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El directorio del Banco Central estudia la posibilidad de presentarse como querellante en el juicio iniciado contra el ex banquero menemista Raúl Pedro Juan Moneta por la caída del Banco de Mendoza, para evitar la prescripción de la causa. Tal como había adelantado Página/12 el último domingo, durante el mes de abril la causa por inacción del juzgado que entiende en ésta, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. La documentación incorporada al expediente por el propio Banco Central identifica al mismo Moneta, a Benito Jaime Lucini, Pablo Juan Lucini y Jorge Enrique Rivarola, todos vinculados al Banco de Mendoza, como los accionistas del Federal Bank, entidad acusada de haber servido para la triangulación de siete mil millones de dólares entre Argentina y Estados Unidos. Marcos Moiseeff, gerente principal de Asuntos Legales del Banco Central, aseguró que el cuerpo técnico legal del mismo recomendó que la entidad se presentara como querellante para agilizar la causa. Ahora, tal recomendación está siendo estudiada por el directorio. “Es una decisión política”, subrayó Moiseeff.
La documentación que el propio Moiseeff remitió al juzgado de Canicoba Corral a fines de 2004 contiene, entre otros elementos, una nota con membrete oficial del Banco Central de Bahamas firmada por la gerente del área de Supervisión Bancaria, Cassandra Nottage, que identifica como accionistas del Federal Bank a Moneta y otros ex directores del Banco de Mendoza. La entidad jamás fue incluida en las declaraciones de bienes ante la AFIP del ex banquero, por lo que podría convertirse en su talón de Aquiles ante la Justicia.
La causa que se inició en 1999 con la caída del Banco de Mendoza tuvo por querellante original a un particular damnificado. Un juez federal de Mendoza fue el primero que la tuvo a su cargo y ordenó la detención de Moneta y otros directores de la entidad. Sin embargo, la causa se trasladó a jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, donde el juez Gustavo Literas dejó sin efecto la orden de captura precedente.
La última novedad en la causa se produjo a fines del año pasado cuando el Banco de Bahamas notificó al Central que el Federal Bank era propiedad de la sociedad que formaban Raúl Moneta y sus familiares Benito y Pablo Lucini. Sin embargo, la causa prescribirá en abril si la carátula se reduce a “defraudación o estafa”. Pero si se mantiene el concepto de “asociación ilícita” entonces le quedan cuatro años más de tiempo, explicó Moiseeff.
Para evitar la prescripción de esta causa, las opciones son: que el fiscal pida a la Cámara que obligue al juez a citar a indagatoria a Moneta, que el juez lo haga por propia decisión, que el Banco Central se transforme en querellante y pida las indagatorias o que lo haga la provincia de Mendoza como damnificada, explicaron fuentes cercanas a la investigación.