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Las tarifas de servicios públicos ya tienen fecha para salir del freezer: antes del 20 de julio, el Ministerio de Economía le elevará al Presidente de la Nación una propuesta de ajuste para el gas, la electricidad, el agua y los teléfonos. La propuesta incluirá un ajuste heterogéneo, en el que los que más consumen más aumento pagan. No es la única mala noticia para el sector de ingresos y consumos medios: en el Palacio de Hacienda se ven venir un escándalo por la incidencia del aumento especial de salarios de 100 pesos entre julio y diciembre sobre las cuotas de créditos bancarios y alquileres, que se ajustan por el Coeficiente de Variación Salarial (ver aparte).
Fue el propio Eduardo Duhalde quien reclamó ponerle plazo a dichas definiciones tras un encuentro en el que escuchó quejarse a las empresas concesionarias por el incremento de sus costos a partir de la devaluación. Fue tal la dramatización que hizo Duhalde frente a los empresarios, exigiéndole a los funcionarios del Palacio de Hacienda que atiendan las urgencias de las privatizadas, que un representante de estas últimas terció en defensa del equipo económico, subrayando el “muy buen diálogo” y “la comprensión” que encontraban en la gente de Roberto Lavagna. “Pensé que los estaba echando y que íbamos a tener que empezar de cero con otro ministro”, le comentó luego ese mismo representante empresario a un funcionario del equipo económico, en referencia a su intervención frente al Presidente.
De acuerdo con las expectativas de Economía, el descongelamiento no debería significar un impacto significativo para hogares de bajos ingresos, para lo cual se echará mano a diferentes mecanismos compensatorios para “recomponer la ecuación económico financiera de las empresas”. Lo que Economía admite es la impostergabilidad de los ajustes, al aceptar que el prolongado congelamiento tarifario ya empieza a generar problemas de mantenimiento y hasta de seguridad, en algunos casos.
“Si por falta de mantenimiento se electrocuta una persona, ¿quién se hace cargo?”, se preguntaba ayer un analista del sector. Además, en los últimos meses se multiplicó la cantidad de usuarios “colgados” a la línea en los barrios marginales, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Las concesionarias de servicios masivos no necesitan mirar las estadísticas para saber que el 60 por ciento de la población padece problemas de ingresos: lo comprueban a través de la morosidad y el incremento de las conexiones clandestinas.
En el Gobierno consideran que los mayores obstáculos para lograr un acuerdo con el FMI están superados, aunque todavía falten semanas de negociaciones (ver aparte). Por ello, creen necesario avanzar con las privatizadas para no abrir un nuevo frente de conflicto, además con repercusiones externas, por el origen de sus capitales. Duhalde pudo percibir personalmente la importancia que los grupos empresarios con inversiones en el país le asignan al tema, ya que las consultas acerca del descongelamiento de tarifas surgieron en cada foro empresario del que participó.
En el equipo económico señalan que es irracional que grandes usuarios de servicios, como las petroleras, “gocen del beneficio” de tarifas congeladas mientras siguen ajustando sus precios (combustibles y crudo). Por eso, imaginan una fórmula heterogénea de aumentos que proteja a los usuarios domiciliarios de bajo consumo, bajo las siguientes pautas:
u Electricidad y gas. El aumento global de ingresos que deberían recibir las distribuidoras oscila entre el 5 y 8 por ciento en este primer ajuste. Habrá otros, escalonados cada dos o tres meses y que se pretende sean decrecientes. La propuesta será que los aumentos se distribuyan equitativamente entre los usuarios, de modo que aquellos con bajos consumos sufran aumentos poco significativos (menores al 2 por ciento) y los grandes usuarios carguen con el mayor peso.
u Obras y servicios sanitarios (Aguas Argentinas). En Economía estiman que no será necesario trasladar un ajuste a los usuarios. La compensación para la empresa vendrá por el lado de la reducción de las obligaciones de inversión.
u Teléfonos. Sigue en estudio qué forma adoptará el ajuste, pero se estima que no será necesario aumentar el costo del pulso ni del abono básico.
Entre otros factores que puedan entrar en la ecuación para beneficiar el flujo de ingresos de las empresas, se evalúa la de cancelar deudas del sector público por servicios no abonados. Un ejemplo es la cuenta por el servicio que Edenor y Edesur prestan a más de 100 mil familias en villas de emergencia, que el gobierno debería compensar con un aporte que dejó de hacer a partir de agosto.
Lo que el Palacio de Hacienda ya descartó por completo, más aún después de anunciarse el adelanto de la fecha de elecciones, es que la actual administración pueda encarar una renegociación de los contratos con las privatizadas. “La comisión negociadora se limitará al seguimiento y discusión de las tarifas”, sentenció una alta fuente del ministerio ayer ante este diario, dando por clausurado el tema.