[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Con el radical Jesús Rodríguez a la cabeza, hoy podría quedar formalmente constituida la comisión bicameral que debe entender en la renegociación de contratos de empresas privatizadas y tarifas públicas, grupo legislativo cuyas potestades son motivo de una puja feroz entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Diputados de la oposición y de parte del oficialismo bregan porque sus dictámenes sean vinculantes en todas las revisiones contractuales en marcha, incluidas las de Correos y Aeropuertos, dos negociaciones muy conflictivas que el presidente Eduardo Duhalde se ocupó especialmente de reservar al Ejecutivo. Pero en su reciente visita al Senado, el ministro Roberto Lavagna incluyó entre sus reclamos “cajonear” esa iniciativa.
Las diferencias en torno de un posible juicio político a la Corte Suprema abortaron ayer una sesión en Diputados que hubiera arrancado con el debate de un proyecto de ley para transformar en órdenes de cumplimiento forzoso aquellos pronunciamientos de la bicameral en formación. En otros términos, el Poder Ejecutivo podría admitir un aumento de tarifas y el Parlamento abortarlo con un pronunciamiento contrario. O viceversa.
Esta disputa de poder no sólo enfrentó a una institución con otra, sino que genera roces entre los bloques. El ARI ayer recriminó públicamente al Justicialismo la supuesta intención de frenar aquella ley. El PJ respondió con un comunicado del cordobés Jorge Bucco culpando, a su vez, al radicalismo de quitar el quórum a las sesiones donde debía tratarse. Sin embargo, en la propia bancada oficialista admiten que un puñado de legisladores fieles al Presidente se ausentan rápido a la hora de votar la propuesta en cuestión, como hicieron en la última sesión de la semana pasada. A pesar de esas diferencias, unos y otros comenzaron a darle forma a la bicameral que creó en enero pasado la ley 25.561 con el fin de involucrar al Congreso en las cuestiones referidas a la emergencia económica, incluidas las modificaciones de contratos.
Entre otros, este cuerpo estaría integrado por Jesús Rodríguez (UCR), Héctor Polino (ARI), Jorge Capitanich, Jorge Bucco, Oscar González y Rafael González (PJ), en tanto que otras designaciones quedarán firmes, presumiblemente, en una reunión prevista para esta mañana. Hasta anoche la presidencia iba a ser confiada al radicalismo, siempre y cuando el ARI no insista en reivindicar para sí el lugar de “partido más numeroso de la oposición”.
Pero el punto neurálgico es cuál será su poder real, más allá de la conformación. No hay dudas de que Economía y el propio Duhalde aspiran a acotarlo a la formalidad de una opinión técnica. Prueba de ello son los recientes decretos que habilitan la renegociación de las concesiones de Aeropuertos y el Correo. En la primera no habría intervención parlamentaria. En la segunda, ésta estaría a cargo de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, un grupo de trabajo antiguo, últimamente desarticulado, y cuyos pronunciamientos fueron sistemáticamente ignorados por el Ejecutivo.
La reacción del Parlamento fue casi automática. Hay por lo menos un proyecto fogoneado por la diputada justicialista Stella Córdoba que plantea lisa y llanamente la derogación de aquellos decretos. “Ambas empresas concesionarias ya han demostrado una falta de interés tanto en el cumplimiento de los contratos como en el pago de los cánones correspondientes, adeudando entre ambas más de 650 millones de pesos”, según destaca la legisladora en una gacetilla difundida horas atrás por la presidencia de su propio bloque.
Quizás una protesta vana. Duhalde ya encomendó pulsear con Franco Macri (Correo) y Eduardo Eurnekian (Aeropuertos) a un puñado de funcionarios, aún no designados, que actuarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y con la consigna de “readecuar la ecuación económica” de esasprivatizaciones. Algo que, según descuentan las propias empresas, significa eximirlas a futuro del pago del canon, entre otras obligaciones.