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El Gobierno y los jueces electorales entraron en una fuerte polémica sobre las internas abiertas y otros aspectos del proceso electoral. En principio, el Ejecutivo quiere que la Justicia Electoral organice las elecciones internas, esto es disponga los lugares de votación, envíe las urnas, las retire y que haga el escrutinio. Los jueces sostienen que es casi imposible organizar internas de 30 partidos al mismo tiempo y más todavía si, como dice la ley, las internas abiertas abarcan también las elecciones de diputados y senadores, con lo cual la cantidad de listas se contaría por miles. Además, hay otra polémica: ¿por qué el Estado debe pagar las internas de los partidos? En la Casa Rosada insisten en que todas las internas se hagan simultáneamente, en los mismos locales de votación y en los mismos cuartos oscuros y que después haya un escrutinio oficial hecho por el Estado.
Todos los ingredientes de esta polémica requieren de un tratamiento urgente. Es más, el presidente Eduardo Duhalde deberá vetar algunos aspectos de la Ley de Internas Abiertas y al mismo tiempo en el Congreso tendrán que votar la norma que establece la reglamentación de aquella ley.
Los integrantes de la Cámara Nacional Electoral así como los jueces electorales sostienen que no será fácil instrumentar todo el proceso y que hay inconsistencias en lo que salió del Congreso.
u La ley establece que las internas son obligatorias para todos los partidos. Sin embargo, Duhalde vetaría ese aspecto de la norma porque la idea no es obligar a realizar la interna a los partidos que tienen un solo candidato. Ese sería el caso, por ejemplo, del ARI.
u La ley apunta a que se hagan internas abiertas también para la elección de diputados y senadores. Los jueces ven imposible que se instrumente esa modalidad, sobre todo si la próxima elección es para presidente, vice, diputados y senadores: hay distritos en los que las listas para las internas serían 50 en un solo partido.
u La ley sostiene que se le debe entregar a cada fuerza un padrón con sus afiliados y otro padrón con los ciudadanos –la inmensa mayoría– que no están afiliados a ningún partido. Los jueces dicen que esto es también imposible porque hay al menos diez provincias en las que el padrón de afiliados no está actualizado.
Además de todas estas trabas y dificultades, hay una polémica de fondo:
u La ley no establece quién debe controlar las internas abiertas. Hasta ahora, ese proceso era armado, concretado y financiado por los propios partidos. La junta electoral de cada fuerza recibía la inscripción de los candidatos, fijaba los lugares de votación y contaba los sufragios. La Justicia Electoral sólo intervenía en caso de conflictos.
u Ahora la ley obliga a las internas abiertas y el Gobierno sostiene que “si metemos en las internas a los independientes, hay que garantizarles la transparencia”. En otras palabras, eso significa que el Estado debe organizar y financiar las internas. Las opciones son dos. Que el proceso quede en manos del Ministerio del Interior, como ha ocurrido siempre con las elecciones, pero esta vez traería un problema más que serio: ¿por qué el Gobierno se va a meter, por ejemplo, en la interna del radicalismo? La otra alternativa, es que todo el proceso esté en manos de la Justicia Electoral. Los jueces no están muy convencidos de afrontar semejante nivel de organización, que incluiría la inscripción de candidatos y confirmación de la validez de esas candidaturas teniendo en cuenta las feroces peleas que existen en los partidos, designación de lugares de votación, envío de las urnas, retiro de las urnas y conteo de los votos, todo multiplicado por las decenas de partidos que existen.
El Gobierno, a través del ministro del Interior, Jorge Matzkin, inició un proceso de diálogo con los jueces. La idea es que todas las internas sehagan simultáneamente en los mismos lugares. Por ejemplo, un ciudadano entrará a un cuarto oscuro donde encontrará boletas de todas las internas. Elegirá participar en la quiera y meterá en el sobre la boleta del candidato que escoja de esa interna. Al finalizar el día, las autoridades de mesa –también supuestamente convocadas por la Justicia Electoral y con fiscales de cada lista de cada interna– harán el escrutinio de las internas de todos los partidos y habrá un centro nacional en el que se darán los resultados de todas las internas. Para evitar que una persona vote en dos internas, cuando haya emitido su voto, se le pondrá un sello en el DNI. Por supuesto, el costo –unos 50 millones de pesos– será asumido por el Estado ya que, desde esa óptica, es el Estado el que garantiza la limpieza de todo el proceso. Por ahora, los jueces no dieron el sí, pero la negociación continúa.