ECONOMíA

Una semana caliente en el campo por la discusión de un nuevo paro

CRA decidirá mañana si convoca a un nuevo lock-out contra el Gobierno. FAA lo hará entre jueves y viernes. Algunos sectores buscan que el eventual paro se extienda entre 15 y 30 días.

 Por Fernando Krakowiak

Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria definen esta semana si convocan a un nuevo lock-out agropecuario contra el gobierno de Néstor Kirchner. CRA lo decidirá mañana en su reunión de presidentes de Confederaciones y FAA hará lo propio entre jueves y viernes, cuando se junte su consejo directivo. Los dirigentes de esas entidades consultados por Página/12 aseguraron que los productores les piden que “el paro se extienda entre 15 y 30 días”. Si la medida se confirma, se podría llegar a superar el record alcanzado entre el 24 de octubre y el 10 de noviembre de 1975, cuando el campo paró 18 días contra el gobierno de Isabel Martínez de Perón, acusando a la entonces presidenta por “no haber dado ningún paso encaminado a reconocer el derecho de participación de las entidades gremiales representantes del agro en la elaboración de la política agropecuaria nacional”, tal como reclaman ahora.

En el Gobierno aseguran que la amenaza de lock-out ni siquiera formó parte de la agenda en los últimos días y los funcionarios tienen la orden de no opinar públicamente sobre el tema. La lectura oficial es que la protesta obedece a motivaciones “políticas” de los dirigentes rurales y no a un malestar generalizado de las bases. Es la misma posición que se expresó durante el paro agropecuario de diciembre, cuando todos los funcionarios salieron a difundir las ganancias del sector para intentar dejar en evidencia que la medida no tenía una justificación de tipo económico.

Desde las entidades, en cambio, afirman que muchos productores están contra las cuerdas. “La gente está muy molesta. El aumento de las retenciones a la soja fue la gota que rebasó el vaso. Todos el mundo nos pide una medida de por lo menos quince días”, aseguró a Página/12 Pablo Orsolini, vicepresidente de la Federación Agraria. Luego agregó que “si el presidente nos llama a dialogar mañana estamos ahí, pero no hay una voluntad oficial de hacerlo”. La entidad cuestiona las retenciones, pide que se les otorgue una solución a los pequeños productores endeudados con el Banco Nación y reclama la implementación de un plan estratégico de desarrollo rural para fortalecer a la agricultura familiar.

Al ser consultado por Página/12, Pedro Apaolaza, presidente de Carbap, coincidió con Orsolini en que “el paro debe ser de al menos 15 días” y volvió a exigir que “el Gobierno deje de intervenir en los mercados”. Los nueve titulares que componen la mesa directiva de Carbap se reunirán mañana para terminar de definir la postura que presentarán horas más tarde en el encuentro de presidentes de CRA. La posición de Federación Agraria y Carbap no es la más dura entre las entidades. Hace un par de semanas, este diario entrevistó a Manuel Cabanellas, titular de Carsfe, que manifestó que “el próximo paro agropecuario no puede ser menor de 21 días”. “Tenemos que desabastecer las ciudades, así el Gobierno se da cuenta de que el campo existe”, agregó entonces.

Si se confirma el lock-out, la intención de los dirigentes rurales es llevarlo adelante durante febrero porque en marzo comienza la cosecha gruesa de maíz y, si bien el lock-out consiste sólo en no enviar granos ni carnes a los mercados, les será difícil asegurar que están de paro mientras trabajan de sol a sol levantando una producción que se calcula que podría llegar al record de 22 millones de toneladas.

Mientras las entidades cuestionan la política oficial y definen las medidas de fuerza a tomar, en el Gobierno continúan reglamentando los subsidios a la industria alimentaria, que se financiarán con el aumento fijado a las retenciones de soja. Hoy la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) dictará una resolución creando el registro de frigoríficos avícolas, donde deberán inscribirse los interesados en cobrar el beneficio. Los pollos se alimentan fundamentalmente con maíz, insumo que, según los empresarios, representa el 40 por ciento de su costo de producción. En el Gobierno estiman que el subsidio al consumo interno de maíz oscilará entre 140 y 250 millones de dólares, de acuerdo con la cotización internacional del grano.

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Uno de los principales reclamos del campo es que el Gobierno deje de intervenir en el mercado.
 
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