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Si no mediara una prórroga de la Emergencia Económica, que extiende por un año más el plazo para renegociar contratos con las privatizadas, podría decirse sin vueltas que la discusión con las transportistas y distribuidoras de gas fracasó. Los reajustes tarifarios de entre el 7 y el 10 por ciento para las primeras y del 15 por ciento promedio para las últimas, más un ajuste por inflación que les propuso la Unidad de Renegociación de Contratos, no fueron un anzuelo eficaz para arrimar posiciones con miras a un nuevo contrato. A pesar de esto, los usuarios no residenciales están sujetos a aumentos dispuestos por varias vías diferentes, incluyendo las subas que permitirán financiar las ampliaciones de los gasoductos Norte y Sur.
A menos hasta mediados del año próximo, los usuarios domiciliarios pueden respirar tranquilos, ya que para ellos no hay subas previstas. Esta restricción limita, pero está lejos de hacer mella fuerte en el negocio de las adjudicatarias, ya que los clientes domiciliarios representan apenas un tercio de los ingresos de las distribuidoras de gas.
La Uniren formuló su propuesta en base a una visión fotográfica del negocio de las empresas cuya actividad está regulada (transportadoras y distribuidoras), contemplando la necesidad de cubrir costos operativos y hacer mantenimiento, pero no la de expandir redes.
Sobre esta base, los técnicos oficiales previeron un aumento y un mecanismo para preservar la tarifa en términos reales hasta la próxima revisión: si el índice de precios se disparase en un semestre por encima de un porcentaje a determinar –posiblemente entre 5 y 7 por ciento– el ente regulador se avendría a estudiar qué corrección es factible hacer. De ese modo se elude la automaticidad de los ajustes, algo que quiere impedir el ministro de Planificación, Julio De Vido.
A Metrogas le propusieron un incremento del 15 por ciento sobre su remuneración, lo que significa una suba de alrededor del 5 por ciento para el conjunto de usuarios finales. Para la Transportadora de Gas del Sur previó una suba del 7 por ciento en su tarifa, que se eleva al 10 por ciento en el caso de la Transportadora de Gas del Norte. A decir de los técnicos de la Unidad, TGS hace su América con el gas licuado, cuyo precio no deja de subir. En tanto que TGN aprovecha la posibilidad de dolarizar su tarifa cuando exporta a Chile.
Esas fuentes de prosperidad dan pie al Gobierno para restringir las aspiraciones empresarias de recomponer sus ingresos vía tarifa. Pero el resultado fue un planteo que el conjunto de las empresas consideró tan magro, que ninguna de ellas se avino a firmar aunque sea un acuerdo en términos provisorios.
Para las nuevas obras, el Gobierno optó por el mecanismo de constituir fondos fiduciarios administrados por el Banco de la Nación Argentina, como el que le permitirá a la transportadora sureña ampliar la capacidad del San Martín en 2,9 millones de metros cúbicos diarios. Petrobras, accionista de TGS, y algunos productores aportarán parte del dinero que completará el Bndes de Brasil sólo en calidad de prestamistas. Pero la obra, cuyo costo está estimado en 285 millones de dólares, será en definitiva costeada con un cargo de entre el 35 y 40 por ciento sobre la tarifa actual de los usuarios industriales, algo política, pero no legalmente resuelto.
Finalmente, el precio del gas en boca de pozo tiene un sendero de reajustes hasta julio de 2005 que le permitiría recuperar gran parte del valor en divisas previo a la devaluación, cercano a 1,4 dólares el millón de BTU. Hasta entonces, las distribuidoras respetarán los contratos “en firme” con los clientes industriales, trasladándoles los aumentos del que por ahora estarán exceptuados los residenciales. Y a partir de aquel momento, el valor del fluido quedará sujeto a la voluntad del mercado,según destacó ayer el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar. Cuando esto ocurra, difícilmente los domicilios sigan exceptuados.