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El Gobierno enviará mañana al Congreso un proyecto de ley ómnibus para refundar la economía. Los legisladores recibieron la instrucción del Poder Ejecutivo de permanecer en Buenos Aires para sesionar durante el fin de semana. El aspecto saliente de la iniciativa es la derogación de la ley de Convertibilidad, régimen que quedará sepultado tras diez años y nueve meses de vigencia. Sin embargo, el sistema que lo sucederá aún no definió sus rasgos con precisión. Elaborar el plan de salida del mítico uno a uno demanda un esfuerzo mayúsculo, que ayer se tradujo en múltiples reuniones del equipo económico y en consultas a todo nivel. A la noche, al término de uno de esos encuentros, algunas cosas quedaron más claras. Jorge Remes Lenicov, quien hoy asume como ministro de Economía, le alcanzó a Eduardo Duhalde las conclusiones de largas horas de debate. Una de ellas es que la nueva cotización del dólar será de 1,40 peso, con un sistema de tipo de cambio fijo. Otra es que los pequeños ahorristas deberán esperar 6 meses para poder extraer su plazo fijo del banco, de acuerdo al cronograma que se difundirá mañana.
“Estamos desarmando una bomba y cualquier distracción nos cuesta la vida”, describió con dramatismo uno de los miembros del equipo de Remes Lenicov a Página/12. Todas las fuentes consultadas por este diario coincidieron en esa valoración. Lejos de ocultar lo angustiante de la situación, Duhalde eligió como estrategia política acentuar ese diagnóstico. Ya dijo que “la Argentina está quebrada, está fundida”, y lo seguirá diciendo para cargar a la herencia la responsabilidad por el dolor que causará el pinchazo de la inyección con que su gobierno pretende curar la enfermedad. También para escudarse de las críticas que pueda recibir.
Son varios sus detractores, desde José Manuel de la Sota hasta los sectores que representa el gobernador cordobés: las privatizadas, el establishment financiero y rubros industriales afectados por la devaluación, como las automotrices y las compañías endeudadas en dólares con el exterior. En el ámbito empresario, sus defensores están entre los exportadores que se verán beneficiados por un tipo de cambio más favorable. En cuanto a los asalariados, el gobierno pretende diluir lo más posible su pérdida de poder de compra real en pesos, para lo cual es esencial controlar la inflación. Esa fue una de las premisas básicas de la discusión técnica de ayer, que tuvo los siguientes tópicos:
- Devaluación. El planteo inicial de Remes Lenicov de pasar a un sistema de flotación se desestimó rápidamente por la previsible estampida en la cotización del dólar. Otra propuesta fue establecer un sistema de bandas, manteniendo el piso en un peso y fijando el techo en 1,30. El Banco Central intervendría para que la cotización se ubicara más cerca del piso que del techo, a fin de achicar el impacto inflacionario de la devaluación. Como se dijo, para que el plan sea políticamente viable es preciso que los salarios sufran la menor pérdida posible, y eso se logra conteniendo el aumento de precios (ver nota en esta misma página). Sin embargo, la apuesta es demasiado riesgosa porque la demanda de dólares seguramente desbordaría la capacidad de entregarlos del Banco Central, y entonces el mercado perforaría el techo, volteando todo el plan, como ocurrió en Brasil en enero de 1999.
Despejadas esas opciones, se decidió avanzar con el esquema propuesto por el economista radical Roberto Frenkel: devaluar, pero anclando el dólar a una nueva paridad, la de 1,40 peso. Esa cifra fue establecida en función a la cotización que tendría hoy el peso si estuviera atado a una canasta de monedas, con el dólar, el euro y el real en igual proporción. El equipo económico estimó que harán falta al menos unos 180 días hasta que se pueda pasar a un sistema de flotación.
- Dólar libre. Con la derogación de la convertibilidad, el Banco Central ya no tendrá obligación de entregar dólares. Y se manejará con la paridad de 1,40 para la liquidación de operaciones de comercio exterior. Pero las casas de cambio y los bancos tendrán libertad para vender y comprar todoslos dólares que quieran, a la cotización que quieran. Para el gobierno es clave que el dólar libre no se dispare, porque eso generaría la sensación de descontrol que ya se vivió en 1989 y podría desembocar en un proceso inflacionario desbocado. El Banco Central está dispuesto a entregar unos 2000 millones de dólares en las primeras dos semanas tras la devaluación para calmar la sed de dólares. En Economía se esperanzan con que eso será suficiente para que el dólar libre se ubique en torno a 1,60 peso, lo que sería bastante tolerable.
- Pesificación de deudas. Hay dos opciones. Una es que los créditos hipotecarios, prendarios, personales y los tomados por pequeñas y medianas empresas que hayan sido contraídos en dólares sean pasados a pesos. Pero a la cotización del dólar de 1,40. Esto haría crecer el monto de la deuda. Para disminuir el impacto sobre los endeudados, habría una drástica reducción de la tasa de interés, a menos de la mitad de sus niveles actuales. De todos modos, la deuda sería mayor a la de antes de la devaluación. Para que la gente pueda seguir pagando el crédito, se mantendría el monto de la cuota y se agregarían otras, extendiendo el plazo.
La otra opción es que las deudas se pesifiquen a un peso. Para no dañar a los bancos, el Estado les entregaría un bono, lo que en la práctica equivaldría a “estatizar” la deuda de privados. La justificación política sería que “a la gente se la engañó, porque se le hizo creer que la convertibilidad era para siempre, y ahora el Estado tiene que asumir el costo de ese engaño”. Sin embargo, los bancos rechazan esta propuesta. Para las deudas en dólares de las grandes empresas se manejan opciones similares.
- Corralito. Las restricciones para extraer dinero se mantendrán al menos por seis meses –en el caso de los pequeños depósitos– y llegaría a tres años –para los de mayor monto–. Durante el tiempo en que el dinero quede retenido en los bancos, se fijará una tasa de interés de entre 2 y 3 por ciento. Es probable que no se puedan sacar ni siquiera los 1000 pesos mensuales de los plazos fijos. El gobierno no quiere que la gente tenga dinero para comprar dólares y haga subir su cotización. Aunque la medida resulta recesiva, el equipo económico la asume como “el costo de la salida”, que será más bajo que una hiperinflación.
- Inflación. El objetivo inicial es que no supere el 10 por ciento. Aunque se espera suba en productos de consumo masivo, confían en que la recesión impedirá pasar a precios la devaluación en el caso de los productos durables y semidurables. Se quieren controlar los precios más sensibles, vía negociación con supermercados, laboratorios y petroleras.
- Desdolarización de tarifas. Para que la pérdida en el salario no sea tan alta, se desdolarizarán las tarifas de los servicios públicos privatizados. Será uno de los puntos de la ley ómnibus. Ayer se discutía si habrá indexación de tarifas por inflación, lo que parece bastante probable.
- Emisión de Lecop. Junto con la devaluación, se emitirán 3000 millones de Lecop. Y luego habrá emisiones adicionales.
- Ayuda del FMI. “Si el FMI no nos da unos 15 mil millones de dólares en 90 días, todo el plan estará en peligro”, admitió un vocero del equipo económico, rogando porque todo salga bien.