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Mientras el gobierno nacional celebra la formalización del canje de deuda, con distinto grado de incertidumbre las administraciones del interior enfrentan el desafío de honrar este año obligaciones que son un 80 por ciento superiores a las de 2004 y, en algunos casos, sin la garantía del auxilio financiero del poder central. En este contexto de presión, los gobernadores adhirieron a la Ley de Responsabilidad Fiscal, condición para ser beneficiarios por el Programa de Financiamiento Ordenado. Un salvavidas que les tira la Nación sólo a los que admitan un ajuste a sus cuentas, básicamente por la vía de limitar sus gastos.
En rigor, ninguna jurisdicción está en condiciones de cantar victoria. La Nación aún no tiene asegurado el financiamiento para cumplir con todos los vencimientos de aquí a fin de año, menos aun si no hay acuerdo con el Fondo Monetario que le permita refinanciar parte de los compromisos contraídos con el organismo. Sobre las provincias, con la gobernada por Felipe Solá a la cabeza, pesa una deuda multimillonaria que en gran parte tiene a la Nación como principal acreedora. Vale recordar que el poder central colaboró con el rescate de las cuasimonedas provinciales y asumió el pago de préstamos contraídos con organismos multilaterales, entre otras asistencias brindadas al interior.
Para colmo de males, aquellas provincias que consiguieron reestructurar sus deudas –paquete que también incluye compromisos en moneda dura– lo hicieron con una quita promedio de apenas el 15 por ciento, muy lejos del 65 que consiguió imponerles el Palacio de Hacienda a los bonistas que entraron al canje. Los números son muy elocuentes: en el 2001 las administraciones provinciales tenían en conjunto deudas por el equivalente a 30 mil millones de dólares, monto que en la actualidad alcanza a 25 mil millones, pese a los esfuerzos de algunas para reestructurarlas.
La situación es bastante desigual, aunque el marco global que se diseñó desde la cartera que comanda Roberto Lavagna es común. Con el aval de sus Legislaturas, las provincias tienen que adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal que, básicamente, impone un límite en su nivel de gasto (éste no puede aumentar por encima del PBI) y al de su endeudamiento (los servicios de la deuda no pueden superar el 15 por ciento de recursos coparticipables), entre otras restricciones. Sólo entonces se habilita el acceso al Programa de Financiamiento Ordenado, por el cual la Nación refinancia obligaciones contraídas con ella y facilita fondos frescos.
Buenos Aires admitió ese corsé y por ello acaba de conseguir un oxígeno financiero vital a través del PFO. Mientras, su deuda en eurobonos por 2700 millones de dólares está defaulteada, 200 millones de los cuales están en manos de las AFJP. La solución de este problema es una incógnita.
De algún modo, la Nación opera con respecto al interior con una presión similar a la que el Fondo Monetario Internacional ejerce sobre ella para que ajuste sus cuentas restringiendo gastos. Por ello, el FMI celebró la Ley de Responsabilidad Fiscal que, en definitiva, permite liberar más recursos para el servicio de la deuda. Córdoba, por citar un ejemplo de envergadura, resiste esta modalidad de ajuste aunque con singular argumento desafiante: es “blandengue”, objetó en algún momento el justicialista José Manuel de la Sota, jactándose de poder sobrecumplir las metas impuestas por aquella norma, algo que elige hacer en libertad.
Sin embargo, fuentes no oficiales dan fe de que el nivel de deuda de la mayor parte de las provincias, hayan o no adherido a la Responsabilidad Fiscal, supera el impuesto por esa norma, ya que en promedio llega al 20 por ciento de los fondos coparticipados. Sobre esta base, casi ninguna podría beneficiarse con el PFO, que alarga plazos de pago hasta 2018.
Aquí es cuando empieza a jugar la discrecionalidad para resolver a quién se le perdona o no esa transgresión y cuál es la eventual sanción. Esta decisión es competencia del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, órgano de supervisión que operará bajo el neto dominio de la Nación y Buenos Aires, ya que en su consejo directivo el peso de los votos es proporcional a la cuota de coparticipación. Otro lugar donde Néstor Kirchner y Felipe Solá estarán próximos.