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Posiblemente en un encuentro que tendrá lugar en las próximas horas, las principales generadoras eléctricas privadas del país y los funcionarios de la Secretaría de Energía avancen en una definición fundamental para el horizonte energético del país. Lo que hay que resolver es si con el dinero que Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, le debe a aquellas compañías se construirán una o dos centrales de ciclo combinado. La opción más ambiciosa, sustentada por el Estado, abre la incógnita acerca de dónde saldrán los recursos.
La discusión se da sobre la base de que una veintena de generadoras entre las que se encuentran las grandes como Total, Petrobras, AES o Endesa admitieron que sus acreencias integren el Foninvemen. En otros términos, que en lugar de cobrar una deuda acumulada por recibir un precio menor al que corresponde por la energía prevista al sistema, el Estado construya una nueva central que operarían y explotarían los privados como propia.
Aquella acreencia tuvo su origen en el congelamiento de las tarifas de las distribuidoras, que incluye un porcentaje para cubrir una suba del costo de la energía mayorista. Como esta brecha es consecuencia de una medida oficial, el Estado la asumió como una obligación propia, que fue honrando en cuotas pero de la que aún queda una parte pendiente. Hacia fines de 2006, el monto redondearía los 320 millones de dólares.
Esa cifra es insuficiente para edificar una sola central de ciclo combinado, cuyo costo se estima próximo a los 450 millones de dólares. Quizás por esto, y a pesar de que el sector mayorista tiene definido un sendero de precios que hace muy atractivo el negocio, las usinas no están dispuestas a avalar la propuesta oficial de construir dos centrales, con una capacidad instalada total de 1600 megawatts.
Tanto las empresas como los funcionarios de Planificación basan sus supuestos sobre un crecimiento promedio de la economía cercano al 5 por ciento anual en los próximos ejercicios. Sólo que el Gobierno incluye en sus hipótesis eventualidades como problemas en la provisión de gas o una disminución en el aporte de las centrales hidráulicas debido a la escasez de lluvias, factores de riesgo de un eventual colapso. Por el contrario, las firmas privadas aseguran que “no es necesario sobreinvertir creando una capacidad de reserva exagerada”.
La definición acerca de cuánta potencia instalar finalmente y cómo financiar esta instalación resulta tan determinante como la conformación interna de la nueva sociedad privada que explotará el negocio. El afán de casi todas las grandes compañías en condiciones de liderar el emprendimiento es gerenciarlo, algo que les permitiría obtener una remuneración adicional. Pero esta fórmula aún no estaría consensuada, al punto que muchas de las centrales más pequeñas ni siquiera designaron a su representante.
También es motivo de debate la localización de la nueva central, aunque hay coincidencia mayoritaria de que sea próxima a Rosario. De optarse por esta vía, y no la alternativa de la cordobesa Almafuerte, gran parte de la nueva energía será consumida por esa ciudad santafesina, descomprimiendo parte del congestionado sistema de transporte eléctrico. Otro de los problemas que tiene en la mira el secretario de Energía, Daniel Cameron.