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Con la oposición de la Unión Cívica Radical y la resistencia de algunos hombres del justicialismo, el Senado votó ayer en general la prórroga hasta diciembre de 2005 de la Emergencia Económica, un estado de “excepción” que otorga facultades especiales al Poder Ejecutivo. Entre estas prerrogativas figura expresamente la de renegociar los contratos con las privatizadas, cuyas tarifas fueron pesificadas e inhibidas de ser ajustadas hasta tanto no se haya firmado un nuevo acuerdo. El proyecto también impone una indemnización especial a aquellos empleadores que expulsen mano de obra hasta tanto el índice de desocupación no esté por debajo del 10 por ciento. Al cierre de esta edición, los senadores se aprestaban a introducir algunas modificaciones en el texto, que forzarían su regreso a Diputados.
Los retoques impulsados por el oficialismo incluyeron la prórroga hasta fin del año que viene del estado de Emergencia Sanitaria Nacional, algo reclamado expresamente por el Ministerio de Salud. En el mismo párrafo, los legisladores del PJ convinieron que se “reacuerde” la tasa de justicia correspondiente a los procesos concursales y acuerdos preventivos extrajudiciales y autoriza al PE nacional a establecer mecanismos de extensión de los plazos de pago.
El senador radical Gerardo Morales fue uno de los encargados en cuestionar el proyecto con el argumento de que en el país existe una “crisis estructural” pero ya no hay emergencia en sentido estricto. Desde ese punto de vista, no tendría sentido seguir delegando en el Ejecutivo potestades que naturalmente le corresponden al Parlamento, una cesión que ayer también crispó el ánimo de legisladores de la propia bancada oficialista.
Pero la resistencia radical se topó con la firmeza del justicialismo, que sacó dictamen en tiempo record y lo llevó al recinto sin que hubieran pasado los siete días reglamentarios para hacer esa consideración en la Cámara. En principio, la idea era aprobar el proyecto tal cual lo había sancionado Diputados para evitar demoras. Pero luego los propios senadores del PJ, a instancia de Jorge Capitanich, empezaron a consensuar algunos añadidos, entre ellos el que declara la emergencia sanitaria, tal como reclamó el ministro de Salud, Ginés González García.
La ley 25.561 dispone la emergencia “social, económica, administrativa, financiera y cambiaria” y, en función de ello, faculta al Poder Ejecutivo a “reordenar el sistema financiero”, “reactivar la economía”, crear condiciones para el crecimiento económico y “reestructurar las obligaciones en curso de ejecución”. La novedad de la flamante prórroga es que se faculta al PE nacional para declarar la cesación, “en forma total o parcial”, del estado de emergencia pública en algunas o todas las materias comprendidas. Esto abre una ventana para que –si el Gobierno lo juzgara conveniente– los legisladores vayan recuperando sus potestades antes de que termine el año próximo.
Otro punto singular de esta nueva prórroga a la emergencia es el que exige a la Comisión Bicameral de Seguimiento específica, creada por la ley para controlar el accionar del Ejecutivo, producir un informe al 30 de junio del 2005. Ese cuerpo debería sintetizar todo lo que se hizo en virtud de ese estado excepcional, que le dio especiales atribuciones al Gobierno.
El artículo cuarto de la prórroga extiende “la suspensión” de los despidos sin causa justificada hasta que el índice de desempleo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos resulte inferior al 10 por ciento. Si en ese lapso un empleador despidiera a cualquier trabajador ocupado desde antes del 1º de enero de 2003 deberá compensarlo con lo que en un momento fue indemnización doble, hoy reducida a un adicional que equivale al 80 por ciento del la simple.