Desde Lima

Hace un mes, el ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000) vio esfumarse sus esperanzas de conseguir un indulto presidencial, pero esta semana logró colocar a su abogado en la máxima instancia judicial del país, el Tribunal Constitucional (TC). La elección por el Congreso como miembro del TC del abogado de Fujimori, y como titular de la Defensoría del Pueblo de una cuestionada ex funcionaria pública, ha levantado una ola de indignación en el país. Inmediatamente conocida la elección de ambos, pasado el mediodía del miércoles, a través de las redes sociales se convocó a una marcha de protesta al Congreso para esa misma tarde. Bajo el lema “vergüenza nacional”, en referencia al resultado de la elección parlamentaria, cerca de dos mil manifestantes, la mayoría estudiantes universitarios reunidos por el llamado hecho en las redes sociales y sin una organización previa, se concentraron en la céntrica Plaza San Martín y de ahí marcharon al Congreso, pero la represión policial les impidió llegar. Se han convocado nuevas movilizaciones de protesta para los próximos días.

La indignación ciudadana estalló y se apoderó de las redes sociales apenas terminó la votación en el Congreso unicameral, que por una amplia mayoría de más de dos tercios eligió como magistrado del TC a Rolando Sousa, ex congresista fujimorista y abogado, junto con su socio César Nakasaki, del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, y a Pilar Freitas, ex funcionaria del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) cuestionada por denuncias de corrupción, como nueva titular de la Defensoría del Pueblo. Estas fueron las dos elecciones más cuestionadas, pero no las únicas que levantaron críticas. El Congreso eligió a seis de los siete miembros del TC cuyo mandato había vencido y a la nueva defensora del pueblo. Esta elección fue producto de un acuerdo político que parecía impensable y que ha juntado a las bancadas parlamentarias de la agrupación oficialista Gana Perú, del fujimorismo, del partido del ex presidente Toledo y de la derechista Alianza por el Gran Cambio. Los tres primeros se repartieron los cargos en el TC y al toledismo le dieron la Defensoría del Pueblo.

En medio de la indignación generalizada por el resultado de la elección en el Congreso, el presidente Humala, se declaró ayer “decepcionado” por la elección en el Congreso y pidió públicamente que los cuestionados Sousa y Freitas “den un paso al costado”. De esta forma, Humala intenta desmarcarse de los duros cuestionamientos por la elección realizada en el Congreso, que tuvo al oficialismo como protagonista central. El problema para el presidente es que ha hecho este pedido público para la salida de los cuestionados Sousa y Freitas apenas un día después de que su bancada votara en el Congreso a favor de ambos.

Además de ser abogado del ex dictador Fujimori, entre los clientes de Rolando Sousa hay una larga lista de funcionarios públicos acusados de corrupción, violadores a los derechos humanos y procesados por lavado de dinero. Su postulación al TC había sido tachada por organismos de derechos humanos. Como congresista de la bancada fujimorista entre 2006 y 2011, Sousa promovió normas a favor de los funcionarios públicos acusados y condenados por corrupción, sacó adelante una ley para archivar los procesos por violaciones a los derechos humanos que el gobierno de Alan García dictó y que luego, ante el escándalo que eso provocó, debió anular. También propuso, sin éxito, una ley para recortar las facultades del TC que ahora integra. Ha sido acusado de haber utilizado su cargo de congresista para presionar a la policía a favor del clan familiar Sánchez Paredes, clientes suyos investigados por el caso más grande que se conoce en el país por lavado de dinero producto del narcotráfico.

En diálogo con Página/12, Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó como “sumamente negativa” la nueva conformación del TC. “Esta elección en el Congreso puede ser un peligroso punto de quiebre para la democracia porque por primera vez se ha dado una alianza entre el fujimorismo y las fuerzas políticas que lo han combatido”, señala el abogado de IDL.

“La defensa de Fujimori ha anunciado que presentará ante el TC un habeas corpus para que se diga que los delitos de violaciones a los derechos humanos por los que fue condenado Fujimori no constituyen crímenes de lesa humanidad, como declaró el tribunal que lo sentenció. Una sentencia del TC en ese sentido sería un punto de apoyo en la estrategia de la defensa de Fujimori que busca deslegitimar la sentencia que lo condenó. Ahora el abogado de Fujimori está en el TC”, advierte Rivera.

“Estoy convencido –agrega Rivera– de que en el TC, Sousa va a desarrollar una agenda política para buscar cambiar la jurisprudencia que tiene el TC en derechos humanos, que está en la línea de la jurisprudencia internacional de declarar imprescriptibles las violaciones a los derechos humanos. Cambiar eso ha sido parte fundamental de la agenda de Sousa y ahora está en el TC para intentar lograrlo.”