero lo negó.